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La Intelectualidad Cortesana Argentina

Eduardo R. Saguier, Martes, Mayo 16, 2006 - 15:36
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Eduardo R. Saguier

En una entrevista practicada al Investigador Enrique Oteiza, Director del
Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI), el periodista Javier
Lorca lo interrogó recientemente acerca de la crisis institucional que
actualmente atraviesa la Universidad de Buenos Aires (Página 12, domingo 14 de mayo de 2006)
http://www.pagina12.com.ar/diario/universidad/index-2006-05-15.html

Para contestar el interrogante Oteiza remite el origen de la crisis a una
“herencia de debilitamiento profundo en lo académico y científico

saguiere@ssdnet.com.ar
http://www.er-saguier.org

Asunto: 
 El Miedo enquistado en la Intelectualidad Argentina
Autor: 
 Eduardo R. Saguier
Fecha: 
 Lun, 2006-06-19 15:34

El Miedo enquistado en la Intelectualidad Argentina

por Eduardo R. Saguier
Investigador del CONICET
http://www.er-saguier.org

¿A que hondas razones culturales, políticas, sociológicas y psicológicas obedece el miedo enquistado en la opinión pública intelectual argentina?, ¿a qué obedece la autocensura, conformidad o resistencia a opinar críticamente sobre cuestiones que hacen a la democratización de la ciencia, el arte y la cultura?, ¿por qué motivos numerosos y consagrados intelectuales vienen callando la dominación autoritaria y facciosa que prevalece en las estructuras de los organismos de cultura argentinos?, ¿por qué motivo el Instituto Gino Germani (IGG) no encaró este drama, y por el contrario en la investigación de Naishtat y Toer (2005), las preguntas formuladas en las encuestas practicadas --a los miembros de los Consejos Directivos de la UBA-- se redujeron a problemáticas de muy relativa relevancia (la representatividad formal)?

Difícil es contestar estos interrogantes y aproximar un diagnóstico y una evaluación del trauma sufrido, dada la escasez de pruebas, testigos e investigaciones a las que se pueda recurrir (la mayor parte de los expedientes de estos casos no están al alcance de una investigación pues son confidenciales). Incluso, internacionalmente, los trabajos al respecto --aparte de los clásicos como los de Gouldner (1980) y Collins (1979)-- se focalizan exclusivamente en la clase profesional (Martin, 1991; y Schmidt, 2000). Sin embargo, pese a esta exigüidad, es nuestra obligación intentar ensayar una respuesta que indague en la desidia de la ciencia y la cultura argentina y en la negligente omisión de sus actores, que arroje algo de luz en la crisis que padecemos.

Tradicionalmente, la ciencia política ha probado que el miedo es un ingrediente propio de los regímenes fascistas y dictatoriales, donde la principal víctima es el intelectual independiente; y que por el contrario, en los regímenes democráticos, dicho miedo se va extinguiendo a medida que las libertades democráticas se consolidan. No obstante, la actualidad presente en los medios culturales argentinos permite verificar una realidad de signo adverso, pues aunque las instituciones democráticas se han restaurado y el modelo neoliberal fue derrotado, el miedo al poder persiste entre los intelectuales, artistas y científicos, de las ciencias duras y blandas, jóvenes y viejos, y a una escala e intensidad cada vez más crecientes.

Una explicación de estas dolorosas supervivencias sería que frente al inconcluso intento de restauración democrática y la parcial derrota experimentada por el neoliberalismo, al no haberse erradicado de cuajo dicha doble herencia –que quedó plasmada en actores cómplices de esas épocas y en prácticas, legislaciones, regulaciones y reglamentaciones antidemocráticas aún vigentes-- no se habría podido afianzar la participación y la confianza mutua de la comunidad intelectual. Una democracia inconclusa sería aquella que preserva escrupulosamente las formalidades y el protocolo, pero donde la transparencia y la sustancia deliberativa, meritocrática, competitiva y exogámica del ejercicio democrático está críticamente ausente, por la falta de voluntad política para oxigenar las instituciones culturales, las que se perpetúan sin autocrítica, y en condiciones herméticas, desjerarquizadas y fragmentadas. Su nocivo ejemplo se derrama a los niveles laterales correspondientes a las profesiones liberales, y a las escalas inferiores de las instituciones educativas, no bastando por ello con modificar sólo la Ley de Educación Superior, sino producir una democratización profunda de todas las instituciones de la cultura, incluidas las referidas a los medios de comunicación masiva.

Es decir, una comunidad donde los intelectuales no son físicamente perseguidos por sus opiniones, y donde no existe censura, cárcel ni patíbulo por el “pecado” de disentir; pero donde sin embargo el miedo a “descolocarse” o desubicarse con quienes detentan el poder --peligrando el puesto de trabajo o malogrando privilegios económicos, como incentivos, becas, subsidios y subvenciones-- está culturalmente enquistado y psicológicamente internalizado. En otras palabras, una comunidad donde rige una violencia simbólica ilegítima, tácita y/o latente, que está destinada ex profeso a domesticar y disciplinar las mentes, las conciencias y las vocaciones, subordinando a los intelectuales al status de cortesanos del poder, impone un silencio a dos puntas; que amedrenta a los jóvenes con bloquearles sus pretensiones de ascenso académico, y a la vieja guardia intelectual que persista en su independencia con sabotearles una jubilación digna. Este enquistamiento e internalización no les permitiría ensayar la voluntad de discrepar, ni proponer cambios, ni denunciar anomalías o corrupciones, ni prestar solidaridad alguna para con los que a juzgar por su independencia de criterio son segregados, anatematizados y/o moralmente acosados. Aunque les muerda el dolor del vacío, la indefensión y la pérdida de su autoestima, estos últimos se encontrarían ante la patética situación en la que “nunca podrían esperar una mano, una ayuda ni un favor”.

Este inhumano y desolador cuadro, que se ceba en aquellos a quienes el sistema estigmatiza como chivos expiatorios, y que por el contrario premia y asciende a sus aduladores, esbirros y sicarios, intimida a la comunidad intelectual, la expulsa a una deserción y un ostracismo que aumenta la brecha con los países centrales, o la incita a refugiarse en patologías o pautas de conducta violatorias de los códigos académicos. Entre esas pautas rige la intriga, el chisme, el secretismo, la extorsión, el chantaje, la venganza, la traición, y el buscar seguridad y protección en trenzas, roscas y camarillas, que le permitan compartir los eventuales botines de guerra, y lo parapeten cual si fueran casamatas o búnquers, contra la indiferencia, la discriminación, la postergación y la represalia. Toda la libido intelectual estaría focalizada en “hacerse amigo del juez”, en reforzar y consolidar identidades de tipo clánico, y en concertar vínculos insanos como el compadrazgo y la coalición en sectas o logias, con las que poder disputar con éxito las diferentes instancias de poder académico, científico y cultural (elecciones de claustro, integración de comisiones y comités editoriales, constitución de jurados y referatos, organización de congresos y simposios, etc.).

En ese enmudecimiento cómplice y en esas relaciones de poder cortesanas, genuflexas, ventajeras y oportunistas, y no en los méritos intelectuales propios, ni en las rupturas epistemológicas o metodológicas alcanzadas en sus investigaciones, ponencias y exposiciones, ni en las innovaciones tecnológicas con que exhiba su producción, estaría cifrada toda la esperanza de inmunidad, reconocimiento, cooptación y promoción académica. Esta búsqueda perversa de un nicho ilegítimo lo induciría a su vez a incurrir en diversos mecanismos ficticios y cínicos (fatuidad, imitación, simulación, adulteración, plagio, etc.), y en una constante propensión a rehuir la polémica o el debate franco, donde la originalidad, la creatividad y la fractura con lo establecido estarían obstinadamente ausentes.

Bibliografía

Collins, Randall (1979). The Credential Society: An Historical Sociology of Education and Stratification. New York: Academic Press.

Gouldner, Alvin W. (1980): El futuro de los intelectuales y el ascenso de la nueva clase. Madrid: Alianza;

Martin, Brian (1991): Knowledge and Power in Academia, Neucleus (Armidale Students' Association), Vol. 44, No. 4, 15 August 1991, p. 10 (abridged); Farrago (University of Melbourne), Vol. 70, No. 8, pp. 32-33; Rabelais (La Trobe University Student's Representative Council), Vol. 25, No. 7, August 1991, pp. 12-13, 33.
en: http://www.uow.edu.au/arts/sts/bmartin/pubs/91kpa.html

Naishtat, Francisco y Mario Toer, ed. (2005): Democracia y Representación en la Universidad. El caso de la Universidad de Buenos Aires desde la visión de sus protagonistas (Buenos Aires: Editorial Biblos);

Schmidt, Jeff (2000). Disciplined Minds: A Critical Look at Salaried Professionals and the Soul-Battering System that Shapes their Lives. Lanham, MD: Rowman & Littlefield. http://www.creativeresistance.ca/action/2002-feb01-disciplined-minds-rev...

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Asunto: 
 La Red Mafiosa en la Ciencia y la Universidad Argentina
Autor: 
 Eduardo R. Saguier
Fecha: 
 Sáb, 2006-12-16 12:48

La Red Mafiosa en la Ciencia y la Universidad Argentina

por Eduardo R. Saguier
Investigador Independiente del CONICET
Email: sagu...@ssdnet.com.ar

Indice

I.- Introducción
II.- La Agencia y la complicidad de sus Coordinadores de Área
III.- El Conicet y la complicidad de sus Comisiones Asesoras
IV.- Las Universidades Nacionales y la complicidad de sus Secretarías de Ciencia y Técnica
V.- Conclusiones

I.- Introducción

El origen de la Agencia Nacional para la Promoción Científico-Tecnológica, dependiente de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación, supuestamente obedeció a la necesidad de crear un sistema de financiamiento de la ciencia independiente de la institución del beneficiado y de paso despojar al CONICET de los fondos con que subsidiaba a sus propios Investigadores de Carrera, so pretexto de que no podía ser Juez y Parte Interesada en la distribución de dichos subsidios.

Pero con el correr de una sola década, lo que comenzó como un sano objetivo de independencia y equilibrio académico terminó paradójicamente en las antípodas, pues en los hechos la Agencia, el CONICET, las Secretarías de Ciencia y Técnica de las Universidades Nacionales, la CONEAU y la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación tergiversaron sus principios originarios fusionando íntima e ilegalmente sus mutuos intereses.

Los Coordinadores de Área de la Agencia, cuya responsabilidad es la de asignar los evaluadores de cada proyecto (de identidad confidencial), son designados por el Directorio de la Agencia. Estos Coordinadores de Área, preceden, acompañan o sobrevienen a los subsidios otorgados a sí mismos, lo que configura claramente el ilícito de colusión de intereses.

Más aún, la Agencia subsidia a ciertos y determinados Investigadores del CONICET y en reciprocidad el Directorio del CONICET los designa en sus múltiples Comisiones y mediante su propia Junta de Calificaciones los asciende en la carrera científica. Este plan tampoco hubiera sido posible sin el acompañamiento de numerosas autoridades, entre las cuales se encuentran todo el staff de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación así como todos los funcionarios de las Secretarías de Ciencia y Técnica de las diferentes Universidades Nacionales, las cuales han tenido mediante las categorizaciones de los denominados Incentivos parte intrínseca en dicho plan.

Estas reciprocidades son producto de códigos, privilegios y prerrogativas no escritas, mediante las cuales se incluye a los eventuales aliados, se utiliza a los auténticamente prestigiosos para infiltrar a los inescrupulosos y mediocres, y se excluye con medidas punitivas (rechazo de Informes, congelamiento de ascensos, etc.) a los desafectos o a aquellos elementos considerados como peligrosos, porque pueden llegar a socabar el plan mafioso. Con estos códigos no hay forma de arrepentirse, ni de denunciar nunca a sus colegas. La denuncia como la delación equivalen al ninguneo y el castigo.

En un principio, el monto de los subsidios comenzó con cifras de cinco dígitos, y más luego alcanzaron los seis dígitos. Por otro lado, en un comienzo el número de Áreas temáticas fue razonable pero con el correr del tiempo se fueron multiplicando vertiginosamente. La fusión de estos organismos de ciencia y técnica y la gestación de numerosos nichos de poder académico alcanzó entonces su éxtasis y su fruto ha concluido por fragmentar las filas de los científicos e inducir una suerte de paz de los sepulcros. Toda esta descomposición moral comenzó escalonadamente primero en la década del 80 con los concursos de cátedra, siguió luego en la década del 90 y merced al Pacto de Olivos (1994) con los denominados Incentivos a la investigación, y culminó más luego con los subsidios y la creación de la Agencia (1997). El propio mecanismo de los incentivos se inició en forma amplia, y progresivamente se fue restringiendo primero a los docentes que contaban con dedicación exclusiva, luego a los que fueren profesores titulares regulares, y así sucesivamente hasta reducir el número de los beneficiarios a un cenáculo cada vez más reducido. Pero lo más grave de todo no es la nómina de los que se beneficiaron, sino el tipo de saber que han legitimado como conocimiento de excelencia.

Los funcionarios que deben otorgar subsidios a otros y que por el contrario se lo otorgan a sí mismos o a terceros que son afines por amistad o parentesco habrían incurrido en varios delitos: en primer lugar en negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública; en segundo lugar en la construcción de una red ilegal de apoderamiento fraudulento de las estructuras de decisión de las universidades (Rectorados, Decanatos y Secretarías de Investigación), y de las instituciones de dominación académica (CIN, CONEAU, CONICET, ANPCYT), estas últimas alimentadas con los Bancos de Evaluadores provistos por aquellas; en tercer lugar se habrían convertido en partícipes de una asociación ilícita agravada en razón del cargo detentado; en cuarto lugar habrían incurrido en lo que se conoce como usufructo patrimonial del cargo; y en última instancia en enriquecimiento ilícito.

Estas conductas alcanzan a los mismos socios del silencio, que son los que medran compartiendo subsidios y proyectos (conductas tipificadas en los artículos 248, 256, 260, 261 y 210 del Código Penal), por cuanto la obligación del funcionario académico es otorgar subsidios a los que lo peticionan y no incurrir en incompatibilidades manifiestas otorgándoselo a sí mismo o a sus socios o amigos. Por cierto, para que la indagación de la existencia de una asociación ilícita fuera más plenamente acreditada se debería requerir la información relativa a los parentescos carnales y políticos, que como cualquier fiscal federal conoce son en el interior del país -por razones demográficas-una realidad más intensa y palpable que en la capital de la república.

Debemos señalar que esta investigación pudo ser hecha merced a la insistencia en la Lista de Discusión Pol-Cien para que se exhibiera la información oculta en el sitio electrónico de la SECyT, que es falto de total transparencia y cuyo ocultamiento pareciera ser hecho exprofeso. Los cruces entre los diferentes listados fueron hechos a mano, sin software alguno y utilizando sólo la memoria humana, por lo que es muy probable que se hayan escapado muchas otras correlaciones, especialmente la de aquellos que portan apellidos patronímicos (Pérez, Rodríguez, González, Fernández, etc.)

II.- La Agencia y la complicidad de sus Coordinadores de Área

En la Agencia Nacional para la Promoción Científico-Tecnológica, dependiente de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación (SECYT), presidida por el Dr. Lino Barañao, los Coordinadores de Área Jorge Jorrat, Marcelo Cabada, Eduardo Arzt, y Jaime Cerda, se habrían adjudicado a sí mismos sendos subsidios.

En efecto, en la Convocatoria-2004, el Coordinador del Área de Ciencias Humanas y Sociales Dr. Jorge Jorrat recibió la suma de $209.000; y en la Convocatoria-2003, el Coordinador del Área de Ciencias Médicas Dr. Eduardo Arzt recibió la suma de $210.000; el Coordinador del Área de Ciencias Biológicas Dr. Marcelo Cabada recibió la suma de $210.000, y el Coordinador del Área de Tecnología Química Dr. Jaime Cerda también la suma de $210.000. Y en la Convocatoria-2002, en una sospechosa operación les fue adjudicada igual suma a los que al año siguiente fueron los Coordinadores de las Áreas de Tecnología Informática Dr. Marcelo Frías, de Tecnología de Alimentos María Cristina Añón, y de Economía y Derecho Dr. Luis Beccaria.

Asimismo, a los miembros del Directorio del CONICET Faustino Siñeriz, Carlos Rapela y Dra. Noemí Girbal de Blacha les fue asignada a cada uno en la Convocatoria-2002 la suma de $210.000; y a la Dra. Girbal en la Convocatoria-2005 una suma indeterminada bajo el Código 32.396. Y al Asesor de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación y Director del Observatorio Científico-Tecnológico Dr. Mario Albornoz le fue adjudicada en la Convocatoria-2003 la suma de $128.000, y en la Convocatoria-2005 una suma indeterminada bajo el Código 33.851.

A los Coordinadores de Área, que han sido denunciados al comienzo de este escrito, debemos agregar los Coordinadores siguientes:

1) En la Convocatoria-2005 les fue adjudicado subsidios por diferentes montos a los Coordinadores de Área Marcelo Cabada, Juan José Cazzulo, Eduardo Arzt, Alcira Batlle, Juan José Poderoso, Horacio Corti, Alberto Vargas, Luis Gugliotta, y Ana María Antón.

2) En la Convocatoria-2004 les fue adjudicado subsidios por diferentes montos a los Coordinadores de Área Eduardo Cánepa, Mirta Quattrochio, Juan Pablo Paz, Rodolfo Sánchez, Damián Zanetti, Juan Jose Poderoso, Amelia Rubiolo y Verónica Bucala.

3) En la Convocatoria-2003 les fue adjudicado subsidios por diferentes montos a los Coordinadores de Área Carlos A. Balseiro, Juan José Cazzulo, Horacio Corti, Roberto Rossi, Carlos Lanusse, Isidoro Schalamuk, y Ricardo Carelli

4) En la Convocatoria-2002 les fue adjudicado subsidios por diferentes montos a los Coordinadores de Área Gustavo Politis, Luis Alberto Beaugé, Roberto Salvarezza, Ricardo Astini, Beatriz Coira, Hermenegildo Ceccatto, Carlos Gigolo, Luis Mroginski, Maria Cristina Anón, Luis Beccaria y Marcelo Frías.

5) En la Convocatoria-2000/2001 les fue adjudicado diferentes subsidios por diferentes montos a los Coordinadores de Área Eduardo Cánepa, Juan José Cazzulo, Marcelo Cabada, Rodolfo Sánchez, Damián Ravetta, Gustavo Corach, Juan Pablo Paz, Juan José Poderoso, Alcira Batlle, Beatriz Coira, Walter Helbling, Ana María Parma, Alberto Escande, Amelia Rubiolo, Alberto Vargas, Francisco Felipe Garcés, y el actual Presidente de la Agencia Lino Barañao.

En efecto, en la Convocatoria-2005, les fue adjudicado a los Coordinadores del Área de Ciencias Biológicas Marcelo Cabada y Juan José Cazzulo montos indeterminados bajo los códigos 31.660 y 38211; a los de Ciencias Médicas Eduardo Arzt, Alcira Batlle, Juan José Poderoso cifras indeterminadas bajo los códigos 31.541, 32642, y 34.785; al de Ciencias Químicas Horacio Corti una cifra indeterminada bajo el código 32.916; al de Tecnología Energética Alberto Vargas una cifra indeterminada bajo el código 32.438; al de Tecnología Química Luis Gugliotta una cifra indeterminada bajo el código 38.158; y al de Ciencias Biológicas de Organismos Ana María Antón un monto indefinido bajo el código 34.901.

En la Convocatoria-2004, le fue adjudicado al Coordinador del Área de Ciencias Biológicas Dr. Eduardo Cánepa un subsidio por $280.000; al de Ciencia de la Tierra Mirta Quattrochio $223.000; a los de Ciencias Fisico-Matemáticas Juan Pablo Paz $271.000, Rodolfo Sánchez $200.000; y Damián Zanetti $202.000; al de Ciencias Médicas Juan José Poderoso $279.000; al de Ciencia de la Tierra Rodolfo Sánchez $78.802; al de Tecnología de Alimentos Amelia Rubiolo $280.000; y al de Tecnología Química Verónica Bucala $248.000.

En la Convocatoria-2003, le fue adjudicado al Coordinador del Área de Ciencias Matemáticas Carlos A. Balseiro $210.000; al de Ciencias Biológicas Juan José Cazzulo $210.000; a los de Ciencias Químicas Horacio Corti $209.000 y Roberto Rossi $210.000; al de Tecnología Pecuaria Carlos Lanusse $210.000; al de Tecnología Energética Isidoro Schalamuk $206.000; y al de Tecnología Informática Ricardo Carelli $256.000. A propósito, el Coordinador Roberto Rossi, aquí mencionado, sería el mismo que figura en La Nación del viernes 1º de diciembre como habiendo recibido el Premio Sadoski-Bernardo Houssay.

En la Convocatoria-2002, le fue adjudicada al Coordinador de Ciencias Humanas Gustavo Politis $200.000; al de Ciencias Médicas Luis Alberto Beaugé $210.000; al de Ciencias Químicas Roberto Salvarezza $193.000; a los de Ciencias de la Tierra Ricardo Astini $210.000 y Beatriz Coira 204.000; al de Ciencias Físico-Matemáticas Hermenegildo Ceccatto $200.000; al de Tecnología Química Carlos Gigoló $85.000; al de Tecnología Agraria Luis Mroginski $163.000; a la de Tecnología de Alimentos María Cristina Anon $209.000; al de Economía y Derecho Luis Beccaria $121.000; y al de Tecnología Informática Marcelo Frías $206.000.

En la Convocatoria-2000/2001, le fue adjudicada a los Coordinadores del Área de Ciencias Biológicas Eduardo Cánepa $130.000; Juan José Cazzulo $140.000; y Marcelo Cabada $90.000; a los de Tecnología Agraria Rodolfo Sánchez $84.000 y Damián Ravetta $140.000 (este último colaborador del Ing. Víctor Kopp, Director del Área Técnica de Gestión de Subsidios); a los de Ciencias Físico-Matemáticas Gustavo Corach $105.000 y Juan Pablo Paz $90.000; al de Ciencias Médicas Juan José Poderoso $105.000; a la de Ciencias Químicas Alcira Batlle $150.000; al de Ciencias de la Tierra Beatriz Coira $120.000; al de Ciencias Biológicas de Organismos Walter Helbling $130.000; al de Tecnología Pecuaria Ana María Parma $100.000; al de Tecnología Agraria Alberto Escande $105.000; al de Tecnología de Alimentos Amelia Rubiolo $150.000; y a los de Tecnología Energética Alberto Vargas $84.000 y Francisco Felipe Garcés $72.000. En esta última Convocatoria 2000/2001 le fue adjudicada al Prof. Lino Barañao la suma de $140.000; al ex Presidente del CONICET y actual Director General del FONCYT Armando Bertranou $75.000; y a los Decanos Alberto Boveris y Héctor Trinchero $170.000 a cada uno. En la Convocatoria-2005 registra su aparición el ex Secretario de Ciencia y Técnica del Menemismo Juan Carlos del Bello bajo el código 35.196, y la Secretaria de Educación de la Provincia de Buenos Aires Adriana Puiggrós con un monto indefinido bajo el código 38.346. También registra un subsidio el recientemente ascendido a la máxima categoría de Investigador Superior del CONICET Martín Isturiz con una suma indefinida bajo el código 38.197

III.- El Conicet y la complicidad de sus Comisiones Asesoras

La presencia de los miembros del Directorio del CONICET Faustino Siñeriz, Carlos Rapela y Noemí Girbal de Blacha entre los integrantes de la Cadena de la Felicidad de la Ciencia Argentina ha confirmado la sospecha de la existencia de una íntima reciprocidad entre la Agencia y el CONICET. Cruzando la actual lista de integrantes de las Comisiones Asesoras del CONICET, correspondiente al año 2006, con las Listas de los beneficiados por la Agencia-SEPCyT durante el último quinquenio ha dado como resultado casi un centenar de correlaciones, las que eventualmente revelarían la identidad de los integrantes de ese falso Parnaso en que se ha convertido la Cadena de la Felicidad aquí denunciada.

Entre los integrantes de la Comisión Asesora de Ciencias Médicas, los que recibieron subsidios en el año 2000/2001 fueron Aldo Mottino con la suma de $105.000; Carlos José Pirola con la suma de $120.000; Oscar Bottasso con un total de $92.000; y Héctor Targovink con el monto de $105.000; en el año 2002 fueron Patricia Elizalde con la suma de $210.000; Ana María Franchi con la suma de $210.000, y la Alicia Belgorosky con la suma de $210.000; en el año 2003, Hugo Daniel Luján recibió la suma de $210.000, y Osvaldo Uchitel la suma de $200.000; en el año 2004 los que recibieron fueron Rodolfo Campos la suma de $279.000; Jorge Geffner la suma de $174.000; María Ángela Lazzari la suma de $280.000; Alicia Mattiazzi la suma de $251.000; Héctor Targovnik volvió a recibir otro monto de $252.000; y Mario G. Murer la suma de $195.000. En este último caso, habría que aclarar que el Dr. Murer había ya recibido en el año 2002 la suma de $110.334. Y en el año 2005, los que recibieron fueron Claudia Capurro una suma bajo el código 32.130; Osvaldo Podhajcer un monto bajo el código 38.011; y otra vez Osvaldo Uchitel una suma desconocida.

Entre los integrantes de la Comisión de Biología Alfredo Juan Castro Vázquez recibió en 2002 la suma de $147.000; y en el año 2005 Miguel Angel Sosa Escudero recibió una suma indefinida bajo el código 33.383; y Marta Dolores Mudry un monto bajo el código 38.001.

Entre los miembros de la Comisión de Química, en el año 2000/2001 María Rita Micaela Hoyos de Rossi recibió un total de $140.000; Manuel López Teijelo la suma de $94.000; y Carlos Previtali un total de $105.000; en el año 2002 el Coordinador Gerardo Burton recibió la suma de $202.000; en el año 2004 los que recibieron fueron Edgardo Durantini la suma de $203.000; Luis Dante Martínez el monto de $160.000; y José Carmelo Pedregosa la suma de $267.000. Y en el año 2005, Carlos M. Previtali volvió a recibir un monto indeterminado bajo el código 32.351. Entre los integrantes de la Comisión de Bioquímica, en el año 2004, la Coordinadora Beatriz Caputto recibió la suma de $280.000; José Luis Bocco recibió $279.000; Horacio Garda recibió la suma de $270.000; Fernando Goldbaum el monto de $280.000; y María Isabel Colombo recibió la suma de $276.000. En este último caso, habría que aclarar que la Dra. Colombo había ya recibido en el año 2002 un monto de $196.771.

Entre los miembros de la Comisión de Matemáticas y Computación Juan Santos recibió en 2002 la suma de $205.000; y Graciela Boente Boente recibió en 2004 la suma de $177.000. Entre los miembros de la Comisión de Física, Ricardo Piegaia recibió en 2002 la suma de $171.249; y en el 2005 recibieron Jorge Fernández Niello una suma indefinida bajo el código 32.757; y Patricia Levstein otro monto desconocido bajo el código 33.623. Entre los integrantes de la Comisión de Astronomía, su Coordinador Pablo J. Mauas recibió en 2005 una suma indeterminada bajo el código 32.408. Entre los integrantes de la Comisión de Ciencias Exactas y Naturales Gerardo Perillo quien desempeña a su vez el cargo de Coordinador de la Comisión de Ciencias de la Tierra, recibió en 2004 la suma de $272.000.

Entre los miembros de la Comisión de Ciencias Agrarias, en el año 2002 Roberto Lecuona recibió la suma de $175.000; y en el año 2003 Sofía Chulze recibió un total de $210.000. Entre los integrantes de la Comisión de Veterinaria, en 2000/2001 Osvaldo Rossetti recibió la suma de $75.000; y en 2002 Enrique Portianski recibió un total de $197.000. Entre los miembros de la Comisión de Ciencias de la Tierra, el Agua y la Atmósfera, en 2000/2001 Analía Artabe recibió $75.000; Sergio Matheos la suma de $85.000; y Alejandro Tosselli la suma de $150.000; en 2002 Carlos Cingolani recibió la suma de $188.167; en 2004 Susana Bischoff recibió un total de $220.000; y en el 2005 los que recibieron fueron nuevamente Analía Artabe una suma bajo el código 32.323; y Alicia Ronco un monto bajo el código 38.350.

Entre los integrantes de la Comisión Asesora de Ingeniería Civil, Mecánica y Eléctrica, el Ing. Guillermo Kaufman recibió en 2005 una suma bajo el código 38.168. Entre los miembros de la Comisión Asesora de Ingeniería y Procesos Industriales y Biotecnológicos en 2000/2001 José Bandoni recibió la suma de $120.000.

Entre los integrantes de la Comisión de Ciencias Humanas, María Isabel Santa Cruz recibió en 2005 una suma bajo el código 38.227. Entre los miembros de la Comisión de Arquitectura en 2000/2001 Beatriz Cuenya recibió la suma de $60.000. Entre los integrantes de la Comisión de Historia y Antropología en 2000/2001 Cristina Bellelli recibió la suma de $92.000.

También han sido beneficiados con subsidios los integrantes de las Comisiones Asesoras Pablo Penchaszadeh, Alfredo Bolsi y Guillermo Mengoni Goñalons. También se registra este fenómeno: en la Universidad de Córdoba con los Investigadores Dora Celton y César Tcach; en la Universidad de Cuyo con el biólogo Alfredo Castro Vázquez; y en la Universidad Nacional del Sur con el tecnólogo químico José Alberto Bandoni, quien integra la Comisión Asesora de Ingeniería de Procesos Industriales y Biotecnología.

Entre los miembros de la Comisión Asesora Interdisciplinaria Especial Ad-Hoc de la Gran Área de Ciencias Agrarias, Noemí Walsoe de Reca recibió en el año 2003 una indefinida suma de dinero; y en la de Ciencias Biológicas Stella González Cappa recibió un monto indeterminado, Ricardo Farías $210.000 en 2003, y Rodolfo Ugalde que a su vez desempeña el cargo de Coordinador de la Comisión de Veterinaria y fue Director del Consejo de Investigaciones Científicas (CIC) de la Provincia de Buenos Aires recibió $210.000 en 2003 y $275.000 en 2004.

Entre los integrantes del Comité Asesor del Núcleo Básico de Revistas Científicas les fue adjudicado a Alfredo Bolsi $30.000 en 2000/01, a Dora Barrancos $208.000 en 2004, a Alejandro Rofman $135.000 en 2004, a Marcelo Cavarozzi $204.000 en 2004 y una cifra indeterminada a Stella González Cappa.

Entre los integrantes de la Comisión Ad-Hoc-Recursos correspondiente a las Ciencias Sociales le fue adjudicada a Ana María Lorandi en 2003 la suma de $72.969 y a Víctor Tau Anzoátegui $50.000 en 2000/2001 y un total de $95.000 en 2003. Entre los integrantes de la Comisión Ad-Hoc de Materiales, Roberto Salvarezza recibió en 2002 la suma de $193.000.

Y finalmente, entre los miembros del Comité Nacional de Ética en Ciencia y Tecnología de la SECYT Stella M. González Cappa, Alberto R. Kornblihtt, Armando Parodi y Otilia Vainstok recibieron jugosos subsidios. La Dra. González Cappa lleva acumulados desde 1998 tres diferentes subsidios de tres dígitos cada uno. ¿Sus otros miembros Roberto Fernánez Prini, Samuel Finkielman, Noé Jitrik, Ernesto E. Maqueda, Fernando O. Ulloa y Aída Kemelmajer de Carlucci tendrán algo para opinar respecto a la Cadena de la Felicidad recientemente descubierta bajo sus narices? ¿Ninguno de estos científicos expertos en temas de ética sospechó ninguna anormalidad?

IV.- Las Universidades Nacionales y la complicidad de sus Secretarías de Ciencia y Técnica

Habíamos descubierto que los Coordinadores de la Agencia -elegidos por el Directorio para seleccionar los evaluadores de cada Proyecto-- también fueron simultánea o en forma diferida beneficiarios de subsidios. Más luego hallamos que la Agencia subsidia a ciertos y determinados Investigadores del CONICET y en reciprocidad el Directorio del CONICET los designa en sus múltiples Comisiones y mediante su propia Junta de Calificaciones los asciende en la carrera científica. Y hoy venimos a descubrir que esta suerte de asociación ilícita no habría sido tampoco posible sin la sociedad de las Secretarías de Ciencia y Técnica de las diferentes Facultades y/o Universidades Nacionales, las cuales han tenido merced a los Bancos de Evaluadores de la Secretaría de Políticas Universitarias y de la CONEAU -que establecen cual si fueran juntas de calificación categorizaciones y puntajes a nivel individual e institucional-- parte intrínseca en la eventual asociación ilícita y en sus derivaciones penales, en cuanto a apoderamiento fraudulento, usufructo patrimonial del cargo y enriquecimiento ilícito.

Entre las funciones y responsabilidades de los Secretarios de Ciencia y Técnica de las Facultades y/o Universidades Nacionales, la tercera pata del trípode burocrático sobre el cual estaría montada la red que domina la producción del conocimiento científico en Argentina, está la de hacer el seguimiento de los Proyectos de Investigación financiados por organismos nacionales, provinciales y/o universitarios, así como la de administrar las Rendiciones de Cuentas de los gastos practicados por los Responsables de los Proyectos financiados.

En cuanto al contralor de esta gestión administrativa, tenemos que las Universidades Nacionales practican distintos criterios para ejecutar la función de auditoria, con muy diversos grados de rigor y transparencia, pues que se sepa no han descubierto hasta hoy ningún caso de apoderamiento fraudulento y/o enriquecimiento ilícito. Algunas Universidades han unificado esta responsabilidad en una Secretaría u organismo centralizado y otras lo han diversificado en tantas Secretarías como Facultades existen en sus organigramas. Para el caso, tenemos que la Universidad Nacional de Tucumán tiene desde hace un tiempo al frente de su Secretaría de Ciencia y Técnica al historiador Daniel Campi, el mismo a quien la Agencia financió en el 2002 con un subsidio de $135.938. En la Universidad Nacional de Córdoba, la Secretaría de Ciencia y Técnica estuvo cubierta por Alberto Edel León quien recibió sendos subsidios en 2003 y 2005, y en la actualidad figura a la cabeza el químico Héctor Rubinstein, el mismo que fue financiado en el período anterior de 2005 con un subsidio cuyo monto aún sigue indeterminado. En la misma universidad, la Secretaria Académica de Exactas Sonia Colantonio en 2002 recibió $97.821; y el Director del Programa de Doctorado en Ingeniería Oscar A. Anunziata recibió un PICT en 2003. En la Universidad Nacional de Rosario, el Secretario de Ciencia y Técnica de la Facultad de Ciencias Exactas Roberto Aquilano se benefició en 2005 con un subsidio de monto indeterminado. En la misma universidad, el Secretario de Ciencia y Técnica de la Facultad de Medicina Oscar Bottasso se benefició en 2004 con un subsidio de $213.125. En la Universidad Nacional de Córdoba, el Decano de Ciencias Químicas Gerardo Fidelio recibió en el 2001 la suma de $134.000. Y en la Universidad Nacional del Litoral, la Vice-Decana de la Facultad de Farmacia Yolanda Bolzón de Lombardo se benefició en 2005 con otro subsidio de suma indefinida.

En la provincia de Buenos Aires, los actos cuestionados tampoco escasearon. En la Universidad Nacional del Sur, el actual Secretario de Ciencia y Técnica Osvaldo Agamennoni recibió en 2003 la suma de $147.727. En la Universidad Nacional de Mar del Plata, el Decano de Ciencias Exactas Gustavo Daleo y la Secretaria de Investigaciones Virginia Manzini recibieron en 2005 sendas sumas de monto indeterminado. En la Universidad Nacional de San Martín, el Director de la Escuela de Política Marcelo Cavarozzi se benefició en 2004 con un subsidio de $204.529; y el Secretario de Investigación Diego Hurtado de Mendoza fue financiado en 2004 con un subsidio de $71.279. Y en la Universidad Nacional de Quilmes tenemos el caso de un Consejero Departamental el biólogo Pablo Ghiringhelli, quien obtuvo en el 2005 un subsidio de la Agencia por un monto indefinido de pesos; y el de un biólogo Mario R. Ermácora, que fue subsidiado reiteradamente en dos períodos consecutivos, el del 2004 y el del 2005.

En el caso de la UBA, tenemos que algunos de los integrantes de la media docena de Comisiones Técnicas Asesoras (CTA) --que tienen como función prestar asesoramiento en las tareas de evaluación de las distintas actividades de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UBA-- serían también hipotéticamente parte necesaria de la red denunciada. Entre los beneficiarios de los subsidios por cifras aún no divulgadas, repartidos por la Agencia en el 2005, se encuentran los siguientes Investigadores: el miembro de la CTA No.1, de las Ciencias de la Salud Humana Rodolfo Rothlin; el integrante de la CTA No.3 de Ingeniería, Ciencias Ambientales y Habitat Juan Manuel Borthagaray (quien a su vez suma otro subsidio del 2002 de $210.000); los miembros de la CTA No.4, de Ciencias Básicas y Biológicas Alicia Godeas (PICT-2003 de $208.980) y Juan Pablo Rossi (quien a su vez suma otro subsidio del 2002 de $206.250); los miembros de la CTA No.5, de Ingeniería, Ciencias del Ambiente y Habitat Guillermo Artana y Jorge Alberto Sarquis; y los integrantes de la CTA No.6 de Ciencias Agropecuarias y Salud Animal: Ana Pilosof, Jorge Casal, Alejandro Mentaberry, Angel Chiesa (suma otro subsidio del 2002 de $203.708) y Alicia Fernández Cirelli, ex Secretaria de Ciencia y Técnica del Rectorado durante el Shuberofismo. Por último, faltaría contrastar las listas de beneficiarios de subsidios con los anteriores integrantes de estas mismas Comisiones Técnicas Asesoras, que por cierto no están exhibidos en la web, seguramente dados de baja para no dejar rastros de sus reiterados ilícitos.

En cuanto a las Secretarías de Ciencia y Técnica de cada Facultad de la UBA, tenemos que en la Facultad de Odontología, el Secretario de Ciencia y Técnica Enri Santiago Borda -integrante del CTA No.1-- ganó en el 2005 otro PICT de monto desconocido. En la de Farmacia y Bioquímica el Secretario de CyT Daniel Turyn ganó en 2004 un subsidio por $212.925. Y en la de Medicina, en la actual Comisión de Investigación de dicha Facultad el Dr. Daniel Sordelli ganó en el 2002 un subsidio por $210.000. Asimismo, en la UBA hemos encontrado entre los beneficiados por la Agencia al Decano de Filosofía y Letras Héctor Trinchero con $170.000, al Decano de Farmacia Alberto Boveris con $140.000, a la Vice-Decana de Farmacia Graciela Ferraro con una suma indeterminada, al Vice-Decano de Medicina Ricardo Gelpi con un subsidio en 2002 de $161.812; y a un ex Decano de Sociales Fortunato Mallimacci con $362.186 en 2004. Entre el staff de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación nos tropezamos con el nunca tan bien recordado Hugo Levato, el mismo que aseguraba durante el Proceso y desde USA lo bien exonerados que estaban los Investigadores que más luego "desaparecieron". En efecto, en el 2004 Hugo Levato levantó en la Agencia un subsidio por la suma de $231.422. Y en el caso de la CONEAU, dos miembros de su Directorio, el sociólogo y ex funcionario de la Universidad Nacional de Quilmes Ernesto Villanueva, y el sociólogo Carlos Pedro Krotsch recibieron de la Agencia respectivamente en 2002 y 2005 la suma de $155.354 y de un monto desconocido.

También contamos con los extraños casos de aquellos Investigadores que aparecen financiados duplicadamente, es decir con subsidios otorgados a la misma persona y/o su homónima, en dos proyectos correspondientes a unidades académicas distintas. Este ha sido el caso en la Universidad Nacional del Centro del Investigador Alberto Parma, quien aparece con un subsidio otorgado en el 2005 en el Área de las Ciencias Médicas, y otro tanto en el mismo período en el Área de la Tecnología Pecuaria. El del Investigador Jorge Calvo, de la Universidad La Patagonia, y simultáneamente miembro de la Junta de Calificaciones del CONICET, quien aparece subsidiado en el mismo período del 2005 en dos Proyectos distintos, uno en el Área de las Ciencias de la Tierra y el otro en el Área de las Ciencias Biológicas de Organismos. Y el del Investigador Emilio Malchiodi de la UBA, quien figura subsidiado en el Área de las Ciencias Biológicas y también en el Área de las Ciencias Médicas..

Para el caso de la Universidad Nacional de Rosario contamos con el muy particular ejemplo de un matrimonio cuyos integrantes tuvieron ambos la felicidad de que la ANPCYT les financiara sendos proyectos, tanto el del marido, el biólogo Ricardo Duffard, en el 2005; como el de su esposa la tecnóloga del medio ambiente Ana María Evangelista de Duffard, con un monto de $258.333 devengado en el 2004, que sumados ambos dan en la unidad familiar más de medio millón de pesos en un par de años.

Por último, la cuarta pata de la mesa sobre la cual está mal servida la ciencia argentina sería la Secretaría de Políticas Universitarias y la CONEAU, ambas dependientes del Ministerio de Educación de la Nación, instituciones destinadas a categorizar a los denominados docentes investigadores y a los programas de las instituciones de docencia superior. Ambas instituciones se han prestado hasta el presente, a través de las supuestas categorizaciones y puntajes, a toda suerte de manipulaciones y conspiraciones, de la cual están privilegiadamente exentos quienes son docentes de universidades o investigadores correspondientes al ámbito privado. Es decir, los miembros de instituciones o universidades privadas están excepcionalmente dispensados de tener que pasar por las horcas caudinas y kafkianas de una inmensa burocracia estatal.

V.- Conclusiones

Para completar esta investigación faltaría conseguir la Lista de Subsidios del corriente año 2006 y cruzar la Lista de Subsidios de la Agencia con las Listas de las Comisiones Asesoras del CONICET correspondientes a los años 2000/2001, 2002, 2003 y 2004, y así poder comprender el cuadro de gerenciamiento de la red denunciada. Asimismo, quedaría por cruzar esta información con las Listas de Ascensos practicados por la Junta de Calificaciones del CONICET, y con las Listas de los categorizados para los Incentivos producidas por las diferentes Universidades Nacionales. Cabe agregar que la metodología es la misma que se inauguró en los Premios Bernardo Houssay, que se repartieron en 1987, y que se denunciaron en su oportunidad con nombres y apellidos, y donde uno de sus organizadores integra la actual Junta de Calificaciones del CONICET. En todos estos Listados llaman la atención más de una docena de repeticiones, como ser las de Eduardo Cánepa, Rodolfo Sánchez, Juan José Poderoso, Héctor Targovnik, Mario G. Murer, Osvaldo Uchitel, Mario Albornoz, Víctor Tau Anzoátegui, Carlos M. Previtali, Analía Artabe, María Isabel Colombo, Beatriz Coira y Amelia Rubiolo, quienes aparecen como beneficiarios en repetidas Convocatorias. El de Poderoso parece ser el más llamativo pues también registra un tercer subsidio en el 2005.

Las preguntas que caben formularse son de orden jurídico y moral: ¿los actos académicos administrados por estos Coordinadores cuentan con validez moral y legal? ¿estamos o no frente a un caso criminal, y en tal eventualidad corresponde o no efectuar una denuncia judicial? ¿De tratarse de un delito los actos de los imputados deberían ser reconsiderados y en ese caso deberían o no restituir los dineros recibidos? ¿Qué pasa con los numerosos proyectos que fueron rechazados y cuyos evaluadores fueron designados por los Coordinadores aquí denunciados? y ¿que responsabilidad les cabría en este entuerto a los Presidentes del ANPCYT y del CONICET Lino Barañao y Eduardo Charreau y a sus directos superiores Tulio Del Bono y Daniel Filmus?.

Toda esta investigación lleva al viejo enigma socrático sobre si es acaso posible democratizar una mafia, que impida los abusos de poder y las repeticiones dolosas de las prebendas racionadas, o por el contrario ello es una tarea imposible. Por lo pronto, se debería considerar las ventajas y menores riesgos de error de premiar obras consumadas sobre la de subsidiar obras proyectadas cuyos eventuales beneficiados deben ser previamente categorizados por una burocracia estatal contaminada.

Finalmente, debemos concluir que la lucha contra la corrupción en el campo de la ciencia sólo puede tener éxito desde la instancia política, y que ninguna esperanza puede cifrarse en la judicialización de la misma. Es entonces la política la que --en el marco de los derechos y garantías democráticos- debe producir el saneamiento moral y el cambio estructural.

Fuente Documental

Convocatoria-2000-2004
http://www.agencia.gov.ar/convocatorias/foncyt_convocatorias_anteriores_...

Convocatoria-2005
http://www.agencia.gov.ar/convocatorias/documentosconvocatorias/TIPO_A_Y...

Proyectos No Admitidos en 2004
http://www.agencia.gov.ar/convocatorias/documentosconvocatorias/pict2004...

Proyectos No Admitidos en 2003
http://www.agencia.gov.ar/convocatorias/documentosconvocatorias/pict2003...

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