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Atenco: Desafío creciente a la orilla del aguadavid, Viernes, Agosto 2, 2002 - 11:42
Juan Anzaldo Meneses
Analisis y articulo sobre el problema que viven las personas de la comunidad de San Salvador Atenco, México, D.F. El gobierno mexicano quiere construir un nuevo aeropuerto para la ciudad de México, en esa zona. La comunidad, indigenas, campesinos, la sociedad civil resiste! La situación que se vive en el municipio de San Salvador Atenco implica acciones decisivas. Estamos a la orilla del agua con tensiones y presiones políticas y económicas que pueden hacernos caer en un remolino de violencia, no sólo local sino que puede generalizarse fácilmente. Como contexto hay que decir que una de las estrategias fundamentales del actual gobierno para preparar el camino de una mayor integración comercial global, el presidente Fox ha emprendido una serie de proyectos de infraestructura que incluyen carreteras, parques industriales y aeropuertos. Según el gobierno, el desarrollo vendrá con la integración y ésta se dará mediante la puesta en marcha del Plan Puebla Panamá y sus derivaciones. A su vez, la construcción de infraestructura servirá también para reactivar la economía, que durante meses vive fases recesivas. La construcción de un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México ha evidenciado las profundas contradicciones entre el modelo de desarrollo impuesto desde hace lustros por la clase política gobernante y la realidad de los pueblos y organizaciones sociales que también a lo largo de este tiempo han ido construyendo alternativas desde sus muy diversos puntos de vista. Una vez que el gobierno federal decidió que el aeropuerto se construiría en el ex-lago de Texcoco y promulgó el decreto expropiatorio de miles de hectáreas de terrenos de cultivo en octubre de 2001, ha ido creciendo la idea del inminente e inevitable choque entre los pobladores del municipio de San Salvador Atenco y los gobiernos federal y estatal. De uno y otro bando, los mensajes son cerrados, contrapuestos y beligerantes. El gobierno afirma que no hay marcha atrás en sus planes, y pagará a siete pesos el metro cuadrado de tierra expropiada (o un poco más, en el mejor de los casos). Los ejidatarios afirman que primero muertos los sacarán de sus territorios. Actualmente hay un recurso ante los tribunales para demandar la nulidad del decreto expropiatorio, y su audiencia se ha aplazado sucesivamente, pero los ejidatarios no tienen confianza en las instituciones, y de parte del gobierno no hay señales claras de operación y conducción política de los conflictos. El mediodía del 11 de julio de 2002 se desató uno de los episodios más violentos del movimiento de resistencia que los ejidatarios mantienen para defender sus tierras. Al pretender asistir a un acto del gobernador priista Arturo Montiel, para exigirle una audiencia en rechazo a la construcción del aeropuerto que él mismo promovió, un grupo de ejidatarios fueron detenidos por fuerzas especiales de la policía estatal, y luego de una provocación de policías vestidos de civil, se dio un enfrentamiento con múltiples heridos, la detención de 15 dirigentes del movimiento campesino y la captura de 7 funcionarios públicos retenidos por los ejidatarios, así como la interrupción del tránsito de importantes carreteras del oriente de la Ciudad de México. En los medios de comunicación y en las diferentes declaraciones de gubernamentales y de los empresarios interesados, se ha manejado el prejuicio de que los ejidatarios son violentos por naturaleza, intransigentes, están en contra del desarrollo y en contra del país en general. Los llaman guerrilleros, subversivos y reiteradamente utilizan las imágenes de los campesinos en marcha por distintos puntos del país, blandiendo sus machetes en forma amenazadora. Exigen el establecimiento del estado de derecho por la vía del encarcelamiento de todos los rijosos y el comienzo ya de los trabajos del gran negocio que significará el aeropuerto. Los ejidatarios han estado múltiples veces en el Distrito Federal, pero también en Nuevo León, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, entro otros estados, mostrando efectivamente su determinación de lucha y sus machetes como emblema central. Han asistido a múltiples encuentros, asambleas y reuniones con otras organizaciones sociales, sindicales y políticas, y han emplazado prácticamente a todas las instituciones públicas a resolver este conflicto. En más de cuatro ocasiones han exigido al presidente Fox a un debate público, en la propia casa presidencial, pero nunca ha respondido. En contra parte, el Secretario de Economía, en sus comparecencias ante el Congreso de la Unión ha demostrado la falta de oficio político, al argumentar que técnicamente no han omitido ningún procedimiento, pero llegó a afirmar que los patos de la reserva ecológica del lugar ya tomaron la decisión de convivir con los aviones. Reiteradamente desde el gobierno se dice abierto al diálogo pero no se conoce de las reuniones de concertación y mucho menos de sus contenidos. La más reciente vez que el gobierno se contradice flagrantemente, fue el 12 de julio, un día después del zafarrancho entre policías y ejidatarios, cuando el presidente Fox llama al diálogo pero afirma categóricamente que el aeropuerto se construirá en Texcoco. Destaco cuatro características del conflicto actual: 1. El gobierno federal no tiene capacidad de negociación. Así como en el caso de la Reforma en materia de derechos indígenas, parece ser que el gobierno abandona al libre juego de las fuerzas políticas y económicas un hecho relevante para la vida del país. No se intenta siquiera construir un mecanismo de interlocución y mucho menos se presentan propuestas de solución. Ante la inminente llegada del Papa Juan Pablo II a fines de julio, hay voces que alertan sobre la tentación de un desenlace rápido y por la vía de la fuerza del conflicto. 2. El gobierno estatal no tiene interés en la negociación. Siendo promotor principal del proyecto del nuevo aeropuerto, el gobernador seguramente ve la oportunidad de manejar las distintas fuerzas para su beneficio: por un lado deja que el problema social se pudra en manos del gobierno federal, y por otro lado apuntala sus negocios con los empresarios beneficiados por la expropiación y la consecuente comercialización de los espacios. 3. Los ejidatarios de Atenco se encuentran acorralados. Producto de su propio discurso y de sus acciones, tampoco han construido una base de negociación con los gobiernos estatal y federal. Se dice que no todos los ejidatarios ni todas las comunidades tienen el mismo compromiso de lucha, y esa puede ser una vertiente importante de debilitamiento. Asimismo su estrategia de alianzas con otras fuerzas sociales rinde frutos, pero en el momento de los hechos es difícil la actuación prolongada de organizaciones en situaciones distantes. 4. La sociedad civil aún tiene que demostrar su eficacia. Ante un escenario que rápidamente se ha descompuesto, la llamada sociedad civil, y sus organizaciones de trabajadores, estudiantes, activistas, académicos y especialistas deben proponer alternativas tanto al conflicto como a los caminos de su solución. Las recientes inciativas de cinturones civiles para evitar el enfrentamiento directo entre la militarizada Policía Federal Preventiva y los ejidatarios es un avertiente útil, pero difícilmente sostenible por mucho tiempo. Asimismo la creación de una intermediación que facilite la negociación (encabezada por Rosario Ibarra, Samuel Ruiz y el Gral. Gallardo) es también una aportación valiosa desde la experiencia social en la negociación en Chiapas. Sin embargo también sufrirá de los embates del desgaste y la presión de los medios interesados en desacreditar y desvalorar esfuerzos que deberán comenzar por la aceptación de las partes (sobre todo del gobierno federal) del conflicto que ha salido de cauce y de un modelo de solución que puede resultar largo para las pretensiones políticas y económicas de los intereses involucrados. Desde distintos espacios se han mencionado como alternativas para la construcción del aeropuerto, el Bordo de Xochiaca e incluso la ampliación del actual aeropuerto internacional. Es decir, que siempre habrá materia de negociación y caminos de solución si existe voluntad política y capacidad de interlocución.
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