Buenos Aires, 5 de Diciembre de 2006

Carta Abierta al Presidente del ANPCYT Dr. José Lino Barañao

En su réplica a la denuncia sobre la Cadena de la Felicidad recientemente descubierta en el organismo de su dirección, amén del afán por descalificar a su autor con epítetos acerca del supuesto conspiracionismo nacional e internacional que el mismo padecería, el Presidente del ANPCYT confiesa que “…el tema, por su complejidad, amerita una aclaración y una discusión en profundidad.”

Para comenzar, llama poderosamente la atención que en todo el transcurso de su larga gestión administrativa (casi cuatro años) el Dr. Barañao no haya estimado necesario en ese lapso haber discutido con la comunidad académica temas tan delicados y trascendentes. Recién ahora, cuando las castañas queman, cuando la comunidad académica ha sido ninguneada, cuando está harta de tanta injusticia y prepotencia y comienza a despertar del letargo a la que fue sumida, cuando se han quedado sin política y cautivos de los lobbies corporativos y profesionalistas de las diferentes disciplinas científicas y tecnológicas, cuando se ha terminado por privatizar el dominio público mediante anacrónicas divisiones administrativas (FONCYT-FONTAR), y cuando las propias gestiones del Ministerio de Educación, la Secretaría de Ciencia y Técnica y el ANPCYT entraron en crisis y están puestas en tela de juicio, el Dr. Barañao se empeña en demandar desesperadamente la urgencia de un debate.

En principio, el Dr. Barañao presume de emular a las entidades de financiamiento de los países desarrollados (CNRS, National Endowment for the Humanities) y cree que basta con la publicidad de los listados de beneficiarios y la supuesta excelencia académica de los mismos, para garantizar la moralidad de los actos administrativos. Estos actos pueden ser publicitados y hasta cuantitativamente medidos por el INDEC, y sus beneficiarios puede que sean de excelencia, pero igualmente puede ocurrir que los actos administrativos que les dieron origen adolezcan de vicios de procedimiento de tal inusitada gravedad que los vuelvan nulos de nulidad insanable, y lo que es aún peor, que su calidad y creatividad sea soslayada en beneficio de la mera cantidad.

En ese sentido, el Dr. Barañao sostiene que “…nunca se ocultó el financiamiento a los coordinadores”. No obstante, todos los que tratamos desde hace tiempo por conocer dichos Listados, sabemos de la obstinada y sufrida dificultad en obtenerlos. La diagramación de la Página de Inicio de la SECYT es un claro exponente de esas prácticas de ocultamiento destinadas a coartar la libertad de información, las que deberían ser incriminadas penalmente por violación del derecho al acceso a la información pública garantizado por la Constitución Nacional. Por otro lado, si no hubiera sido porque el suscripto desafió al Moderador de la Lista de Discusión Pol-Cien con un escrito titulado “La Banda de Ladrones”; y si no fuera por la obsequiosidad de un beneficiario de dichos subsidios cuya identidad no estoy autorizado a revelar todavía estaríamos como Diógenes con la linterna. Pero lo que no alcanza a cerrar, por mas que el Dr. Barañao se obstine en ocultarlo, es cómo explicar que mientras en el transcurso del quinquenio 2001-2005 se otorgaran a más de un centenar de Coordinadores designados por el Directorio del ANPCYT jugosos subsidios de seis dígitos cada uno --que suman centenares de millones de pesos que están vinculados con la deuda externa y el Banco Mundial-- simultáneamente en igual período fueran rechazados centenares de proyectos con argumentos absurdos, minúsculos y banales (carga horaria insuficiente, carátula fuera de término, falta de firma legal, etc.).

A renglón seguido, el Dr. Barañao establece como único parámetro para la elección de la quincena de Coordinadores de Área temática de que sean “científicos en actividad”, caracterización que revela la catadura burocrática, discriminatoria y agraviante de los funcionarios que idearon esa categoría. Por otro lado, no se le ocurre al Dr. Barañao que existen en la legislación y jurisprudencia nacional y extranjera una muy nutrida Biblioteca que especifica numerosos otros requisitos que se refieren a los impedimentos que generan la ilegal colusión de intereses, los que pueden y deben ser impugnados por vía de la recusación o de la excusación. A continuación, el Dr. Barañao incursiona en un rapto de conmiseración digno de mayor encomio cuando sostiene que “El prohibir la presentación de proyectos a los coordinadores implicaría…una limitación altamente significativa en la idoneidad de los recursos humanos involucrados”. No señor, no se trata de “prohibir” persona alguna. De lo que se trata es de establecer claros criterios públicos acerca de cuáles son las incompatibilidades y cuáles los requisitos imprescindibles para poder ejercer el cargo de Coordinador, más allá de la inobjetable excelencia académica y moral con que deben contar los mismos.

Asimismo, el Dr. Barañao abunda acerca de la excelencia de los criterios adoptados por el Directorio y su Presidencia para la selección de los Coordinadores de Área, rescatando el prurito exigido de que los mismos “no sean objetados por sus pares”. Más aún, el Dr. Barañao se guarda en aclarar que “si bien podría argüirse la existencia de algún favoritismo en dicha asignación no hay evidencias concretas al respecto”. Pero, lo que el Dr. Barañao oculta es que la “objeción de los pares” y las “evidencias concretas de favoritismo” sólo pueden ser ventiladas en una comunidad académica donde no prevalezca el miedo o el temor a las represalias. En su escrito de réplica, el Dr. Barañao oculta también cuales fueron los criterios para que después del 2001 los montos distribuidos subieran de cinco dígitos a cifras de seis dígitos, y tampoco aclara cuáles han sido los criterios para desagregar las Áreas temáticas en múltiples nichos de relevancia disciplinar cada vez más estrecha, hasta caer en sospechosas especializaciones.

Finalmente, el Dr. Barañao muestra por primera vez interés por conocer la opinión personal de un crítico consecuente para saber cómo resolver la presente crisis provocada por los errores y corruptelas de su gobierno, y de su propia gestión como Presidente del ANPCYT. A ello sólo puedo responder que poco importa cual puede ser o no ser mi opinión personal. Lo que si debería contar y preocupar en el imaginario de la clase política que nos gobierna y que exceden por cierto a su persona y a su cargo, es de qué manera construir una comunidad académica democrática; cómo dar lugar a que se expresen y participen los integrantes de una comunidad académica amedrentada; de que forma oxigenar un clima de temor y represalias; cómo hacer para convencerla que denuncie la defraudación sufrida ante la Defensoría del Pueblo de la Nación (defe...@defensoria.org.ar); cómo hacer para modificar la legislación (Decreto 1661/94) que norma la elección de sólo cinco miembros del Directorio del CONICET de modo tal de extender esa elección a la totalidad de los Presidentes del medio centenar de Comisiones Asesoras que lo componen; cómo hacer para extender la participación democrática en las Universidades Nacionales actualmente gobernadas por cenáculos oligárquicos que niegan la modificación de sus estatutos y la elección directa de sus autoridades; e igualmente cómo hacer para extender la participación democrática al seno mismo de la Agencia (ANPCYT) que Vd. y su Directorio presiden en forma autocrática, discrecional y corrupta, de forma tal de poder ofrecer a nuestro pueblo y al Foro Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Empresa y Sociedad (que se ha reunido esta semana por primera vez en Buenos Aires) un mensaje político que no consista en la mera repetición ritual de lugares comunes; y sí, por el contrario, un proyecto que brinde al mundo entero un modelo de comunidad y participación democrática en los ámbitos del conocimiento, la ciencia y la cultura superador al modelo privatista, economicista y criminalmente guerrerista que actualmente nos ofrece la metrópoli imperial Norteamericana.

En suma, creo sinceramente Dr. Barañao que a Vd. sólo le queda un último gesto de dignidad con el cual paliar los abusos y despropósitos cometidos en su área de responsabilidad, que es la de ofrecer su renuncia indeclinable al cargo con el que se le confiara los destinos de la ciencia argentina. Creo asimismo, que sus dolosos errores no son sólo suyos propios, sino que pertenecen también a todo el arco de gestión correspondiente a la jurisdicción ministerial que lo enmarca, es decir que incluyen al Secretario de Ciencia y Técnica Ing. Tulio del Bono y al Ministro de Educación Daniel Filmus, principal responsable de la política de la cual Vd ha sido --y desearía creer-- un mero e inocente instrumento.

Cordialmente,

Eduardo R. Saguier
Investigador Independiente del CONICET

Mensaje del Presidente del ANPCYT Dr. José Lino Barañao

En una serie de contribuciones recientes el Dr. Eduardo Saguier hace un
exhaustivo análisis del financiamiento otorgado por la Agencia a
coordinadores de esta institución y Directores del CONICET, insinuando la
existencia de una falta de ética cuando no lisa y llanamente de un delito.
Más allá de las peculiaridades de estilo en las denuncias del Dr. Saguier
que todos conocemos desde hace décadas, el tema, por su complejidad,
amerita una aclaración y una discusión en profundidad.

Como bien dice el Dr. Saguier, la Agencia fue creada hace 10 años pero no
con la aviesa intención de sustraer fondos al CONICET sino la de instaurar
un sistema de evaluación por pares, similar a la que existe en otras
entidades de financiamiento en países desarrollados, y que tuviese como
potenciales beneficiarios a investigadores de todo el país,
independientemente de su pertenencia institucional. Como valor adicional,
la coexistencia de dos fondos, el FONCYT y el FONTAR permite la
coordinación del financiamiento al sector público y al privado
contribuyendo a una mayor eficiencia en la transferencia del conocimiento
de uno al sector productivo. La creación de la Agencia permitió obtener un
incremento sustancial en el financiamiento de la investigación científica y
tecnológica. Por otra parte el impacto positivo la Agencia a través de sus
dos fondos, tanto en la producción científica y tecnológica como en la
modernización e innovación en las empresas, ha sido demostrado
concluyentemente en evaluaciones y estudios independientes, el último de
los cuales será publicado próximamente en la página WEB.

El elemento fundamental en el éxito de la Agencia como ente de promoción ha
sido y es un riguroso sistema de evaluación y seguimiento de los proyectos.

En el caso concreto del FONCYT, el sistema de evaluación depende de un
grupo de coordinadores y de un banco de evaluadores externos en el que
existe una proporción significativa de investigadores del exterior.
Los coordinadores (y más recientemente los dos co-coordinadores) de cada
área son designados por el Directorio de la Agencia a propuesta del FONCYT.
Un requisito fundamental para los coordinadores es que, no sólo posean un
conocimiento actualizado de su disciplina sino que además no sean objetados
por sus pares. Sobre esta base se estableció como criterio el que los
coordinadores debían ser científicos en actividad.

Ahora bien, esto plantea el siguiente problema: Dado que (lamentablemente)
la Agencia es el único ente de financiamiento sustancial de la
investigación científica, ¿Cómo evitar el potencial conflicto de intereses
de los coordinadores y al mismo tiempo no provocarles un perjuicio derivado
de la suspensión de su financiamiento?. La primera alternativa ensayada
para solucionar este problema fue el otorgamiento de un subsidio automático
a los coordinadores. No obstante, a posteriori, y debido además a la
incorporación de co-coordinadores, se optó por un sistema mediante el cual
los proyectos presentados eran remitidos a otro coordinador de un área
relacionada quien se encargaba de enviarlos a pares para su evaluación. Si
bien podría argüirse la existencia de algún favoritismo en dicha asignación
no hay evidencias concretas al respecto. Básicamente porque las tasas de
financiamiento de los coordinadores no varía significativamente en relación
a su condición de tales. Existen de hecho proyectos de coordinadores que no
han sido financiados. Obviamente esta situación no se ha hecho pública (más
allá de la publicidad efectuada por uno de los coordinadores precisamente
para demostrar la transparencia del proceso), como tampoco se hace pública
la nómina de los proyectos no financiados del resto de los investigadores.
Cabe destacar además que el listado de proyectos financiados siempre se ha
hecho público para cada convocatoria y por lo tanto nunca se ocultó el
financiamiento a los coordinadores.

Respecto de la ética de este proceso, cabe recordar que la ética se refiere
a la toma de decisiones en un contexto determinado. La opción actual es la
que se ha considerado más conveniente para optimizar la función fundamental
de la Agencia que es asignar fondos sobre la base de la calidad y
pertinencia de los proyectos. El prohibir la presentación de proyectos a
los coordinadores implicaría entonces una limitación altamente
significativa en la idoneidad de los recursos humanos involucrados en el
proceso de evaluación con la considerable pérdida de calidad en dicho
proceso. Esto a su vez implicaría una asignación deficiente de recursos
públicos mucho mayores.

En este contexto es que consideramos que la práctica actual es éticamente
aceptable, al menos hasta que se formule una solución más conveniente.
En este sentido no me queda claro cuál es la alternativa que propondría el
Dr. Saguier.

El autor mencionado hace además una enumeración detallada de los subsidios
recibidos por investigadores que se ha desempeñado ya sea como
coordinadores o como autoridades del CONICET, dejando entrever una oscura
trama de tráfico de influencias. Ahora bien, si el Dr. Saguier profundizase
su estudio probablemente comprobaría que muchos de esos investigadores han
recibido subsidios o premios de otras fuentes, no sólo nacionales sino
internacionales. Llegado este punto habría dos hipótesis: Una, que sería
una ampliación de la teoría conspirativa del Dr. Saguier que llevaría a
postular una conspiración internacional destinada a beneficiar siempre al
mismo grupo de elegidos. La otra sería suponer que esos investigadores son
razonablemente buenos y por eso reciben subsidios y detentan cargos de
coordinadores y/o autoridades sin ser objetados por sus pares.
A priori ambas hipótesis son sostenibles. No obstante, una regla básica del
método científico conocida como “La navaja de Occam” nos dice que entre dos
hipótesis debemos quedarnos con la más sencilla o la que implica el menor
número de supuestos. Por este motivo yo he optado por la segunda.

Dr. Lino Barañao
Presidente
ANPCYT