Por Santiago O’Donnell

El mundo se puso un poco más peligroso para los criminales de guerra del primer mundo. Las torturas y los secuestros del gobierno de George W. Bush y los bombardeos de civiles palestinos por parte del ejército israelí seguramente no recibirán el castigo que se merecen, pero al menos sus principales responsables tendrán que pensarlo dos veces antes de salir de sus países.

Según Newsweek, el mes pasado una Corte Federal de Nueva York aceptó un caso contra un ministro de Justicia de Bush, John Ashcroft, presentado por un ciudadano canadiense que fue llevado por la CIA a Siria, donde fue torturado. También el mes pasado la Corte Suprema estadounidense aceptó una causa por abusos de prisioneros de Guantánamo contra el ex secretario de Defensa Donald Rumsfeld. Esa denuncia se apoya en un duro documento firmado por una comisión bipartidista del Senado, que señala a Rumsfeld como “la causa directa” de las vejaciones en la cárcel que el jueves ordenó cerrar Obama.

El gobierno de Bush insiste en negar haber torturado prisioneros y responsabiliza por los eventuales “excesos” cometidos a los perejiles pescados infraganti. Pero es el mismo gobierno que ordenó a sus interrogadores reinterpretar los límites que la Convención de Ginebra impone al trato de prisioneros, orden que Obama revirtió en su segundo día como presidente. Al anular esa orden, Obama proclamó “Estados Unidos ya no torturará”, con lo que admitió implícitamente que lo hacía.

El caso israelí también va sumando adeptos. La semana pasada la oficina de derechos humanos de Naciones Unidas abrió una investigación sobre la posible comisión de crímenes de guerra en el ataque contra un centro de refugiados y depósito de alimentos durante la invasión de la Franja de Gaza. Por su parte, el Premio Nobel de la Paz Desmond Tutu llamó a crear un tribunal internacional para juzgar crímenes de guerra en Medio Oriente, similar a los que juzgan violaciones a los derechos humanos en Ruanda o la ex Yugoslavia. Médicos de la franja denuncian haber tratado quemaduras de fósforo blanco, un material bélico de uso prohibido. Esta semana la canciller israelí estuvo a punto de cancelar un viaje a Bruselas porque un diario israelí informó, erróneamente, que sería arrestada ni bien pisara suelo belga, donde todavía rige una orden de captura contra el ex premier Ariel Sharon por presuntos crímenes de guerra contra la población palestina.

El gobierno israelí responsabiliza a Hamas por las muertes de los civiles y asegura que militares de ese movimiento se escondían en refugios y ambulancias y disparaban desde allí, denuncias que han acompañado con videos que mostrarían algunos casos en que ello sucedió. También aseguran que Hamas exageró por mucho la cantidad de muertos civiles durante la invasión. Pero el accionar de las fuerzas israelíes fue denunciado por todas las organizaciones humanitarias que trabajan en la franja y las fotos de los niños muertos en bombardeos dieron la vuelta al mundo. Y es difícil negar que ante la censurable actitud de Hamas de lanzar cohetes que alteran la vida de ciudadanos israelíes en la frontera con la franja, y ocasionalmente lastiman, y muy de vez en cuando matan a esos ciudadanos, el gobierno israelí respondió con una masacre de civiles y la destrucción total de la infraestructura urbana del territorio palestino, que ya venía sufriendo una crisis humanitaria causada por un férreo bloqueo impuesto por Israel.

Hasta ahora los grandes criminales de guerra del primer mundo tuvieron vía libre, porque en sus países las acusaciones, cuando las hubo, siempre recayeron en agentes de bajo nivel. Por ejemplo, algunos soldados y contratistas privados fueron condenados en cortes estadounidenses por crímenes contra civiles en Irak. Pero nunca fue juzgado ni siquiera un agente raso de la CIA, o algún militar con responsabilidad de mando por encima de una patrulla o pelotón.

Según el principio de justicia universal, un criminal de guerra puede ser juzgado en otro país si su país de origen no muestra voluntad de someterlo a un juicio imparcial. Bajo ese principio, un juez español, Baltasar Garzón, pidió y obtuvo la captura de Pinochet en Gran Bretaña. En el pasado hubo intentos de someter a funcionarios norteamericanos a la justicia de terceros países. El más conocido es el caso de Kissinger, por su apoyo al Plan Cóndor, de las dictaduras del cono sur. Pero tanto en ése como en otros similares, el gobierno estadounidense presionó a los países que habían abierto causas para que abandonen sus intenciones.

Lo mismo pasaba en las cortes estadounidenses, donde en varios casos el gobierno solicitó y obtuvo la anulación de causas al invocar cuestiones de seguridad nacional. Por ejemplo, en el caso de la complicidad de empresarios estadounidenses con los paramilitares responsables de matanzas en Colombia. Pero el avance de la justicia universal de a poco va cambiando el escenario.

“Por un lado está la responsabilidad del Estado en asumir la comisión de crímenes de guerra y reparar a los damnificados. Para que eso suceda, el gobierno de Obama o el futuro gobierno israelí deben reconocer que el Estado cometió crímenes y es difícil que eso suceda. Por otro lado está la responsabilidad individual, que en el caso de la justicia universal corre por el lado de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya”, explica Andrea Vlahusic, profesora de derecho internacional de la UBA, ante una consulta del cronista.

El tema con la CPI es así: La Haya nunca juzgó un crimen de Estado de un país del primer mundo. Por ejemplo, el tribunal para la ex Yugoslavia no investigó el uso de bombas racimo por parte de la OTAN. Además, ni Estados Unidos, ni Israel, ni Irak, ni Afganistán son firmantes del Tratado de Roma y por lo tanto no aceptan la competencia del tribunal.

“Pero el Estado puede aceptar que un individuo sea juzgado en la CPI por un caso particular, por más que no sea firmante del tratado de Roma”, aclara Vlahusic. Si ese país se niega a entregar al acusado, la CPI puede recurrir al consejo de Seguridad.

“Para que un caso llegue a la CPI, la víctima debe ser de un país que firmó el Tratado de Roma o el crimen tuvo que ocurrir en un país firmante. Si no se dan esas condiciones, el caso sólo se puede abrir por resolución del consejo de Seguridad de la ONU. Es lo que ocurrió en Sudán, que no es parte del estatuto. El caso de Israel es similar”, explica la profesora. O sea, basta que alguien presente la denuncia y que los aliados de Israel en el consejo se abstengan, para que los presuntos crímenes sean investigados.

“El criterio de la justicia universal se aplica. Si Garzón quisiera aplicar el mismo criterio con Bush que usó con Pinochet, podría hacerlo. Las condiciones jurídicas están dadas. La cosa es la voluntad política”, asegura la experta.

¿Y cuál es la voluntad política de Obama? Si algo dejó en claro en estos días es que no piensa encubrir ni disimular los chanchullos de su antecesor. De ahí a permitir que lo metan preso hay una gran distancia, y no es realista imaginar que eso sucederá. Pero sí es dable pensar que suspenderá los “briefs” del Departamento de Justicia pidiendo a jueces norteamericanos el cierre de causas por el bien de la seguridad nacional. También es probable que no proteja a funcionarios de Bush acusados en terceros países, si es que de veras quiere reconciliar a Estados Unidos con el mundo, tal como profesa.

“Estas cosas avanzan de a poco, pero avanzan. No me sorprendería que caiga preso algún funcionario medio, me encantaría que fuera Bush, pero no lo veo como algo realista”, redondea la profesora.

De no mediar sorpresas, lo más probable es que en el corto plazo el castigo se limite a que Rumsfeld, Cheney, Ashcroft, Gonzales, Livni, Olmert y compañía tengan que elegir con mucho cuidado su próximo lugar de vacaciones. Pero así empezaron las complicaciones para los dictadores latinoamericanos, y algunos terminaron en el calabozo. Ahora la justicia universal llegó hasta la puerta del poder real y Obama tiene la llave. Si no la usa como prometió, tarde o temprano alguien va a derribar esa puerta a las patadas.

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