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Mas de 3 mil indígenas Guaraní y Kaiowas mantienen ocupadas desde el 22 de diciembre 14 haciendas en reclamo de la ampliación de la Aldea Porto Lindo, al sur del Estado Mato Grosso do Sul. Una orden del Juez Federal Odilon de Oliveira dictaminaba el desalojo para el 20 de enero, pero Consuelo Yoshida del Tribunal Regional Federal suspendió la medida. Los hacendados critican la resolución y amenazan con hacer justicia por mano propia, mientras los indígenas dicen que van a resistir aunque les cueste la vida.

Foto: Celso Junior (AP)

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Mas de 3 mil indígenas Guaraní y Kaiowas mantienen ocupadas desde el 22 de diciembre 14 haciendas en reclamo de la ampliación de la Aldea Porto Lindo, al sur del Estado Mato Grosso do Sul. Una orden del Juez Federal Odilon de Oliveira dictaminaba el desalojo para el 20 de enero, pero Consuelo Yoshida del Tribunal Regional Federal suspendió la medida. Los hacendados critican la resolución y amenazan con hacer justicia por mano propia, mientras los indígenas dicen que van a resistir aunque les cueste la vida.

Los indígenas reivindican la ampliación de la aldea Porto Lindo, de las 1.600 hectareas que actualmente posee, hasta aproximadamente 9.470 hectareas. El reclamo es avalado por una investigación realizada por antropólogos de la Fundación Nacional del Indio -organismo del estado-, que considera indígenas estas tierras aunque aún no han sido demarcadas.

El procurador de la república en Dorados, Ramiro Rockenbach, había solicitado la suspensión de la orden de desalojo amenada por el Juez Federal Odilon de Oliveira, lo que fue concedido parcialmente por Consuelo Yoshida del Tribunal Regional federal de la 3º Región.

Si bien la funcionaria suspendió la medida de desalojo, según su despacho los indígenas deberán permitir el ingreso de los hacendados a las tierras, mientras que ellos podrán permanecer en los accesos. A su vez, durante un plazo de 20 días deberán realizarse ocho comisiones, con la participación de hasta veinte representantes indígenas y funcionarios de la Funai y el Ministerio Público.

Finalizado el plazo sería celebrado un acuerdo (llamado "Termo de Ajustamiento de Conducta") entre los organismos implicados, para reanudar la identificación del área y realizar todos los procedimientos necesarios para la regulización de las tierras.

La decisión de la funcionaria del Tribunal Regional Federal no cayó bien en los hacendados, quienes consideran la disposición como "impracticable", y amenazan con desalojar por sus propios medios a los indígenas. Según declaró Pedro Fernandes, de la hacienda São Jorge, "nuestra paciencia se acabó y ya que las autoridades no actúan, vamos hacer justicia por cuenta propia".

Según Campo Grande News, la "limpieza" (sic) de las propiedades sería realizada por grupos armados contratados en el Paraguay. Fernandes aceptó la posibilidad de que haya muertos, pero se justificó diciendo que "no vamos a asumir la responsabilidad nosotros solos. Si la gente va para allá y algún indio muere, la Funai, la Policía Federal y la justicia van a tener que asumir su cuota de culpa".

Los indios y hacendados ya habían protagonizado un choque el miércoles pasado, en el acceso de la hacienda São Jorge, dejando como saldo dos heridos entre los indígenas: Odeir Martins de 15 años, de un raspón en la nuca producto de un disparo de arma de fuego, y otro adolescente, por un palazo en la cabeza. Por su parte, el indígena Sebastião Verá, de 52 años, declaró a los reporteros del Campo Grande News que al llegar a la región los hacendados le ataron sus manos y pies y lo arrojaron desnudo al río Iguatemi.

La resolución de la funcionaria del Tribunal Regional Federal tampoco convenció a los Guaraní y Kaiowas, que advirtieron que no se retirarán de las 14 haciendas ocupadas. El proceso de demarcación de tierras es un problema de la Funai que no tiene porqué tener relación con la continuidad de las ocupaciones, según dijeron a reporteros del Campo Grande News.

"Muy bueno eso. Tener anulado lo que Odilon hizo. Pero de aquí la gente no sale. No es más responsabilidad de la Funai y sí de nuestro pueblo", dijo Tedju, uno de los líderes de los indios.

Antes de la resolución de Consuelo Yoshida, los indígenas ya habían manifestado su decisión de no abandonar las tierras. En una carta dirigida a los funcionarios que fue difundida por la prensa, una joven guaraní que se identificó como Kunã Yvoty, Flor de Mujer en Tupi Guaraní, advirtió que "si fuera preciso, daremos nuestra propia vida, lavar de sangre este nuestro yvy katu -nuestra tierra-, porque siempre fue así, no hay lugar en Brasil que no tenga la marca de la sangre de los indios que dieron sus vidas y derramaron su sangre en la lucha para conquistar sus derechos y por su tierra".

La funcionaria del Tribunal Regional Federal había afirmado que la formación de las comisiones debería tranquilizar a los indígenas. "No es la ocupación lo que va a determinar el derecho indígena, sino la agilización del proceso administrativo", afirmó a FM Ciudad, haciendo referencia a la Funai. También dijo que confía que este organismo "tome liderazgo y conduzca las negociaciones con los indios".

Según su visión, con los trabajos en las comisiones, los indígenas "estarían representados en forma organizada y pacífica, cerca de las haciendas, manteniendo la protesta y la presión". Asimismo, con el acuerdo los indios tendrían "garantía" de que los plazos establecidos serán cumplidos.

La funcionaria también criticó la ocupación de haciendas como método para reclamar por las tierras. "No es a través de la invasión que la situación será resuelta, el conflicto solo puede ser resuelto con el compromiso y el cumprimento de los plazos de demarcación de las áreas".

En realidad fue a partir de la presión ejercida por las ocupaciones de las haciendas que algunos organismos del estado se muestran proclives a agilizar los procesos administrativos. En ese sentido, el presidente de la Funai, Mércio Peral Gomes, informó que el organismo ya identificó a los técnicos que integrarán las comisiones, y que se están empeñando en cumplir las determinaciones de la funcionaria del Tribunal Regional Federal.

A su vez, para este lunes, en Brasilia, está prevista una reunión en la Direción de Asuntos Funduarios de la Funai donde se discutirá el estudio antropológico sobre la aldea Porto Lindo, a la que asistirán los antropólogos Rubens de Almeida y Fábio Mura, que hicieron los estudios.

Respecto a la decisión de los indígenas de no abandonar las tierras, el presidente de la Funai dijo esperar que los indígenas "reflexionen y reconozcan que el camino de la negociación es el más interesante".

Repercusiones

Los hacendados no fueron los únicos que criticaron la decisión de Consuelo Yoshida. El presidente del Movimiento Nacional de Productores (MNP), João Bosco Leal, criticó en una carta enviada a la prensa la resolución de la funcionaria, diciendo que es "lamentable" la demora en el cumplimiento de la orden judicial realizada por el Juez Federal. El texto remarca que los "productores rurales son pacíficos, ordenados, generadores de empleo y de divisas para el país", pero que la situación puede llevarlos a la desesperación con consecuencias imprevisibles.

Declaraciones en el mismo sentido realizó el presidente de la Federación de la Agricultura de Mato Grosso do Sul, Leôncio Brito, quien cuestionó el despacho de la Consuelo Yoshida argumentando que le "faltó objetividad". A su vez, declaró que tanto su federación como la Confederación Nacional de la Agricultura colocaron sus recursos jurídicos en favor de los hacendados, a los que pidió "exceso de tolerencia" al decir que prevee días difíciles para ellos.

Por su parte, el presidente de la OAB/MS (Orden de Abogados del Brasil), Geraldo Escobar, declaró que no es posible el cumplimiento de la decisión de Yoshida, aunque dijo estar "preocupado" de la posibilidad de utilizar la fuerza policial para desalojarlos. En su opinión, tal situación puede crear una crisis internacional, debido a que los indígenas están dispuestos a resistir.

Los hacendados también reclaman una reforma constitucional que permita una indemnización en el caso que las tierras sean finalmente entregadas a los indígenas. Incluso el prefecto de Japorã, Sebastião de Sousa (PL), quien se mostró a favor de los indígenas, está de acuerdo con el pedido, que ya fue presentado por el gobernador de Mato Grosso do Sul, Zeca del PT, y transformada en PEC (Propuesta de Enmienda Constitucional) por el senador Jucêncio César de la Fonseca (PDT). En total, los hacendados estiman que las áreas están valuadas en un mínimo de R$ 60 millones.

También el Senador Ramez Tebet (PMDB MS) clamó por una política de demarcasión de tierras que contemple la situación de los hacendados que tienen títulos de propiedad, pidiendo una reforma constitucional que permita indemnizarlos. Y cuestionó que la Funai tome decisiones en base a informes de antropólogos, sin que otra instancia fuera escuchada.

Por último, el abogado José Ipojucan Herrera, que defiende los intereses de los hacendados, criticó en una entrevista la resolución de Consuelo Yoshida, citando al artículo quinto item XXII de la Carta Magna, que asegura el derecho de propiedad.
Los indígenas: los más pobres entre los pobres

Según la interpretación del juez que había ordenado el desalojo, el conflicto sería favorecido por un choque cultural. El indio pelea por la tierra porque valoriza su pasado, mientras que los hacendados piensan en el futuro y en el lucro. Pero lo cierto es que los indígenas necesitan de las tierras para poder sobrevivir, debido a que la caza en la Aldea Porto Lindo es casi inexistente y dependen de las canastas básicas entregadas por el gobierno para subsistir.

Gumercindo Fernandes, uno de los indígenas que participa de las ocupaciones, explicó que con la presencia de ganado en la región, la vegetación carecterística no existe mas, lo que dificulta la caza. Delasantos, de 74 años, fue más categórico: con la llegada de los no indios la caza acabó.

El municipio de Japorã, lugar donde se encuentra la aldea de la que provienen los indígenas, tiene el mayor índice de exclusión social del Estado Mato Grosso do Sul. Según datos registrados en el 2000 por el IGBE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística), de un total de 6 mil habitantes, el 44 % de las familias viven en condiciones precarias y el 29 % de las personas con edad por encima de los 10 años no llegó a estudiar ni un año.

En el municipio casi la mitad de la población es indígena: 40 % según los datos del IGBE (sobre 6 mil habitantes) y 45 % según cifras aportadas por la prefectura, en base a una estimación propia de 7,5 mil habitantes.

La situación de exclusión se repite en otros seis municipios del Estado en los que también hay aldeas indígenas: Dos Hermanos del Buriti, Aral Moreira, Juti, Tacuru, Coronel Sapucaia y Paranhos. El único municipio con alto grado de exclusión que no contiene una aldea indígena es Nuevo Horizonte del Sur, surgido a partir de un asentamiento "sin tierra".
El operativo de guerra continúa

A pesar de la disposición de Consuelo Yoshida, el operativo montado por las autoridades de Seguridad Pública para desalojar a los indígenas no ha sido desmantelado. Se trata de 600 hombres, entre policías militares, agentes federales y bomberos, tal lo anunciado el miércoles pasado al finalizar la reunión de la que participaron el secretario de Justicia y Seguridad Pública de Mato Grosso Do Sul, Dagoberto Nogueira, el superintendente de la Policía Federal, Wantuir Jacini, además de los comandantes de la PM (Policía Militar), José Ivan de Almeida, y del Cuerpo de Bomberos, João Alves Calixto.

La logística incluye a la tropa de Choque de la Policía Militar (PM), hombres de la Caballería y policías reclutados en los municipios de Nova Andradina, Dourados, Jardim y Aquidauana, además de dos helicópteros solicitados a Brasilia en calidad de refuerzo.

De la operación, estimada en R$ 100 mil, también participaría el grupo de operaciones tácticas de Brasilia (DF), mientras que el ejercito dará apoyo logístico, ofreciendo estadía y alimentación a los policías involucrados.

En ese sentido, el gobernador Zeca del PT declaró que el papel del gobierno debe ser mantenerse firme y con efectivo policial en alerta, en caso de que sea necesaria una intervención con las tropas armadas. Por su parte, el superintendente de la Policía Federal de Mato Grosso do Sul, Wantuir Jacine, afirmó al Campo Grande News que la institución espera la decisión de la Justicia para reintegrar la posesión de las 14 haciendas ocupadas.

(*) Informe redactado en base a información proporcionada por Campo Grande News