Al comenzar el gobierno de Pablo Salazar en el estado de Chiapas, la revisión de los expedientes de cerca de cien indígenas zapatistas, presos en diversas cárceles de la entidad, se pondrá al descubierto la complicidad que se dio en los últimos seis años entre los poderes Ejecutivo y Judicial de Chiapas, para legitimar el encarcelamiento ilegal y la violación de derechos humanos de simpatizantes y bases de apoyo del EZLN.

Revelan irregularidades en los procesos a indígenas zapatistas
(Fuente:La Jornada, Juan Balboa, corresponsal, y Andrea Becerril, enviada, Tuxtla Gutiérrez, Chis., 9 de diciembre DE 2000)
Cuando el gobierno de Pablo Salazar inicie, a partir de este lunes, la revisión de los expedientes de cerca de cien indígenas zapatistas, presos en diversas cárceles de la entidad, se pondrá al descubierto la complicidad que se dio en los últimos seis años entre los poderes Ejecutivo y Judicial de Chiapas, para legitimar el encarcelamiento ilegal y la violación de derechos humanos de simpatizantes y bases de apoyo del EZLN.

En la documentación, que ya analiza el procurador de Justicia del estado, Mariano Herrán Salvatti, resulta evidente que casi un centenar de indígenas, una buena parte de las etnias chol y tzeltal, fueron privados de la libertad a través de procedimientos amañados, torturados para obligarlos a inculparse por delitos que no cometieron y por los que ya fueron condenados, algunos incluso hasta con 25 años de prisión.

"Es obvio, en todos los casos, que los jueces consideran a los indígenas zapatistas opositores políticos" y que, con base en ello, sus procesos se dieron sin el análisis objetivo de las averiguaciones previas, legitimando con ellos detenciones arbitrarias, confesiones bajo tortura y obsequiando órdenes de aprehensión con rapidez inusitada", advierte el abogado defensor de los presos, Miguel Angel de los Santos.

Advirtió también que es por ello que la liberación de todos los presos políticos indígenas ha sido siempre una de las condiciones que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ha puesto para retornar al diálogo con el gobierno federal.

De los Santos destacó que la situación que han debido enfrentar los cerca de cien indígenas que aún permanecen presos muestra por qué es también fundamental que se cumplan los acuerdos de San Andrés, toda vez que en los mismos, entre otros puntos, se reconoce a los pueblos indios sus formas de administrar justicia.

"Con ello se evitaría que los indígenas sean juzgados bajo mecanismos que les son culturalmente ajenos. El reconocimiento a esos derechos de las etnias en México, resulta, sin duda alguna, una aportación fundamental para establecer las bases de una paz duradera, fruto de la justicia".

El defensor precisó luego que la mayoría de los casos son de indígenas a quienes se acusó de participar en los hechos violentos que se dieron en la zona norte. Otra parte menor son los detenidos a raíz del desmantelamiento de municipios autónomos.

En el primer caso, al incrementarse la escalada de violencia en la región del conflicto armado conocida como zona norte, se inició también la presentación de acusaciones penales contra las bases de apoyo del EZLN y de personas identificadas con organizaciones políticas de oposición.

Al menos la mitad de los presos agrupados en La Voz de Cerro Hueco provienen de esa zona norte y se trata de indígenas de etnia chol, recluidos precisamente en el penal de Tuxtla Gutiérrez -del que toman el nombre para su organización- y en la cárcel distrital de Yajalón.

Detalló después que el esquema bajo el que fueron acusados es siempre el mismo: un militante del PRI presenta denuncia ante el Ministerio Público de un supuesto delito y de inmediato éste solicita orden de aprehensión, que el juez otorga con la misma celeridad, sin analizar la averiguación previa, y el indígena es detenido a través incluso de grandes operativos policiacos.

Es decir, el MP no realiza ninguna investigación para demostrar la probable responsabilidad del inculpado. Le bastan los señalamientos imputativos de delitos como privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, homicidio, asalto y lesiones graves, entre otros.

Por ello, las versiones de los hechos que se imputan a los zapatistas son "inverosímiles hasta el absurdo", pero los agentes del MP las aceptaron.

Un ejemplo de ello es el caso de Cristóbal Gutiérrez Gómez, base de apoyo del EZLN a quien se acusa del homicidio de César Santiz Pérez, muerto en una emboscada en la comunidad de Chimix, en el municipio de Chenalhó, el 10 de octubre de 1997. Lesionados y testigos describieron que sus atacantes salieron del monte, vestidos de negro, con pasamontañas y armas largas de fuego.

El zapatista Cristóbal Gutiérrez, sin embargo, fue detenido y procesado porque uno de los testigos dice haberlo reconocido entre el grupo de agresores "por la forma de su cuerpo".

A los indígenas zapatistas se les condenó con base en la aplicación recurrente del principio de inmediatez procesal, según el cual, aunque quienes se dicen ofendidos aclaren que no emitieron denuncia alguna y que no reconozcan las firmas que obran en sus supuestas declaraciones, se les concede valor de prueba plena, porque las primeras declaraciones son preferentes a las posteriores.

De los Santos destacó que con base en ese principio de inmediatez procesal, se tomaron como válidas las declaraciones bajo tortura o sin traductor.

Así le ocurrió a Adolfo López Vázquez, un indio chol procesado por delito de homicidio y próximo a recibir sentencia, aunque desde su primera declaración no contó con traductor. El juez que lleva la causa -detalla el defensor- consideró que no requería de éste. "Mi criada también es chol y habla muy bien el español", dijo, aunque un peritaje en materia lingüística del Instituto Nacional Indigenista demostró que no pudo haber narrado las tres páginas tamaño oficio en que consta su declaración autoinculpatoria.

Igualmente, y pese a que no existen pruebas de su presunta responsabilidad, Diego Pérez de la Cruz, de la comunidad Francisco Villa, del municipio de Sabanilla, está preso desde 1997 y condenado a 15 años de prisión, por la muerte de un policía, cargo que se le obligó a aceptar luego de brutales torturas.

Es la misma historia de casi una centena de indígenas zapatistas, que han pasado por largos procesos penales y "pese a que su defensa ha echado abajo todas y cada una de las acusaciones en su contra", siguen en la cárcel: 37 permanecen en Cerro Hueco, 20 en el penal de Yajalón, uno en el de Comitán, otro en el de Carranza, 23 en el de San Cristóbal, dos en Villa de las Flores, once en Tapachula, dos en Ocosingo y dos más recluidos en Tacotalpa, Tabasco.

Sus expedientes están en manos del procurador de la entidad, quien tiene la instrucción del gobernador Pablo Salazar de establecer este lunes una comisión que revise todos los casos de los presos zapatistas, con miras a su liberación inmediata.