Amnistía Internacional ve con preocupación que cierta información filtrada a la prensa indica que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal de México ha llegado a la conclusión de que la verdadera causa de la muerte de Digna Ochoa, destacada defensora de los derechos humanos abatida a tiros el 19 de octubre de 2001, fue suicidio.

Amnistía Internacional

Amnistía Internacional ve con preocupación que cierta información filtrada a la prensa indica que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal de México ha llegado a la conclusión de que la verdadera causa de la muerte de Digna Ochoa, destacada defensora de los derechos humanos abatida a tiros el 19 de octubre de 2001, fue suicidio.

«Desde la muerte de Digna Ochoa, las filtraciones de la Procuraduría General a los medios de comunicación, en las que parece darse mayor peso a un motivo no político para este homicidio, han socavado sistemáticamente la credibilidad de la investigación -afirma la organización de derechos humanos-. Esta última filtración despierta graves dudas sobre la voluntad de las autoridades de llevar a cabo una investigación pronta, imparcial, transparente y exhaustiva, y ha causado consternación y pesar a los familiares, amigos y compañeros de Digna Ochoa.»

Frente a la ineficacia de sus investigaciones, los servicios de fiscalía de México tratan con frecuencia de culpar a la víctima del crimen en lugar de llevar ante los tribunales a los verdaderos responsables. Es más, en el pasado muchas investigaciones de gran resonancia se han venido abajo en medio de rumores y filtraciones que han desviado la atención de los hechos y, por último, han permitido que los responsables queden impunes. «Corresponde a la Procuraduría General superar la práctica arraigada de la impunidad y demostrar de forma transparente la rigurosidad de su investigación», añade Amnistía Internacional.

Para que la investigación que lleva a cabo la Procuraduría General sobre la muerte de Digna Ochoa no se convierta en otro capítulo más de este triste historial, todas las pruebas que se alega haber recogido deben ponerse a disposición de quienes puedan someterlas a un examen independiente», dice la organización.

Cualquier información de que se disponga sobre este caso debe ponerse primeramente a disposición de la familia de Digna Ochoa y de los abogados del Centro de Derechos Humanos «Miguel Agustín Pro Juárez» (PRODH), que están acreditados formalmente en esta causa como parte coadyuvante. Deben tomarse medidas estrictas para impedir las filtraciones no oficiales, que no se pueden rebatir. Sobre todo, antes de llegar a ninguna conclusión la Procuraduría General debe velar por que se investiguen exhaustivamente todas las pistas disponibles, y en especial el papel desempeñado por agentes del Estado en la muerte de Digna Ochoa.

«De no observarse estos principios básicos, los resultados de la investigación serán cuestionables, causarán aún más aflicción a los familiares y amigos de la víctima y empañarán la contribución fundamental que ha hecho Digna Ochoa a la protección de los derechos humanos en México», subraya Amnistía Internacional.

Información general

Digna Ochoa y Plácido fue abatida a tiros en su despacho de Ciudad de México el 19 de octubre de 2001. Sus victimarios dejaron junto a su cadáver una nota en la que se advertía a los demás trabajadores del Centro de Derechos Humanos «Miguel Agustín Pro Juárez» de que si continuaban con su labor de derechos humanos correrían una suerte similar.

Digna Ochoa era una destacada abogada de derechos humanos a la que se había galardonado con premios internacionales en reconocimiento de su labor en defensa de estos derechos. Llevaba años trabajando con el Centro de Derechos Humanos «Miguel Agustín Pro Juárez» en casos en los que funcionarios del Estado, incluidos miembros de la Procuraduría General de Justicia y de las fuerzas armadas, habían estado implicados en graves violaciones de derechos humanos. Digna Ochoa había luchado para poner al descubierto a los perpetradores y obligar a las autoridades a llevarlos ante los tribunales.

De 1995 a 1999, Digna Ochoa había sido amenazada y agredida en numerosas ocasiones. Las investigaciones oficiales que se llevaron a cabo sobre estos incidentes no arrojaron fruto.