La noche del 30 de enero, llegó a una casa donde se celebraba una fiesta de jóvenes estudiantes, un convoy de 7 vehículos del que descendieron unos 20 individuos fuertemente armados quienes, luego de sitiar el lugar, reunieron a los varones en el patio y empezaron a acribillarlos a mansalva; los que intentaron huir también fueron rematados; al final, 16 fueron asesinados y una veintena más heridos, en su mayoría muchachos. Podría pensarse que esta masacre ocurrió en un país “oficialmente” en guerra como Afganistán o Irak, pero no fue así:Ocurrió en México, en la colonia “Villas de Salvárcar”, un barrio proletario de Ciudad Juárez, Chihuaha,

Durante décadas, Ciudad Juárez (ubicada en la frontera con los Estados Unidos) se caracterizó por su industria maquiladora, como una ciudad predominantemente obrera. Pero en los últimos años se ha convertido en la punta de lanza de la militarización que, con el pretexto del “combate al narcotráfico”, lleva a cabo de manera creciente el Estado mexicano a lo largo del país. Se calcula que actualmente operan en Ciudad Juárez alrededor de 10,000 militares entre soldados y elementos de la Policía Federal(1)-y esto sin contar a las otras fuerzas policíacas- que mantienen con tanquetas, retenes, patrullajes y cateos por todas partes, un estado de excepción permanente.

Resultado de esta militarización: en la medida en que ha aumentado la presencia del ejército en las calles, en esa misma medida ha aumentado la violencia y los asesinatos, hasta convertirse esta ciudad en “la más peligrosa del mundo”; así, en el 2009 murieron violentamente más de 2,600 personas en Ciudad Juárez, una cifra mayor a los muertos por la guerra en todo Irak en ese mismo año. Y estas muertes, en la mayoría de los casos, no se deben a enfrentamientos entre militares y narcotraficantes, sino a acciones de “ejecuciones” y “levantamientos” (secuestros en los que las víctimas aparecen posteriormente asesinados y con huellas de tortura) en las que nunca se conoce ni las causas, ni a los criminales, ni son investigadas, ni mucho menos resueltas, y sobre las que las autoridades se limitan a repetir que se trata de “ajustes de cuentas entre los diferentes grupos del crimen organizado”. Esta impunidad de los responsables de los asesinatos(2), es en sí ya una prueba evidente de que la militarización y el estado de excepción instaurados por el Estado burgués no tienen como objetivo ni la “seguridad de la población”, ni “combatir al narcotráfico”, sino, por el contrario que el objetivo es el de aterrorizar y paralizar a la población trabajadora, que se encuentra así atenazada entre el terror criminal y el terror del Estado.
Esta situación se ha agravado en los últimos meses, pues se multiplican lo que el gobierno llama los “daños colaterales” , lo que significa mayores arbitrariedades, abusos y ataques “por error” tanto de los supuestos criminales como del mismo ejército y la policía contra la población trabajadora. Al mismo tiempo, con el mismo manto de impunidad, se han sucedido una serie de ataques contra activistas y organizaciones sociales, como el asesinato de Josefina Reyes (quien denunció el asesinato de mujeres, así como la militarización) y los recientes ataques de asesinos contra centros de rehabilitación de jóvenes drogadictos. Finalmente, la masacre del 30 de enero ha colmado el miedo y la paciencia de los trabajadores de Ciudad Juárez.
Todo el mundo se pregunta cómo es posible que, en una ciudad sitiada por el ejército, puedan, una y otra vez, aparecer y desaparecer, sin dejar rastro, convoyes de vehículos con decenas de hombres armados, cómo pueden estos actuar tranquilamente, percutiendo cientos de balas durante minutos, sin que ni el ejército ni la policía los persiga, ni siquiera se percaten, y que estas “fuerzas” llamadas “del orden” lleguen al lugar de los hechos solamente para atemorizar aún más a las propias víctimas. Y así, se extiende cada vez más la idea entre diversas capas de la población de que la actuación impune de los grupos de sicarios, no sólo en Ciudad Juárez sino a lo largo del país, se debe no a la ineptitud o corrupción de algunas autoridades, sino que, por el contrario, el Estado no sólo tolera, sino que incluso promueve directamente las acciones criminales de algunos de estos grupos con el fin de justificar la militarización y la represión social, tal como en los periodos de trastorno social cuando los Estados activan a grupos paramilitares.
Desde hace casi tres años -escribe, por ejemplo, la periodista Lydia Cacho- han sido asesinadas en México 15 mil personas; adicionalmente, los conteos de hombres y mujeres desaparecidos van de 3 mil a 5 mil. Durante esta guerra han perdido la vida 725 policías y soldados, lo que nos deja con 14 mil 275 civiles entre los cuales nadie puede identificar con claridad cuántos son criminales y cuántas son personas que incomodaron a las fuerzas del orden. En América Latina tenemos una historia de la eliminación de grupos sociales considerados indeseables, sin valor social o peligrosos por ser o parecer criminales: jóvenes con adicciones, mujeres de delincuentes, familiares de sospechosos. (...) Estamos ante una masacre mexicana que se oculta bajo un discurso guerrero que una parte de la sociedad y el Estado han asumido como propio, tal como sucedió en Guatemala y en Colombia. (...) Deshumanizar al delincuente como “enemigo” predispone a la sociedad para aceptar la aniquilación y el asesinato sin cuestionar, sin exigir transparencia y rendición de cuentas. (...) (“Plan B”, Lydia Cacho, 30 noviembre 2009. http:/noalamilitarizacion.blogspot.com/).

La militarización de la sociedad en México progresa, pues, no sólo en el sentido de que cada vez es mayor la presencia de soldados y demás fuerzas policíaco-militares fuertemente armadas en las ciudades, poblados, carreteras..., sino también en el sentido de la intensificación de las campañas ideológicas que pretenden justificar la militarización y la represión. De este modo, si al principio las muertes de civiles inocentes eran presentadas por el gobierno como una “desgracia” o un “error”, como un “daño colateral”, ahora no existen ya los inocentes. Es lo que ha expresado el presidente Calderón cuando, al ser cuestionado sobre la masacre de jóvenes del 30 de enero, aseguró sin dar ninguna prueba que se había tratado de una venganza entre “pandillas”, y asimismo el secretario de gobernación Gómez Mont cuando aleccionó a los familiares de los jóvenes: « sólo sometiéndose a la ley encontrarán respeto a sus vidas y a sus familias” (Periódico La Jornada, 3 de febrero 2010), es decir, insinuando que los jóvenes habrían muerto por no haberse « sometido a ley »(3)

En los periodos en que crece el descontento social y existe la posibilidad de una explosión de la lucha entre la clase dominante y la clase de los trabajadores explotados, la burguesía despliega preventivamente sus instrumentos represivos porque sabe que el dique del dominio ideológico que mantiene la “paz social” puede romperse en cualquier momento. Pero aún más. La burguesía sabe, por experiencia, que la represión abierta tiene un doble filo, pues si por un lado puede mantener a la población paralizada y aterrorizada, por el otro, esta misma represión puede encender la mecha del descontento social, si las masas proletarias la perciben como una flagrante e insoportable injusticia. Esto fue lo que sucedió, por ejemplo, en Grecia a finales de 2008, cuando el asesinato “accidental” de UN joven estudiante por la policía, suscitó una explosión de lucha proletaria, de revuelta y enfrentamientos durante semanas a escala nacional contra el Estado. Así que para la burguesía es importante inculcar la idea de que los asesinatos, torturas o desapariciones ya sea a manos del “crimen organizado” de bandas paramilitares o del propio ejército y policía tienen su causa verdadera en la supuesta criminalidad de las víctimas, en “no haberse sometido a la ley” . De esta manera, mediante la propagación de un verdadero terrorismo de Estado, la burguesía trata de lograr que la mayoría de los obreros acepten o por lo menos permanezcan indiferentes, confundidos y atemorizados ante la militarización y la represión ante eventuales manifestaciones y luchas de clase.

¿Qué pueden hacer los proletarios ante esta situación? Primero, deben comprender que la actual situación de militarización y represión, no es únicamente el producto del interés del “presidente” o de “su partido”, sino que se trata esencialmente de una expresión clara de la defensa de los intereses de clase de la burguesía en su conjunto y cualquiera que sea el partido del capital en el gobierno (sea de derecha, de centro o de izquierda) llevará a cabo esta misma política. Por ello, los trabajadores tampoco deben dejarse mistificar por la idea de que para terminar con esta situación bastaría con sustituir a Calderón por otro presidente, o bien al actual partido en el gobierno, por otro partido del capital. Ni tampoco por la propuesta hecha por sectores empresariales de Ciudad Juárez, de llamar a... ¡los cascos azules!, es decir, a más soldados de otros ejércitos de la burguesía, para solucionar la situación. Los obreros no deben ya mantener ninguna ilusión de que el juego de partidos de la burguesía, las elecciones y la democracia burguesa mejorará algún día su situación. Tal es la lección que, espontáneamente, han empezado a sacar los padres, vecinos y compañeros de los jóvenes masacrados en Ciudad Juárez, quienes rechazaron airadamente las hipócritas declaraciones de Calderón y repudiaron al gobernador de Chihuahua, cuando éste pretendió presentar sus igualmente hipócritas condolencias; cuando han expresado en carteles y pintas su rabia contra el gobierno y la necesidad de defenderse por ellos mismos, sin esperar ya nada de las “autoridades.”

Tal como en el plano de la defensa de sus intereses económicos, como obreros asalariados, los trabajadores no deben esperar ni del Estado ni de la burguesía ninguna mejora a sus condiciones de vida en general, incluida su “seguridad” ante la violencia y criminalidad que engendra inevitablemente el capitalismo, y que incluso sostiene. No puede haber un interés común entre proletarios y burgueses en el plano de la seguridad y ante la violencia social. La única “seguridad” que la clase obrera podrá adquirir será la que ella misma se de afirmando su fuerza colectiva y de clase. No solamente en sus luchas económicas, sino también afirmando su propia seguridad frente al Estado, el ejército, la policía, y también ante las fuerzas paramilitares y de narcotraficantes que, a fin de cuentas, trabajan tomados de la mano con el Estado, cuando no es que son su producto directo. Es claro, pues, -escribíamos hace ya más de un año- que la “guerra al narcotráfico” es solamente un pretexto de la burguesía para incrementar la militarización del país y la represión contra la clase obrera y demás trabajadores explotados. (...) De tal manera que la militarización del país está dirigida directamente contra la clase obrera. De una parte, en el sentido en que la burguesía mexicana, al ponerse también en el camino que sigue actualmente la burguesía de todo el mundo con miras a prepararse para una futura guerra imperialista generalizada, impone desde ahora a los trabajadores mayores sacrificios económicos en provecho de esa militarización; ello sin contar que, a plazo, la única perspectiva que les ofrece el capitalismo –de seguir existiendo- es la de la guerra imperialista, la masacre más espantosa.
De otra parte, la militarización también se dirige contra la clase obrera de manera palpable e inmediata, en el sentido de que, en México como en todo el mundo, al no estar la clase obrera derrotada, ni mucho menos, sino por el contrario, ver crecer su descontento y combatividad, la burguesía se ve obligada a enfrentarla paralelamente, llevando a cabo ataques contra ella cada vez más frontales y duros en todos los terrenos: ideológico, político económico y... represivo.
Así, pues, la clase obrera no puede aceptar resignadamente toda esta militarización creciente de la sociedad, de la que ella es el principal blanco y desde hoy la principal víctima. En sus manos está su propio destino, y el de toda la humanidad: Acabar con el actual sistema capitalista en decadencia que ya solamente puede ofrecer un presente de miseria y represión, y un futuro de guerra imperialista y barbarie generalizadas. Por ello, ante toda esta situación, al contrario de lo que le machaca todo el aparato estatal y los medios de difusión de la burguesía acerca de la resignación y “unidad” con sus explotadores, la clase obrera debe seguir desarrollando, con energía redoblada, sus luchas de clase, extenderlas a todos los sectores, cimentar su unidad y organización, pues éstas luchas constituyen, desde ahora, el único freno a la barbarie del capitalismo, y la única perspectiva para -mediante un movimiento revolucionario del proletariado mundial- transformar de raíz a la sociedad.
(Boletín Comunista 44, septiembre 2008)

4 de febrero de 2009.
Fracción Interna de la Corriente Comunista Internacional.

1. La Policía Federal fue creada hace unos años, básicamente de soldados y tiene entre sus funciones la de la represión de masas.
2. La misma impunidad que ha existido ante la desaparición y asesinato de cientos de mujeres -en su mayoría obreras- durante muchos años en esta misma ciudad.
3. No menos siniestra fue la forma en que el gobierno justificó posteriormente estas declaraciones: El ejército afirmó haber tenido un “enfrentamiento” con dos personas, de las cuales una -muerta por los soldados- habría sido el “autor intelectual” de la masacre, mientras que la otra -presentada ante los medios de difusión de espaldas, para tratar de ocultar las huellas tortura que tenía- confesó exactamente lo que antes había dicho el presidente...