Siete organizaciones de mujeres y de derechos humanos son las responsables del contrainforme sobre los derechos humanos de las mujeres elaborado con motivo de que esta semana Argentina presentará un informe oficial sobre la condición de las mujeres ante el Comité de la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en sus siglas en inglés) de Naciones Unidas.

ALAI-AMLATINA, 16/08/02, Buenos Aires. Siete organizaciones
de mujeres y de derechos humanos son las responsables del
contrainforme sobre los derechos humanos de las mujeres
elaborado con motivo de que esta semana Argentina presentará
un informe oficial sobre la condición de las mujeres ante el
Comité de la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer, en sus siglas
en inglés) de Naciones Unidas. Esta convención fue adoptada
por la Asamblea General de la ONU en 1979 y ratificada por la
República Argentina en 1985, adquiriendo jerarquía
constitucional con la reforma de la Carta Magna en 1994.

El contrainforme realiza un enfoque crítico sobre la
efectividad en la protección de los derechos contenidos en la
CEDAW desde el año 1997, fecha del último informe del
Gobierno argentino al Comité, hasta mayo de 2002. Tiene como
fin contribuir a que el Comité cuente con más elementos de la
realidad para hacer una evaluación completa sobre la
situación de los derechos de las mujeres en el país. El
propio Comité de la CEDAW alienta la presentación de estos
contrainformes o "informes sombra" con el fin de escuchar las
demandas y perspectivas del movimiento de mujeres y feminista
del país en cuestión, ya que es sabido que los Estados a la
hora de rendir cuentas suelen concentrar la información en
sus logros y evitan mencionar sus errores y omisiones.

La situación de la mujer en Argentina no es ajena a la grave
situación institucional, económica y social por la que
atraviesa el país, producto de una década de ajuste
estructural que afectó seriamente la vigencia de los derechos
económicos, sociales y culturales de todos los sectores
sociales, pero en particular de aquellos más excluidos, entre
ellos las mujeres, las niñas y niños, adolescentes y jóvenes.
Luego de la crisis de diciembre de 2001, la situación empeoró
al registrarse un aumento en el cierre de comercios y
empresas, con la consecuencia de un incremento del desempleo
y de la marginación social. Si bien todavía el Estado no ha
procesado información oficial actualizada desagregada por
sexo, es notoria un alza en la feminización de la pobreza
como así también la manera en que ésta afecta a la niñez y la
adolescencia. Se calcula que, como producto de la crisis
actual, un 70% de la población menor de 20 años vive en
hogares pobres o indigentes.

Según señalan las organizaciones responsables del
contrainforme, la situación de discriminación contra las
mujeres, salvo algunas excepciones, es similar a la informada
hace cinco años. El gobierno no difundió las observaciones
que el Comité de la CEDAW realizó al informe argentino en
aquella oportunidad, ni actuó al respecto. Esto ha incidido
negativamente y la mayoría de las violaciones denunciadas en
aquella oportunidad continúan vigentes o se han agudizado.
Además, el retroceso se visualiza claramente en la situación
por la que atraviesa el Consejo Nacional de la Mujer, que a
mediados de la década pasada dependía directamente de
Presidencia de la Nación y tenía así más posibilidades de
incidir en las políticas públicas. Ahora ha quedado reducido
a una instancia desjerarquizada al pasar a ser, a partir de
enero de 2002, un programa que depende del Consejo Nacional
de Políticas Públicas, con una merma importante en su
presupuesto y en su autonomía de gestión.

Pero hay otro hecho grave que ha puesto en alerta al
movimiento de mujeres y feminista argentino. A mediados de
2001, el Senado de la Nación había recibido el proyecto de
ley para la ratificación del Protocolo Facultativo de la
CEDAW. Este Protocolo, aprobado por la ONU en 1999, incluye
procedimientos más expeditivos y eficaces con el objetivo de
permitir un mayor control y protección de los derechos
contenidos en la CEDAW. No introduce modificaciones a la
Convención, sino que habilita nuevos mecanismos para que sea
más efectiva su puesta en práctica. Para ello, establece dos
procedimientos adicionales de protección: la presentación de
peticiones individuales por parte de las víctimas y la
investigación de oficio por parte del Comité.

Sorpresivamente, el 30 de abril último el Poder Ejecutivo
envió un mensaje al Senado solicitando el retiro del proyecto
de ley con el cual se iba a ratificar este Protocolo. En el
contrainforme, las organizaciones responsables se encargan de
señalar que "entienden que tal decisión obedeció a la fuerte
presión ejercida por la Iglesia Católica y a la decisión del
presidente Duhalde y el canciller Ruckauf, de objetarlo por
entender que afecta la soberanía nacional y que 'no existe un
suficiente resguardo frente a interpretaciones de la
Convención y recomendaciones orientadas a la promoción de la
despenalización del aborto'".

El contrainforme incluye secciones donde se analizan
detalladamente la situación de los derechos de la mujer en
las siguientes áreas: derechos sexuales y reproductivos;
derechos económicos, sociales y culturales; tráfico de
mujeres; mujeres migrantes; violencia contra la mujer e
igualdad de mujeres y varones ante la ley. Las organizaciones
responsables este documento son: Asociación de Especialistas
Universitarias en Estudios de la Mujer (ADEUEM); Feministas
en Acción, Asociación Mujeres en Acción, CLADEM Argentina,
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Fundación para
el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) y el Instituto
Social y Político de la Mujer. Tres representantes de estas
entidades presentarán el documento ante el Comité de la CEDAW
luego de que haga lo propio el gobierno argentino.