El futuro del campo es el futuro de México. No podemos pensar, no podemos imaginar un México libre, próspero y soberano con la agricultura nacional hecha pedazos. Con nuestra alimentación entregada al extranjero. No podemos pensar en justicia y bienestar mientras las comunidades rurales se sigan debatiendo en la miseria y las familias campesinas sigan desgarrándose por la emigración. No podemos imaginar un medio ambiente sano, rico y diverso mientras las corporaciones y las prácticas productivistas sigan teniendo a nuestra tierra como su botín.

Nuestro grito quiere convertirse en el grito de todas y todos ustedes. Nuestras demandas quieren llegar a ser las exigencias de todas y todos los mexicanos. Nuestras propuestas quieren echar raíces en todas las familias de nuestra tierra. Por eso convocamos a todos los sectores de nuestro pueblo, a los trabajadores del campo y la ciudad; a los pueblos indios; a los jóvenes; a los estudiantes, a las mujeres. A los partidos políticos, a las iglesias, a las organizaciones gubernamentales; a los organismos empresariales. A los gobernantes, a los representantes populares; a los intelectuales y a los artistas. A quienes imparten justicia, a las y los periodistas. A todas y a todos los mexicanos a asumir y levantar con nosotros estas propuestas.

AMUCSS¨ANEC¨CIOAC¨CEPCO¨CODUC¨CNOC¨CNPA¨FDDCH¨FNDCM¨RED MOCAF¨UNOFOC¨UNORCA

¡El campo no aguanta más¡
Seis propuestas para la salvación y revalorización del campo mexicano

A las organizaciones campesinas e indígenas
Al Congreso de la Unión
Al Poder Ejecutivo Federal
A los Gobernadores de los Estados
A las Legislaturas Locales
A los Partidos Políticos Nacionales
A las organizaciones sindicales, sociales, civiles y ambientalistas
A los organismos empresariales nacionalistas
A la sociedad civil
A todo el pueblo de México

Somos organizaciones campesinas, somos frentes nacionales y regionales, somos organizaciones productivas, somos empresas rurales. Estamos en los cuatro puntos cardinales de la geografía nacional. Venimos luchando desde hace años para que la agricultura sea un modo digno de vida para las familias del campo. Venimos luchando para que nuestro país recupere su soberanía alimentaria, para que nuestros compatriotas de la ciudad dispongan de alimentos baratos y de buena calidad; para que la industria tenga materia prima suficiente y genere empleos bien remunerados. Venimos luchando por preservar y mejorar nuestros recursos naturales. Venimos luchando por los derechos y la cultura de los pueblos indios.

Por todo esto, ante la devastación del campo mexicano, producida por las políticas de ajuste estructural y de libre comercio, además de nuestros señalamientos críticos, hemos generado conjuntamente con muchas comunidades campesinas e indígenas, las siguientes

Propuestas para la salvación y revalorización del campo mexicano

P
rimera.- Moratoria al apartado agropecuario del TLCAN

- Nuestra Constitución, la soberanía nacional y el interés público están por encima del TLCAN, de los intereses extranjeros y de las grandes corporaciones. La salvación y revalorización del campo mexicano exige como condición ineludible, si bien no suficiente, el freno a la competencia desleal de las importaciones agropecuarias derivada de la entrada en vigor del décimo año del TLCAN y de la nueva ley agrícola norteamericana. Ningún aumento presupuestal ni cambio en las políticas hacia el campo tendrán efecto ni sentido si no se hace frente urgentemente a las nocivas, inequitativas, desleales e ilegítimas prácticas comerciales norteamericanas que violan nuestra Constitución, las reglas internacionales de comercio y el propio espíritu del TLCAN.
-De conformidad con los artículos 131, 39 y 73 fracciones XXIX A y E de nuestra Carta Magna, demandamos que el Senado de la República declare al campo mexicano en estado de emergencia económica, social y ambiental. Consecuentemente, demandamos que decrete la suspensión provisional por tres años a partir del 1º de enero de 2003 de las obligaciones contraídas por nuestro país en el apartado agropecuario del TLCAN relativas a las cadenas agroalimentarias definidas como básicas y estratégicas para nuestra seguridad y soberanía alimentaria en el capítulo XVII de la nueva ley de desarrollo rural sustentable.
- Lo anterior implica que el Senado decrete en la Ley de Ingresos 2003 y la Tasa Aplicable para el 2003 del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias de los países con los cuales se tiene Tratado Comercial el establecimiento a partir del 1º de enero de 2003 de aranceles y aranceles-cuotas, anuales y/o estacionales, con impuestos ad-valorem del 0 al 30% diferenciales para cada una de las cadenas agroalimentarias consideradas como básicas y estratégicas en la nueva ley de desarrollo rural sustentable.
- Asimismo, demandamos que el Congreso de la Unión expida un decreto mediante el cual instruya al Ejecutivo Federal para que inicie un proceso de renegociación del apartado agropecuario del TLCAN con los gobiernos de los Estados Unidos y Canadá a partir de los mandatos de la Constitución y de la nueva ley de desarrollo rural sustentable.

S
egunda.- Programas emergente 2003 y de largo plazo 2020

- Para que la suspensión provisional y la renegociación del apartado agropecuario del TLCAN tengan sentido, se requiere la reorientación de las políticas internas a través de la formulación, por un lado, de un programa emergente 2003 y, por otro lado, de un programa 2020 de largo plazo y de cambio estructurales para salvar y revalorizar el campo mexicano en n mercado abierto, justo y realmente competitivo, con base en los mandatos constitucionales y de la nueva ley de desarrollo rural sustentable.
- Proponemos un programa emergente 2003 para la salvación y revalorización del campo mexicano que tenga como objetivos centrales los siguientes: a) fomento a la producción agroalimentaria para el mercado interno; b) reducción de la dependencia alimentaria; c) eliminación del déficit comercial agroalimentario; d) reconstrucción de las cadenas agroalimentarias sobre la base de la producción primaria nacional; e) reducción de asimetrías entre tipo de productores y regiones rurales; f) inocuidad y calidad de los alimentos para el consumo nacional; y, g) fortalecimiento de las organizaciones e instituciones de productores y pobladores rurales. Nos oponemos a que se siga considerando a la mayoría de los campesinos y regiones rurales del país como no viables y sin potencial de desarrollo. Dicha concepción impulsada desde el salinismo y el Banco Mundial debe ser puesta en el basurero de las políticas neoliberales. Nos oponemos a que el anunciado blindaje agroalimentario únicamente sea para seguir protegiendo y estimulando al sector minoritario de los agricultores empresariales y de las grandes corporaciones procesadoras, comercializadoras y distribuidoras y en cambio, sea parte de una estrategia integral y de largo plazo, con prioridad hacia los productores pobladores de bajos ingresos y en las regiones rurales marginadas.
- Proponemos asimismo, la creación de una Comisión de Estado para la formulación de una propuesta de programa estructural y de largo plazo 2004-2020, aprobada por el Congreso de la Unión en el presente periodo de sesiones, con presupuesto propio, coordinada por las Comisiones de Agricultura y Desarrollo Rural de las Cámaras de Diputados y Senadores en el presente periodo de sesiones, con presupuesto propio, coordinada por las Comisiones de Agricultura y Desarrollo Rural de las Cámara de Diputados y Senadores y la Sagarpa e integrada por representantes de los principales sectores productivos y sociales del agro así como universidades y centros de investigación, para presentar a la consideración del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable y el Congreso de la Unión para su revisión y aprobación en septiembre de 2003 una propuesta de programa estructural y de largo plazo 2004-2020, con un presupuesto multianual, para la salvación y revalorización del campo mexicano.

T
ercera.- Por una verdadera reforma financiera rural

- Demandamos una amplia y profunda reforma financiera rural y no sólo la sustitución administrativa de Banrural por otro organismo centralizado. Construir un nuevo sistema financiero al servicio del desarrollo rural implica las siguientes propuestas:

a) A la par que la creación de la Financiera Rural, debe constituirse un fondo de mil 500 millones de pesos destinados a promover ampliamente la creación y consolidación de banca social rural apoyando iniciativas locales.
b) La fusión de FIRA y la nueva Financiera Rural, evitando duplicidad de funciones y privilegio de los sectores más desarrollados.
c) Otorgar a la Financiera Rural de mayor autonomía respecto a la SHCP y no repetir la misma estructura del consejo de administración que fue responsable del fracaso de Banrural. Demandamos una composición del nuevo consejo de administración con representación de organizaciones rurales más amplia, plural y con plenos derechos.
d) Un ordenamiento de todos los programas públicos con componente de financiamiento rural para reorientarlos y armonizarlos para el apoyo a las iniciativas locales.
e) Un programa de transición de tres años para que la Financiera Rural deje de atender directamente a productores y apoye la creación de organizamos de banca social que retomen esa función.
f) Una Financiera Rural dedicada principalmente al crédito de capitalización de mediano y largo plazos.
g) Políticas que favorezcan la iniciativa social y creen condiciones favorables para este desarrollo, incluida la revisión del marco legal que tome en cuenta la especificidad rural.

C
uarta.- Asignación de 1.5% con respecto al PIB para el desarrollo productivo y 1.5% con respecto al PIB para el desarrollo social y ambiental del sector rural en 2003

- Mientras en la Ley Agrícola Norteamericana se incrementan en 80% los subsidios agrícolas para los próximos 10 años, el Ejecutivo Federal propone una reducción del Presupuesto Agropecuario en 2003 del 9% en términos reales respecto al presupuesto aprobado en 2002.
- Demandamos que se asigne en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2003 un presupuesto para el desarrollo productivo del sector agropecuario (Sagarpa) equivalente a 1% del PIB (contra el 0.62% en 2002 y 0.51% de la iniciativa presidencial en el 2003), aproximadamente 60 mil millones de pesos (contra 34 mil millones en 2002). O en su defecto, el 5.6% del gasto programable total (contra el 3.41% en 2002) aproximadamente 60 mil millones de pesos. Así como el 0.5% del PIB para el resto de los programas productivos de las demás secretarías.
- Para el desarrollo social y ambiental del sector rural demandamos la asignación del 1.5% con respecto al PIB en 2003; es decir, un monto aproximado de 90 mil millones de pesos. Dentro de este monto, proponemos se asignen 4mil millones a Semarnat-Conafor etiquetados para Prodefor, Prodeplan y Procymaf así como para la creación de a) Programa de Pagos a la conservación; b) Programa de Rescate a la cultura Forestal Mexicana; y, c) Programa de Fortalecimiento a la Organización de Productores Forestales.
- Considerando que a la fecha no se ha resuelto el rezago de miles de expedientes agrarios y que por lo menos 500 de ellos, por su gravedad, representan un alto riesgo de estabilidad social en varias regiones del país y que el gobierno no ha implemntado medidas para resolver con justicia viejas demandas de tierras, exigimos solución inmediata de todos los expedientes agrarios y la asignación de una partida especial de mil millones para la compra de tierras.
- Igual o más importante aún que los montos presupuestales para el sector rural lo representan los aspectos cualitativos del presupuesto rural. En este sentido proponemos lo siguiente:
a) El presupuesto rural únicamente podrá ser ajustado por el Congreso de la Unión;
b) El presupuesto rural debe estar concretamente orientado al impulso y fortalecimiento de la producción agroalimentaria para el mercado interno, a la reducción de la dependencia alimentaria, a equilibrar la balanza comercial, a disminuir las asimetrías entre tipo de productores y regiones, a proteger y promover el empleo rural, a impulsar una agricultura sustentable y la conservación de los recursos naturales y a combatir la pobreza rural;
c) Distribución equitativa de los recursos entre las entidades federativas en función de número de productores, población rural, superficie agropecuaria y forestal, valor de la producción y grado de marginación;
d) Adecuada e inamovible calendarización del gasto en función de los ciclos productivos y comerciales así como un fuerte acotamiento a la discrecionalidad tanto a novel centralizado como en los estados;
e) Apertura de ventanillas para el ejercicio fiscal 2003 a más tardar el 1º de febrero y publicación de reglas de operación y guías normativas a más tardar el 15 de enero;
f) De conformidad al artículo 188 de la Nueva Ley de Desarrollo Rural Sustentable, las reglas de operación de los programas de desarrollo rural deberán ser aprobados por la Comisión Intersecretarial;
g) Simplificación de reglas de operación, requisitos y trámites para solicitar apoyos; aprobación de 30 días naturales para la aprobación o rechazo de solicitudes; autorización automática en caso de no respuesta; asignación prioritaria de apoyos vía organizaciones económicas y sociales de productores y mediante la presentación de proyectos productivos integrales; y,
h) establecimiento de topes máximos por productor a efecto de evitar la concentración de subsidios y desestimular el rentismo y la venta de parcelas.

Q
uinta.- Inocuidad y calidad agroalimentaria para los consumidores mexicanos

- Hasta ahora, el gobierno federal se ha preocupado por atender las presiones y las exigencias del mercado, la sociedad y el gobierno de Estados Unidos en materia de inocuidad y calidad agroalimentaria. En cambio, para los consumidores mexicanos únicamente ha existido la importación y distribución de alimentos dañinos, transgénicos, contaminados, chatarra y de desecho.
- Demandamos el establecimiento de una política de seguridad alimentaria para todos los mexicanos con base en la producción nacional, el principio de precaución, el derecho a la información y en la certificación de la inocuidad y calidad de los alimentos para el mercado interno.
- Demandamos la continuación de la moratoria para la producción en México de maíz y otros cultivos modificados genéticamente así como un alto total a las importaciones de alimentos OGMs.
- Asimismo, demandamos que el Congreso expida una ley de etiquetado para alimentos, indicando su origen geográfico, su contenido, la forma de su producción y procesamiento, y si contiene o no OGM y en que proporción.
- Demandamos el establecimiento de instituciones públicas con capacidad y alcance efectivo para verificar y certificar la calidad e inocuidad de los alimentos para el consumo nacional así como para frenar el contrabando técnico y abierto.

S
exta.- Reconocimiento a los derechos y cultura de los pueblos indios
- Demandamos al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión el cabal cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés como paso indispensable hacia el reconocimiento de los derechos y cultura de los pueblos indios y para el reinicio de las platicas de paz en Chiapas.
- Expresamos nuestra solidaridad con las luchas de los pueblos indios por sus derechos y por la construcción de un México pluricultural y pluriétnico.
- Demandamos el pleno respeto a los derechos humanos, alto a la represión y la libertad de los presos políticos campesino e indígenas.

El futuro del campo es el futuro de México. No podemos pensar, no podemos imaginar un México libre, próspero y soberano con la agricultura nacional hecha pedazos. Con nuestra alimentación entregada al extranjero. No podemos pensar en justicia y bienestar mientras las comunidades rurales se sigan debatiendo en la miseria y las familias campesinas sigan desgarrándose por la emigración. No podemos imaginar un medio ambiente sano, rico y diverso mientras las corporaciones y las prácticas productivistas sigan teniendo a nuestra tierra como su botín.

Nuestro grito quiere convertirse en el grito de todas y todos ustedes. Nuestras demandas quieren llegar a ser las exigencias de todas y todos los mexicanos. Nuestras propuestas quieren echar raíces en todas las familias de nuestra tierra. Por eso convocamos a todos los sectores de nuestro pueblo, a los trabajadores del campo y la ciudad; a los pueblos indios; a los jóvenes; a los estudiantes, a las mujeres. A los partidos políticos, a las iglesias, a las organizaciones gubernamentales; a los organismos empresariales. A los gobernantes, a los representantes populares; a los intelectuales y a los artistas. A quienes imparten justicia, a las y los periodistas. A todas y a todos los mexicanos a asumir y levantar con nosotros estas propuestas.

Llamamos a todo nuestro México a hacer suyas y a defender con su palabra y con su acción estas seis propuestas para la salvación y revalorización del campo mexicano

Llamamos a la participación en la Consulta sobre Prioridades Nacionales
el 19 y 20 de noviembre próximo

Llamamos a participar en la Semana Nacional de Movilizaciones para la Salvación y Revalorización del Campo mexicano, del 2 al 6 de diciembre próximo

Atentamente

Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS)
Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC)
Coordinadora Estatal de Productores Cafetaleros de Oaxaca (CEPCO)
Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, A.C (CIOAC)
Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas, A.C (CODUC)
Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC)
Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA)
Frente Democrático Campesino de Chihuahua (FDCChih)
Frente Nacional en Defensa del Campo Mexicano (FNDCM)
Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (RED MOCAF)
Unión Nacional de Organizaciones en Forestería Comunitaria (UNOFOC)
Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA)