* En este artículo de Rafael Uzcátegui para El Libertario # 44, septiembre-octubre 2005, se aportan datos sobre qué significa la negociación que entrega importantes recursos carboníferos a una transnacional minera con máscara brasilera.

Eliot Ness, comandante del grupo especial contra la mafia -interpretado magistralmente por Kevin Costner en el remake cinematográfico de la serie "Los Intocables"- le ha declarado al omnipotente Al Capone la guerra a muerte. ¿Ustedes se imaginan al policía declarando en rueda de prensa su odio al zar del juego y contrabando de alcohol, para seguidamente anunciar que se ha negociado, con rictus de victoria, con un siciliano de nombre Vito Corleone? Nuestra estupefacción en la butaca no llegaría hasta aquí: la aclamación unánime de funcionarios del gobierno, periodistas y hasta espectadores de la propia película nos haría dudar de nuestra cordura.

La metáfora nos sirve para comparar las venáticas declaraciones anti-imperialistas del gobierno venezolano (enfocadas exclusivamente en la figura de George Bush jr.) y los acuerdos económicos realizados con actores cualitativa y cuantitativamente tan cuestionados como el presidente de los Estados Unidos. Bajo el nombre de Carbosuramérica, eufemismo que distrae críticas incómodas, el presidente Hugo Chávez ha realizado una negociación que ha difundido -con bastante éxito- de rostro benigno y progresista. Un capitalismo alegre, garotas y samba en el imaginario local, de manos del presidente Brasileño, "el hermano Lula" para el mandatario venezolano. Pero que, para los movimientos sociales al sur del Amazonas, ha significado un interminable dolor de cabeza: la compañía energética Vale do Rio Doce (CVRD).

- El camarada Soros

CVRD fue creada en 1942 por el gobierno de Getúlio Vargas para ayudar a los Estados Unidos e Inglaterra en el fortalecimiento estratégico de su mercado de mineral de hierro, en plena Segunda Guerra Mundial. Poco después, se convierte en un coloso empresarial del Estado brasileño. En 1997 es privatizada, abarcado 47 compañías conectadas entre sí, de las cuales 29 eran controladas directamente. En cinco años esta suma ascendió a 73 empresas, de las cuales 11 se encuentran en el exterior. La empresa actúa en 10 estados brasileros, principalmente en el ramo de la minería. Es considerada la mayor productora y exportadora de mineral de hierro del país y tercera en el ranking mundial, gracias a sus grandes activos y el control de amplias zonas de reservas. Por ejemplo, se estima que su mina ubicada en la Sierra de Carajás (en la región de Pará) tiene reservas suficientes para una explotación por 400 años. La Vale también posee inversiones en los sectores de energía, transportes y productos florestales, siendo dueña de diques en el estado de Minas Gerais, de la misma manera que Candonga, Porto Estrella, Igarapava e Irapé. Durante el 2001 fue la mayor exportadora del Brasil, vendiendo 2,9 billones de reales en el mercado externo. En el año 2002 la compañía anunció ganancias por quinto año consecutivo, esa vez por 3.051 billones de reales. George Soros y Citicorp son algunos de sus accionistas principales y la empresa es parte del llamado Foro Económico de Davos.

CVRD, a través de un testaferro de nombre Itabira Rio Doce Company Limited suscribió un acuerdo por 99 años con Carbones del Zulia -empresa minera del Estado venezolano- en enero del 2005 para la constitución de Carbosuramérica, con capital a medias entre ambas compañías. Entre los objetivos de la nueva empresa se encuentran: "Propiciar la conexión de la actividad de minería con los desarrollos endógenos", "alianzas estratégicas para el desarrollo de los yacimientos Socuy y Casigua" y la "posibilidad de desarrollar la inversión entre Venezuela y Brasil en los subsectores de coquización, siderúrgico, eléctrico y de apoyo a la minería".

La empresa adelanta sus objetivos a pesar de la resistencia de organizaciones sociales y etnias indígenas de la región zuliana por la triplicación de la producción carbonífera en ese estado. Las recientes declaraciones divulgadas por el diario Panorama por parte del General Carlos Martínez Mendoza, presidente de Corpozulia, silencian los rumores de sectores afectos al llamado "proceso bolivariano" sobre la paralización del proyecto: en el acto realizado por el 36º Aniversario de Carbozulia Mendoza reiteró que la producción se triplicaría a 26 millones y que la medula espinal de los proyectos de expansión la constituye Carbosuramérica, nacida bajo el norte de ampliar la extracción en el Socuy y Casigua.

Salvo la millonaria campaña publicitaria que actualmente realiza CVRD, l@s venezolan@s poseen escasa información sobre la compañía, y mucho menos, de las diversas denuncias, campañas y resistencias que los movimientos sociales brasileños han realizado contra el emporio energético. Lo que sigue es un superficial e incompleto inventario de las hazañas de uno de los socios del gobierno bolivariano en la construcción de su particular "socialismo del siglo XXI".

- Paraísos fiscales

El Ministerio de Justicia Brasileño detalló en un informe la operación realizada por CVRD para expandir su monopolio en el mercado de hierro y transporte. La empresa "Cayman Iron Ore Investment Co" es una compañía fundada en las Islas Caimán, instituida con el fin de realizar la adquisición accionaria de Caemi Mineração e Metalurgia S/A por la CVRD. Caemi a su vez controla la empresa "Minerações Brasileiras Reunidas S/A (MBR)" -una empresa nacional que produce mineral de hierro en la región de Minas Gerais- , con 84,6 % de participación accionaria, por lo que la MBR pasó bajo el control de CVRD. De acuerdo con el informe, la operación contribuye a aumentar el ejercicio de poder en el mercado por parte de CVRD, tras realizar operaciones similares en la adquisición de las compañías mineras Socoimex, Samitri, Ferteco así como en el complejo mineral de Jangada.

- Seguridad laboral

El 10 de junio del 2003 ocurrió un accidente en Uberaba, en el llamado "Triángulo minero", un descarrilamiento de vagones que transportaban productos químicos altamente tóxicos a través de la zona rural. La carga era transportada por el Ferrocarril Centro-Atlántico (FCA), propiedad del grupo CVRD. El derrame de más de 860 mil litros de productos químicos alcanzó las riberas del rio Uberaba que abastece de agua a la población. Exactamente 4 meses después otra caravana de FCA, transportando combustible, provocó otro accidente en la zona rural de Ibiá, en el Alto Paranaíba, con daños al ambiente y a los abastecimientos de agua, tras el derrame de 60 mil litros de petróleo bruto.

En mayo del 2000, 25 mil litros de petróleo diesel se derramaron de los tanques de almacenamiento de CVRD aledaños a la comunidad de São Raimundo do Gapara, en el eje Itaqui-Bacanga. La superintendencia de Ibama de Maranhao multó en 3 millones de reales a Vale, pero dicha penalidad fue reducida a 100 mil reales y se encuentra suspendida debido a una cláusula de ajuste de conducta realizada entre la compañía y el Ministerio Publico. Como segunda penalidad, CVRD estaba obligada a realizar una obra de interés público, por lo que se designó la reforma de la Plaza Gonçalves Dias, del poblado de Ibama. En la inauguración de la obra, la publicidad difundida por la compañía hablaba de una alianza entre la Vale y la Prefectura de la región para mejorar el nivel de vida de la comunidad, ocultando que el nuevo rostro de la plaza se originaba en el accidente que inutilizó las tierras cultivables de São Raimundo do Gapara. "Se invirtieron más de 1 millón de reales en la obra", declaraon voceros de la empresa. Por su parte un nuevo derrame, de menor magnitud, ocurrió el 30 de agosto del 2004. Desde el accidente CVRD indemniza a los campesinos afectados con arroz y plátanos equivalentes a una zafra anual. Según la oficina de comunicación de Vale, la indemnización -que alcanza a 52 familias- continuará hasta la entrega de terrenos cultivables lo que por lo menos no ocurrirá en una década. Según Segisnando Rodrigues Lima, secretario general del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Rurales (STTR), dicha compensación ha generado un círculo vicioso al estimular la dependencia de los moradores ya que manos anónimas han dañado las mallas de contención de la gasolina para, presumiblemente, aumentar la cantidad de beneficiarios del subsidio.

- Desvío de recursos

En las pasadas elecciones presidenciales al Brasil, los medios de comunicación del país revelaron la denuncia de que el antiguo tesorero del candidato del PSDB, Jose Serra, había cobrado 15 millones de reales producto de la privatización de CVRD para destinarlos a la campaña electoral. Ricardo Sergio de Oliveira, antiguo director del Banco de Brasil, habría cobrado la suma de manos del empresario Benjamin Steinbruch para destinarla a los gastos publicitarios de la candidatura del entonces partido gobernante, al cual pertenecía Fernando Henrique Cardoso. Tras desatarse una crisis política, el Partido de los Trabajadores se inmutó de apoyar una comisión investigadora de la denuncia, conducta que motivó diversas sugerencias acerca de la posibilidad de que el team de Lula recibiera sumas similares.

- Desplazando comunidades

Vale do Rio Doce, junto a compañías como ALCOA, BHP Billiton y Votorantim se encuentran actualmente presionando al gobierno brasilero para conseguir la licencia de construcción de la represa hidroeléctrica de Estreito. Dicha construcción tendrá una potencia total de 1.109,7 MW, provocando la inundación de 434 km² de tierras y afectando a 5.000 familias, las cuales tendrán que desalojar las tierras en las que actualmente habitan. Las comunidades indígenas aledañas Apinajé Timbira y Krahô, se verán afectadas por la afluencia de trabajadores a la zona, por lo que entre otras consecuencias -las cuales son admitidas por los empresarios- se encuentra la inundación y pérdida de varios yacimientos arqueológicos, acabando con la memoria de las culturas aborígenes de la región. Según los estudios realizados por la investigadora Fany Ricardo en 1999, CVRD posee 590 títulos de propiedad y concesiones otorgadas sobre tierras indígenas. Cerca de 18 mil personas, la mayoría pescadores artesanales, serán desplazados de sus comunidades tras el acuerdo realizado por el "hermano Lula" con la compañía coreana Posco Pohang para la inversión de 6 billones de reales en el llamado Polo Siderúrgico de Maranhão que amenazará las extensas áreas de manglares de la zona.

Como de una "redonda estupidez" fueron catalogados los acuerdos comerciales entre Brasil y Venezuela por Domingo Alberto Rangel. Desde una perspectiva ambientalista Lusbi Portillo ha denunciado insistentemente las consecuencias de la ampliación carbonífera en la Sierra de Perijá y las inconsistencias del camuflaje verde de CVRD. Mientras las denuncias desde la izquierda más crítica - Documental "Nuestro petróleo y otros cuentos", censurado de hecho - son eclipsadas por la avalancha mediática "revolucionaria" difundida por los dineros del Estado minero venezolano, se profundiza el papel asignado por la globalización economicista a Venezuela: proveedor seguro y confiable de energía barata. Lapidariamente, pero con una claridad meridiana, el intelectual ingobernable de Tovar escribe: "Venezuela es libérrima y tiene un régimen de habladores de paja que invocando a Simón Bolívar venden hasta el cansancio todo lo que tenga valor comercial". Por ahora, los vociferantes micrófonos desvían la mirada de los contratos, donde se benefician, como siempre, los Capones y Corleones del mundo.

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