En Ecuador, las consecuencias de las politicas neoliberales se estan convirtiendo mas asesinas que nunca. Desde que los indigenas decidieron que ya bastaba vivir de migas, desde que marcharon a la capital para que se escuchen sus voces ahorcadas, a pesar del carácter pacífico del movimiento, el gobierno decidió decretar el estado de emergencia nacional que dispone la suspensión del derecho de asamblea y reunión, el derecho de inviolabilidad del domicilio, el secreto e inviolabilidad de la correspondencia y la posibilidad de transitar libremente.

Las protestas indígenas son el resultado de toda una historia de discriminación y de pobreza masiva. Menos del 3% de los miembros del Congreso Nacional son indígenas, y no hay ni un solo indígena en el Gabinete Ministerial. Muchos de los espacios oficiales y medios de comunicación no tienen ninguna puerta al diálogo o a una participación activa de este sector de la población. En esta «democracia», para expresar sus opiniones y ser escuchados, no queda otra que movilizarse masivamente hacia la capital.

En respuesta a las nuevas medidas economicas tomadas por el gobierno para cumplir con la Carta de Intensión suscrita con el FMI, diversas organizaciones indígenas, estudiantiles y de trabajadores de Ecuador iniciaron protestas y movilizaciones pacíficas desde los primeros días del año 2001. Estas protestas comenzaron luego de un año de intentos fallidos de dialogar con el gobierno. El 26 de Enero las organizaciones indígenas (CONAIE, ECUARUNARI, FEINE, FENOCIN Y AFILIADOS DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO) convocaron a una movilización indígena nacional e iniciaron marchas pacíficas de comunidades de base desde diferentes lugares del país hacia Quito, así como otros actos de protesta en diferentes ciudades del país

Entre 8.000 y 10.000 indígenas llegaron a la ciudad de Quito el Domingo 28 de Enero. A su llegada, un cerco policial (bajo órdenes directas del presidente de la República, Dr. Gustavo Noboa, el Ministro de Gobierno, Dr. Juan Manrique y el Ministro de Defensa, Vicealmirante Mario Unda) impidió que estas personas se pudieran reunir y acampar en el Parque El Arbolito, en los alrededores de la Casa de la Cultura, siendo este un parque de uso público.

El Domingo, la Universidad Politécnica Salesiana (UPS) los ha acogido y albergado, y el Lunes, presuntamente por orden del Ministro de Gobierno, fueron cortados el servicio de agua potable y de teléfono en toda la UPS. Durante todos estos días la Universidad ha permanecido en estado de sitio; los servicios básicos mencionados no han sido restaurados y se ha impedido el acceso de autos, camiones y personas con donaciones de agua, medicinas, pañales desechables, alimentos y vituallas. El uso de gas lacrimógeno ha sido constante e indiscriminado, provocando asfixias especialmente entre los niños, ancianos, y dejando varios heridos.

El día 30 de Enero, en la mañana, fueron detenidos tres dirigentes, entre los que se destaca la detención de el Sr. Antonio Vargas, principal dirigente indígena nacional, de manera violenta, arbitraria y sin causa legítima, violando una vez mas los derechos de quien no se quiere hacer ciegamente domar.

Además de la represión directa, se ha ejercido una masiva discriminación en contra de los indígenas quienes han sido obligados por los militares a abandonar los vehículos de transporte en que se movilizaban, han sido impedidos de caminar por las calles de Quito, sean o no parte de la movilización indígena, por el único y exclusivo hecho de tener una vestimenta caracteristica. Coincidiendo con la llegada de los indígenas a la capital de la República, han aparecido leyendas en las paredes de la ciudad con frases como las siguientes: “Haz patria, mata un indio