First paragraph (Teaser):

* Desde El Libertario www.nodo50.org/ellibertario intentamos desmistificar la imagen tramposa de la Venezuela actual que promueven los autoritarios de derecha e izquierda. En ese esfuerzo, aquí van tres notas que ilustran aspectos esenciales de lo que pasa ahora mismo en este país.

Rest of the text:

º El imperio como socio

J.R. López Padrino

La decisión judicial de tribunales británicos, estadounidenses y holandeses, de congelar activos de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en sus respectivos países, como parte de una demanda entablada por la transnacional Exxon-Mobil, ha reanimado el ya moribundo y escuálido discurso anti-imperialista del régimen. Conocida la noticia los mujiquitas del oficialismo han respondido enarbolado las banderas de la plena soberanía petrolera y de la absoluta independencia del Estado venezolano en fiel cumplimiento de las ordenes del líder.

Pero hagamos algo de historia en cuanto a la apertura petrolera y la creación a posteriori de las empresas Mixtas que han sido el punto de partida de la presente diatriba judicial. La apertura petrolera (Convenios Operativos, Asociaciones Estratégicas y Outsourcing firmados con el capital internacional y criollo), fue la política del Estado capitalista venezolano que sustituyó a la
nacionalización, a partir de la década de los 90. Significó la privatización de hecho del sector petrolero, que en 1975 había sido formalmente nacionalizada. Fue el retorno al país de las compañías petroleras extranjeras, como lo había anticipado Juan Pablo Pérez Alfonso. Sin embargo, en el año 2006 el régimen se encargó de "bolivarianizar la apertura petrolera" mediante la aprobación del Contrato Marco para las Empresas Mixtas, por parte de la Asamblea Nacional.

Mediante estas nuevas formas de negocio las transnacionales se convirtieron en socio propietario del 49% del sector petrolero, con derecho a percibir hasta un 66,67% del valor del mercado del petróleo producido. Mediante la constitución de estas empresas el capital privado multinacional consolido su condición de propietario de los recursos naturales de carácter estratégicos, dando inicio a un nuevo modelo de recolonización por parte de las multinacionales en nuestro país. La formación de estas empresas, aunado al otorgamiento de la Plataforma Deltana a Chevron Texaco y Statoil, la entrega de la Planta de Olefinas a EXXON, el desmantelamiento científico de INTEVEP, y por lo tanto imposibilitando cualquier desarrollo tecnológico nacional, la paralización de BITOR y por ende el cese de la producción de la Orimulsión constituyen algunas de las muchas medidas antinacionales implementadas por el régimen. Esto sin olvidar el acuerdo firmado con el Freemarket Petroleum, destinado al suministro de petróleo a la reserva estratégica de los Estados Unidos. En resumen, pura "soberanía de pacotilla"

Producto de la política petrolera mal llamada "soberana y revolucionaria" (2006), el gobierno venezolano, y cuatro compañías –la francesa Total, la noruega Statoil, la estadounidense Chevron y la británica British Petroleum (BP) aceptaron que PDVSA se convirtiera en accionista mayoritario de la empresas mixtas que operan en la faja petrolera del Orinoco. Sin embargo Conoco-Phillips y Exxon-Mobil optaron por abandonar los contratos en lugar de seguir como socios minoritarios, retirándose de la región del Orinoco, aunque siguen operando en otras regiones del país. Ambas empresas iniciaron acciones de arbitraje en el Banco Mundial en busca de una mayor indemnización que la ofertada por el Estado Venezolano. Esta acción de arbitraje (disputa sobre el valor de los activos) es lo que ha conllevado al dictamen de la orden de congelación de los $12 mil millones de bienes solicitada por Exxon-Mobil. Constituye un procedimiento judicial, de carácter provisional, entre dos socios que no han coincidido en el justiprecio de unos bienes (pago de bienes, no expropiación). Es el resultado de la puesta en práctica de la cláusula de arbitraje contemplada y aceptada entre las partes (Transnacional-Estado venezolano), mediante la cual Venezuela abdica su soberanía para someterse a las decisiones de tribunales extranjeros, en este caso, tribunales de arbitraje. Por lo tanto, no se trata de una acción perversa del Imperio, la CIA, los lacayos de Mr. Danger, etc., en contra de la robolución bonita como se pretende hacer ver, son simples disputas entre "socios comerciales".

Esta medida judicial en contra de la estatal petrolera le viene como anillo al dedo al teniente coronel para alimentar su retórica anti-imperialista, cuando se muestra agobiado por la ineficiencia, la incapacidad y la corrupción de su gobierno, la inseguridad, la escasez de alimentos, la inflación, el colapso del sistema medico asistencial, entre muchos otros, que vivimos los venezolanos. El régimen afronta su peor crisis de gobernalibilidad en estos nueve años de (des)gobierno y de allí su urgencia en la búsqueda de un enemigo externo llámese Uribe, Bush, o Exxon-Mobil.

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º Revolucionarios Express y sindicalismo patronal

Rafael Uzcategui

Venezuela ha sido un país con una debil tradición revolucionaria, comparada con otros países latinoamericanos. Las explicaciones son múltiples y complejas, y el hecho de ser un país dependiente de la renta petrolera, cruza transversalmente todas las argumentaciones.

Por más voluntad que se tenga, los revolucionarios y revolucionarias no se inventan de la nada. La rebelión contra lo establecido y el deseo de un profundo cambio son motivaciones iniciales, las cuales deben complementarse con una profunda reflexión teórica rupturista, y, especialmente, con una práctica que la materialice en la vida cotidiana. El conjunto de estas prácticas, a través del tiempo, van creando espacios de contra hegemonía, en dónde se desarrollan y articulan diferentes identidades y afinidades entre los oprimidos. Esto no se inventa de la noche a la mañana, y cuando se intenta hacer una revolución sin sólidas reflexiones y prácticas revolucionarias, sencillamente pasa algo como lo que ahora está pasando en el país.

La llamada "revolución bolivariana" hubiera constituido un banquete para Guy Debord, aquel cabeza de la Internacional Situacionista que reflexionó sobre el "espectáculo" como un estadio superior de la producción y la dominación contemporáneo. Lo nuestro son gestos grandielocuentes y consignas inflamadas sin ningún tipo de consecuencia en la realidad concreta.

Todo este prolegómeno viene a colación acerca de un aviso publicitario difundido en diferentes medios impresos nacionales el domingo 10.02.08. Nosotros hemos tomado el publicado a media página, en la 38, en el diario Ultimas Noticias, conocida la tendencia gubernamental del mismo. Como se puede leer en el remitido, 17 líderes gremiales del sindicato FEMSA de la Coca Cola se dirigen al presidente Chávez para hacer de su conocimiento una situación que viven actualmente dentro de la compañía: "atropellos y de actos que violan y ponen en riesgo los puestos de trabajo y la estabilidad laboral de todos los que trabajan en esta empresa". Primer dato a tener en cuenta: lo que los sindicalistas denunciarán a continuación no son tropelías de los patronos y dueños de la empresa, ícono del capitalismo internacional, sino el bloqueo de tres centros de producción por parte de otros trabajadores de la compañía. "Representantes" de la clase proletaria denunciando a proletarios pues.

Como explica el texto, desde el pasado 5 de febrero 3 centros de producción de Coca Cola, ubicados en Mérida, Tachira y el Zulia, han sido paralizados por la acción de un grupo de personas que reclaman a la compañía el pago de sus prestaciones sociales. Segundo dato: los redactores del texto sugieren, como elemento criminalizador de dicha acción, que estas personas tienen "5,10, 20 y hasta 30 años no han tenido vínculo activo con la misma –Coca Cola-". Los sindicaleros afirman no obstante que son "solidarios con su causa", con lo que a se vez afirman la legitimidad de las demandas de los extrabajadores, recordemos, el pago de sus prestaciones sociales, pero afirman que repudian la acción porque entorpecen su "legítimo derecho al trabajo", reclamando el hecho de que estos trabajadores hayan roto el "diálogo" con las autoridades y se "pasan al lado de la ilegalidad (sic)". Es decir, 17 "líderes sindicales" que representan a casi 8 mil trabajadores a nivel nacional asumen que realizar manifestaciones como la toma o bloqueo de una fábrica son actos ilegales, y que hay que mantener conversaciones con las instituciones para negociar derechos laborales durante "5,10,20 y hasta 30 años" si es necesario.

El tercer, e increíble dato es que estos "líderes" sindicales piden lo que voy a transcribir a continuación: "le pedimos a las autoridades competentes y demás órganos de poderes públicos que intervengan de inmediato, restituyendo el orden y haciendo valer la ley. No podemos permitir que estos actos queden impunes y sin castigo o que por otro lado, generen violencia frente a nuestros centros de trabajo". No le solicitan a su gobierno que haga valer los derechos de los trabajadores, el pago de sus prestaciones sociales, sino que, sencillamente, disuelva la manifestación.

Estos líderes gremiales representan a sindicatos de la compañía que poseen en sus siglas el adjetivo de "bolivariano" y que, en el texto citado, se llaman a sí mismos "líderes revolucionarios, participantes y creyentes de los procesos de cambio que vive el país". Para estos Revolucionarios Express, pasó el tiempo en que los sindicatos defendían los intereses de clase contra los patrones y los gobernantes. Los sindicalistas bolivarianos de la Venezuela actual, invocan la solidaridad vertical en contra de otros trabajadores, y en defensa de la legalidad burguesa, los patronos y la paz social, garantizando la gobernabilidad del tren ejecutivo al que apoyan. La revolución bolivariana es un espectáculo vaciado de contenido y significaciones, rounds de sombra contra una opresión que ubican en el mas allá, un eterno gesto grandielocuente frente a las cámaras de televisión, una puesta al día del populismo latinoamericano, en los días del capitalismo globalizado.

Extraido de http://rafaeluzcategui.wordpress.com/2008/02/11/venezuela-revolucionario... (Se puede ver el aviso publicitario en este enlace)

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º Dos masacres en 10 días: el terror sigue siendo la divisa de la policía de Lara

Comité de Víctimas contra la Impunidad-Lara

El jueves 24 de enero cinco ciudadanos fueron ejecutados en el barrio Primero de Mayo de Quibor, municipio Jiménez del estado Lara (en la región centro-occidental de Venezuela); testimonios de familiares que presenciaron el hecho aseguran que al menos diez funcionarios, entre los que se encontraban policías de la Comisaría 50 de esa localidad, entraron al patio de su hogar sin mostrar orden de allanamiento, colocaron a los cinco hombres contra la pared, los encerraron posteriormente en la habitación aledaña, donde ejecutaron a dos de ellos, los otros tres fueron sacados a empujones nuevamente hasta el patio de la vivienda con los ojos vendados y las manos atadas, los dispersaron y les dispararon una lluvia de balas hasta que cayeron abatidos.

Numerosas personas, incluidos periodistas, que acudimos al lugar posteriormente, pudimos constatar cómo el baño de sangre que teñía diferentes puntos del solar daba cuenta de la masacre allí perpetrada.

Tres días se tomó el nuevo comandante de las FAPL (Fuerzas Armadas Policiales de Lara), Coronel Octavio Chacón, para ofrecer "la versión oficial" en una rueda de prensa junto con su Estado Mayor; explicó que las víctimas eran azotes de barrio, responsables de varios atracos y homicidios registrados en Quibor y otros pueblos vecinos del estado Lara. Versión desmentida por los familiares, quienes además manifestaron su temor ante las amenazas recibidas, temores que aun persisten pues el acoso y hostigamiento policial no cesa contra ellos, poniendo en peligro sus vidas.

La población del estado Lara no acababa de asimilar este terror cuando el lunes 04 de febrero, en un procedimiento similar, otros cuatro jóvenes fueron ejecutados por funcionarios policiales en el barrio Loma de León en Barquisimeto, al igual que en el procedimiento utilizado en la masacre de Quibor, según el reporte periodístico, los jóvenes se encontraban dentro de una vivienda.

Dos días después el comandante aparece nuevamente en rueda de prensa, para informar que los jóvenes abatidos pertenecían a una banda de atracadores, versión igualmente desmentida públicamente por familiares y vecinos de las víctimas.

El saldo: 9 jóvenes asesinados con edades comprendidas entre los 19 y 25 años.

Reporte policial: 9 Muertos en "enfrentamientos", ningún funcionario herido ni fallecido.

Testimonios de familiares y testigos: Fueron acribillados, fue una masacre.

Mas allá del horror que esto implica, es necesario resaltar que en Venezuela la pena de muerte fue legislativamente abolida desde el año 1863, sin embargo estos hechos demuestran cómo la pena de muerte se aplica DE HECHO contra los pobres, y son las policías y militares del Estado los encargados de ejecutarla.

Asimismo vemos cómo se validan estos hechos creando una matriz de opinión que naturaliza las ejecuciones y admite el asesinato de ciudadanos, con el socorrido argumento de que el asesinado tenía "antecedentes o era solicitado". Lo peor de esta propaganda oficial, repetida cada vez que las policías ejecutan a ciudadanos, es que entre la población se avalan estos procedimientos policiales porque "la víctima tenia antecedentes".

Lo evidente y que el pueblo pareciera no preguntarse es: ¿Por qué cuando se detiene o investiga a un corrupto o a un policía delincuente éste nunca es ajusticiado ni muere en "enfrentamiento"? la respuesta a la pregunta es el claro contenido de clase de estos asesinatos: Si el asesinado es un pendejo con antecedentes se justifica el crimen, pero si el criminal es un hijito de papá, un policía o militar al servicio del Estado o un político corrupto, les son garantizados todos sus derechos: generalmente son juzgados en libertad, otorgándoseles todo tipo de beneficios procesales para que continúen delinquiendo con total impunidad .

Esta política criminal evidencia que este Estado "democrático", si protege los DDHH, pero los de los ricos, explotadores y sus servidores, mientras que para la inmensa mayoría del pueblo la respuesta siempre es: asesinatos, masacres y Uribana (penal del estado Lara, tristemente célebre por la brutalidad y barbarie que allí impera). En pocas palabras aquí la pena de muerte en los barrios está decretada y lo peor de todo es que cualquier sátrapa, policía y/o delincuente, es el encargado de disponer a quién matar y a quién perdonar.

Lo cierto es que cada día es más difícil de ocultar la creciente participación de funcionarios policiales en acciones delictivas en complicidad con delincuentes y bandas de secuestro, extorsión y escuadrones para-policiales. De esta manera se cierra, sin investigación ni "debido proceso" el círculo criminal de la impunidad policial: El policía delincuente asesina a su cómplice, se queda con el botín y ante la sociedad el caso queda "resuelto". Por ejemplo con la masacre de Quibor quedaron policialmente resueltos tres casos de asesinatos.

Además, al "legitimar" la pena de muerte con el eufemismo del "enfrentamiento" y "ajuste de cuenta", los cuerpos policiales pueden resolver delitos en los cuales ellos mismos son cómplices y colaboradores activos.

Si revisamos los hechos que preceden a la masacre de Quibor, encontraremos un mensaje muy claro en relación a la respuesta organizada del Estado, contra la "inseguridad" y contra los ciudadanos que se atreven a protestar en las calles:

Recuérdese que desde el año pasado se venían desarrollando fuertes protestas contra la inseguridad que convocaban cada vez más a un mayor número de manifestantes, el mes pasado la policía de Lara y la Guardia Nacional reprimieron una manifestación y tomaron policialmente la televisora local y una radio FM.

Finalmente el día 23 de enero, las autoridades regionales y municipales accedieron a reunirse con los habitantes de Quibor para discutir propuestas. ¿Cuál fue el resultado de la reunión?:

1. El alcalde Luis Plaza firmó un decreto de emergencia, autorizándosele 100.000 Bs.F (100 millones de bolívares) para dotar de nuevos equipos a la policía de la región.

2. Creación de una sede de la Guardia Nacional y de una división del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC).

En esa reunión los propios habitantes demandaron la instalación de nuevos organismos como el CICPC, la GN y la Oficina Municipal Antidroga, con la esperanza de que ello ayudara a disminuir el índice delictivo en el municipio. El gobierno respondió al día siguiente con una masacre.

De esta manera el Estado resuelve con la violencia policial el problema de la violencia social. Se combate un incendio con gasolina.

Mientras este ciclo interminable sigue su curso, paralelamente va arraigándose una matriz de opinión que justifica la utilización de métodos extrajudiciales como la manera más efectiva de combatir la delincuencia, aunque en este accionar paguen invariablemente los jóvenes de nuestros barrios pobres.

Pero siempre será necesario repetir que el hecho de que un ciudadano sea delincuente (si es que lo fuere) y además viva en un barrio no AUTORIZA A NINGÚN GOBIERNO, NI ESTADO a utilizar métodos extrajudiciales para combatir los males sociales, que dicho sea de paso son producto de las condiciones materiales de existencia que padecen la inmensa mayoría privada de las mas elementales condiciones para vivir dignamente, pues son las condiciones sociales producto de un sistema explotador y desigual las que con su miseria, pobreza, incultura y violencia generan la inseguridad y la delincuencia.

Así, pretendiendo obviar la raíz del problema, nos encontramos por un lado con policías asesinando a ciudadanos, en los barrios o en las cárceles, mientras permanecen intactas las bases sociales que engendran la delincuencia; y por otro a una población que busca la respuesta a sus problemas en las Instituciones del Estado, cuyo objeto es precisamente perpetuar, por encima de lo que sea, este orden social grotesco e invertido.

La práctica cada vez más descarada de los ajusticiamientos y del uso indiscriminado de la violencia del Estado es la prueba definitiva de la hipocresía de toda la institucionalidad mal llamada democrática, y el desenmascaramiento de su sistema de administración de justicia, que necesita sojuzgar continuamente los derechos fundamentales de la mayoría para mantener sometida a la población y conservar sus privilegios.

El mal llamado problema de la inseguridad, que no es otro que el problema de la VIOLENCIA DEL ESTADO, persigue objetivos muy claros, la gente de nuestros barrios sobrevive entre el terror que imponen la delincuencia y la policía, aun así una gran mayoría sigue creyendo que con mas presencia policial se resolverá el problema de la delincuencia y la inseguridad.

La solución al problema de la violencia no puede buscarse jamás en la institucionalidad y sus funcionarios, la solución está EN LOS BARRIOS, en la capacidad que tengan sus habitantes de organizarse solidariamente para protegerse en un accionar colectivo, sin esperar que sus familiares sean asesinados para entender la magnitud del drama que viven miles de familias de este país, que además de cargar su luto a cuestas sufren el silencio de sus mismos vecinos, hasta el día que el terror también toque sus puertas.

Desde el Comité de Víctimas Contra la Impunidad y la Red Nacional de Comités de Victimas, continuaremos haciendo el llamado a las víctimas a unirse y organizarse, a no sucumbir ante el olvido y la impotencia. Expresamos nuestra solidaridad con las familias de estos nueve jóvenes ajusticiados, exigimos una vez más protección y garantías para los testigos y llamamos a las organizaciones de DDHH a pronunciarse en torno a estas dos masacres, cuya denuncia -por cumplir el requisito- ya hemos consignado ante la Fiscalía General de la República, junto con los otros casos del CVCI.

¡¡Sólo con la unión combativa de las victimas podremos alcanzar nuestras reivindicaciones!!

¡¡Guardar silencio ante el atropello y la impunidad es actuar a su favor!!