El Gobierno de Venezuela ha denunciado la presencia de paramilitares colombianos vinculados a un complot para el derrocamiento de las autoridades legítimamente constituidas en la hermana Nación. En los últimos meses se ha conocido la campaña orquestada desde Washington contra el gobierno de Venezuela, con el argumento de que desde allí se apoya la guerrilla colombiana y el terrorismo. La CIA de los Estados Unidos ha financiado a grupos golpistas en ese país. En medios de prensa colombianos se distorsiona la realidad venezolana, se ocultan los logros sociales y se presenta exclusivamente la mirada oligárquica como la única verdad. El señor Juan Manuel Santos, se ha convertido en vocero oficioso que pretende justificar toda acción ilegal antichavista.

Hemos denunciado que el Plan Colombia está vinculado a la agresión a Venezuela. El emplazamiento de las bases militares y aéreas en Caño Limón (Arauca), Marandua (Vichada), así como en el Catatumbo, la primera de ellas con amplia presencia de inversión y tropa de los Estados Unidos, genera razonables preocupaciones. La concentración de paramilitares en Norte de Santander, Arauca, César y Guajira, ha servido de puente para el ingreso irregular en Venezuela. Reducidos aunque poderosos sectores empresariales colombianos han favorecido la cobertura a la presencia paramilitar en el vecino país. La ciudad de Cúcuta ha sido convertida en cabeza de playa de la acción paramilitar ante la cual el Gobierno de Uribe se lava las manos. El asesinato de dirigentes populares, las amenazas y destierros contra sindic alistas o defensores de los derechos humanos se han convertido en moneda corriente de la seguridad democrática. El gobierno colombiano no ha dado explicaciones por el crimen del abogado comunista CARLOS BERNAL y su escolta, muertos en abril próximo pasado.

El Estado colombiano debe prestar toda la colaboración requerida para develar el complot que instrumenta a paramilitares en la conspiración contra las autoridades de Venezuela. Detrás de la campaña antivenezolana está la política de BUSH de utilizar a Colombia y al gobierno colombiano, como cómplice o plataforma en operaciones para el derrocamiento del gobierno legitimo de un país latinoamericano.

Por todo lo anterior, la denuncia formulada por Venezuela representa una grave sindicación implícita a la política de seguridad democrática, específicamente a las negociaciones con el paramilitarismo y al compromiso de altos mandos militares con estos aparatos, como sigue siendo denunciado por la ONU y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. El gobierno debe explicar las reiteradas reuniones en Cúcuta entre altos mandos militares colombianos y conspiradores venezolanos. Es inaceptable la tesis de que se trata de simples reuniones “sociales