El gobierno del presidente Uribe Vélez y el Fondo Monetario Internacional, han lanzado EN NUESTRO PA

COLOMBIA VUELVE AL RÉGIMEN DE ENCLAVE COLONIAL
Arrebatarle a ECOPETROL el manejo de los hidrocarburos había sido exigido por la embajada norteamericana para eliminar la potestad que tenía la empresa estatal de negociar asociaciones con las distintas compañías privadas, en la exploración, explotación y desarrollo de los yacimientos descubiertos, y de distribuir la producción una vez declarada la comercialidad. Tales contratos de asociación establecían algunas condiciones para la transferencia de tecnología, el pago de regalías, la responsabilidad de costos y ganancias distributivas entre las partes y regulaban la explotación del petróleo. Esta forma de intervención del Estado, representado por ECOPETROL, se constituía en un estorbo para las multinacionales, que presionaron cambios en la contratación hasta obtener las obsequiosas concesiones hechas por los gobiernos anteriores y en especial por el de Uribe y el ministro Mejía.

La escisión de ECOPETROL, excluido definitivamente del manejo de los hidrocarburos, la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y el retorno al sistema de Concesión son las columnas vertebrales de los cambios decretados. Las medidas le arrebatan a la empresa estatal su principal activo y ponen en manos de las multinacionales las cuencas sedimentarias, eliminan el control que ejercía ECOPETROL para explotar el recurso y pretenden justificar la concesión como la forma más adecuada para explotar las potenciales reservas de las cuencas sedimentarias, estimadas en 47 mil millones de barriles de petróleo.

El sistema de concesión, ya amargamente experimentado por el país con los enclaves coloniales de la Tropical Oil Company y la Colpet, significó el saqueo más inmisericorde. La Troco (Standard Oil) exprimió más del 80% de los campos de la Concesión de Mares, dejándole a Colombia escasos 150 millones de barriles de reservas. Así y todo, el relativamente pequeño remanente con el que nació la empresa estatal en 1951 demostró la capacidad de desarrollo que poseía la gestión nacional. Fue tal su crecimiento, que en 52 años llegó a convertirse en la principal empresa del país. Pero con el sistema de concesión que va a imponer la Agencia Nacional de Hidrocarburos y que saca de en medio a ECOPETROL, estaremos retrocediendo 80 años y regresando a los oprobiosos años 20 del siglo pasado.

En las actuales condiciones del país, con unas reservas en declinación constante y el recorte creciente de la participación de Colombia, se requerirá cuadruplicar las reservas y duplicar la producción para obtener los mismos ingresos monetarios de hoy. El hecho irrefutable es que vamos a recibir menos ingresos en términos absolutos y que disminuirán los niveles de transferencias de la renta petrolera.

El país tiene reservas de 1.600 millones de barriles de petróleo y produce 538 mil barriles por día. De estos últimos, Ecopetrol produce directamente 115 mil barriles y recibe 1.624 barriles de los 20.300 que producen las concesiones vigentes. El resto ––399.000–– corresponde a los contratos de asociación, en los cuales el Estado participa con 239.400 barriles, incluidas regalías. Con esta participación volumétrica, más la actividad de refinación y transporte por poliductos y oleoductos, ECOPETROL obtuvo ingresos por 3.200 millones de dólares, pues la empresa estatal participa con el 50% en los contratos estándar con las asociadas, que comprenden el 80% de la producción actual.

La pregunta es: ¿Cuánto deberá producir el sistema de concesión para obtener ingresos de 3.200 millones de dólares anuales, si el país va a participar apenas con el 12% o máximo con el 20% de la renta petrolera? En términos concretos, Colombia tendría que llevar el nivel de producción a 1.100.000 (un millón cien mil barriles) de petróleo por día y mantener un descubrimiento sostenido de reservas de 600 millones de barriles por año, para obtener los mismos 8.6 billones de pesos equivalentes al cambio de hoy.

Hay otra cruda realidad. Las características geológicas de nuestras cuencas sedimentarias han sido las de descubrimientos en yacimientos pequeños. Más del 90% del petróleo explotado en la historia petrolera del país proviene de campos menores de 50 millones de barriles en reservas. En un sistema de concesión con participación exigua del Estado y escasas regalías, la merma drástica de los ingresos fiscales para la nación y las regiones tendrá un impacto incalculable.

ECOPETROL, DE PATRIMONIO NACIONAL A PATRIMONIO PARTICULAR
Otro aparte del decreto 1760 transforma a ECOPETROL en una empresa pública por acciones, un paso hacia la privatización. La empresa queda regida por el Código de Comercio y vigilada por la Superintendencia de Sociedades. El hecho de haber sido declarada sociedad pública por acciones no garantiza el carácter estatal, toda vez que el mismo Código de Comercio estipula que cuando la participación de las entidades del Estado baje del 90%, la entidad ha de abrirse a accionistas particulares. El ofrecimiento de acciones a los trabajadores y pensionados a través del fondo de pensiones apunta a tal propósito. Recordemos lo sucedido con ISA, ISAGEN y ETB.

La conversión de ECOPETROL en sociedad anónima se vio acompañada de una reestructuración interna, cuya jerarquía fue delineada para acomodar una jefatura dócil que prepare la empresa para una eventual privatización. La convocatoria a las empresas privadas para asumir la operación, administración e inversión de los campos de la empresa, tal cual se viene cocinando en los campos de El Centro, Casabe, Cantagallo, Sabana de Torres, Apiay, Tibú, Cicuco y Orito, la falta de recursos para la inversión directa de ECOPETROL, los periódicos errores operacionales, los bajos niveles de confiabilidad, las permanentes improvisaciones, los cortos rendimientos por barril cargado en las refinerías, la intensiva utilización de los contratistas para la reparación de las plantas, la pérdida del conocimiento por la deserción del personal experimentado, son factores que hacen que las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena vayan perdiendo posicionamiento dentro del negocio petrolero, hecho que el gobierno ha utilizado para justificar la venta de la refinería de Cartagena (según conclusiones del Foro de Empresarios y Gobierno en Cartagena). Las medidas tomadas para arrendar los poliductos a las empresas distribuidoras e importadoras, al igual que la liberación de los precios de los combustibles, que incrementaron su valor en un 169,7%, es decir, ocho veces la inflación causada en cuatro años, son acciones que van en contra de los colombianos y de la empresa estatal y favorecen las importaciones y el contrabando de combustibles.

Lo que sucedió no hace mucho con el gas de Chuchupa, en La Guajira, casi regalado a la Chevron-Texaco, de Estados Unidos, pese a que ECOPETROL tenía derecho en un cien por cien a partir del 1º de enero de 2005. Al igual que ocurre con la liberación subrepticia de los precios del gas domiciliario, industrial y de transporte, como también con la entrega del jugoso negocio a las empresas españolas y norteamericanas una vez masificado el uso del recurso gracias a las inversiones en infraestructura hechas por ECOPETROL. Todo, por donde se lo mire, apunta hacia la privatización.

La estratégica batalla del sindicato se centra en este aspecto: defender los hidrocarburos en manos de la nación, representada por la Empresa Colombiana de Petróleo.

EL LAUDO ARBITRAL UNA TORVA COMPONENDA
El gobierno y la administración de Ecopetrol decidieron denunciar la Convención Colectiva de Trabajo para adecuar las condiciones laborales a los cambios estructurales trazados en el Plan de Desarrollo. La política busca abrir el recurso a los agentes privados en toda la cadena de la industria del petróleo. Mas, para garantizarles la apropiación de los recursos naturales y el control del mercado de los energéticos ––decisiones ya en marcha––, el gobierno requiere antes reducir el costo de la mano de obra, acabando con los derechos laborales.

La administración presentó la denuncia de la convención colectiva de trabajo –léase contrapliego- antes de presentar el sindicato el pliego de peticiones el 28 de noviembre de 2002. A la par, Yanovich despidió a 11 dirigentes de Cartagena, militarizó las instalaciones y decretó un primer veto contra la dirección sindical y los trabajadores, lo que ya presagiaba una negociación de choque. Y así ha sido durante todo el tiempo.

Se hizo hasta lo imposible para evitar una huelga, pero no fue factible encontrar en el gobierno y en la administración canales distintos de solución. Gobierno y empresa impusieron el tribunal de arbitramento, conformado por tres reconocidos abogados que defienden el interés empresarial y, tal como era de esperarse, dictaron un laudo arbitral de contenido no menos regresivo que abusivo. El tribunal se arrogó competencias para decidir de normas que no son de su uso y que demuestran que fue una verdadera componenda contra los derechos de los trabajadores. ¡Cómo así que los árbitros del tribunal deciden que la vigencia del laudo es de tres años, desconociendo el petitorio de los trabajadores y la norma convencional preestablecida de 2 años; que los empleados de ECOPETROL sean los únicos trabajadores colombianos que se quedaron sin aumento salarial durante el año de 2003; que eliminen la estabilidad que rige como norma de permanencia en el trabajo y como freno a las arbitrariedades; que una normatividad de la contratación de actividades de la industria del petróleo ya establecida quede en el limbo, en una especie de anarquía empresarial! ¿Qué los llevó a tomar determinaciones sobre aspectos que ni la empresa denunció ni el sindicato presentó en su petitorio? ¿Por qué obraron con repulsa respecto a asuntos normativos que no se originaron en el conflicto económico, que es la naturaleza de un conflicto laboral? Todas estas cuestiones son las que contiene el laudo proferido por el tribunal de arbitramento el pasado 9 de diciembre y que el sindicato demandó en recurso de anulación ante la Corte Suprema de Justicia en su Sala Laboral.

Las implicaciones del laudo son funestas para los trabajadores y el sindicato, tan graves como las demás disposiciones tomadas contra el manejo soberano del recurso hidrocarburífero de la nación, la existencia de ECOPETROL como patrimonio de los colombianos y el ejercicio de las libertades democráticas. Por eso a mayor explotación se desata más represión. Con la detención de Hernando Hernández vicepresidente del sindicato, la libertad condicional de 5 compañeros, los despidos y con la pretendida vinculación en actividades de la insurgencia se quiere estigmatizar y descalificar el papel del sindicato en la defensa de los trabajadores y la nación. Todo está hoy amenazado por una política de tierra arrasada, sin precedentes en la historia nacional. Por eso la USO, en forma unitaria y con ánimo fraterno, retoma la dinámica de lucha y organización de los trabajadores, enlazando esta batalla con las de los distintos sectores que decidan acompañar la causa, que es la misma de la nación. Los siguientes son los objetivos que se propone la huelga:

1º Recobrar el manejo soberano de los hidrocarburos para Colombia. 2º Abrir una gran discusión nacional sobre las consecuencias del decreto 1760 y luchar por derogarlo por ser inconstitucional y lesivo para el interés de la nación. 3º Establecer una política petrolera que privilegie el interés nacional sobre el de las multinacionales. 4º Consolidar el Frente Patriótico permanente por la defensa del petróleo colombiano y defender a ECOPETROL como empresa estatal. 5º Dotar a ECOPETROL de los recursos y mecanismos para desarrollar su actividad petrolera 6º Revisar la forma de calcular los precios de los combustibles, evitando alzas exageradas, como ha venido sucediendo. 7º Dotar a ECOPETROL de los recursos necesarios para participar en la distribución mayorista y minorista de combustibles. 8º Defender el derecho a la contratación colectiva, mediante la negociación directa entre las partes, por eso se pide a la Corte Suprema de Justicia que anule el laudo arbitral y conmine a ECOPETROL a buscar una solución del diferendo laboral, manteniendo la Convención Colectiva de Trabajo como herramienta que regule las relaciones obrero patronal. 9º Preservar el derecho de organización de los trabajadores, el libre ejercicio sindical y la libertad de expresión, movilización y oposición democrática a las políticas gubernamentales; exigiendo garantías a la legítima defensa y el debido proceso y la libertad de los compañeros injustamente detenidos. 10º Lograr el reintegro de los compañeros injustamente despedidos durante el conflicto por ser víctimas de la persecución patronal.

VIVA LA HUELGA EN ECOPETROL

POR LA DEFENSA DE ECOPETROL PARA LOS COLOMBIANOS

POR LA DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO Y DE LA SOBERAN