El gobierno ecuatoriano atacò la comunidades indìgenas con sus fuerzas armadas para apropiarse de los recursos naturales de la regiòn y esto a pesar de lo dispuesto por el Art. 57 numeral 7 de la Constitución aprobada por el pueblo ecuatoriano, el pasado 28 de septiembre de 2008. E aquì el comunicado de denuncia emitido por INREDH via Ecuador Indymedia.

ANTE EL NUEVO ENFRENTAMIENTO DE MILITARES CON COMUNIDADES INDÍGENAS

INREDH 15.10.2008 05:16
http://ecuador.indymedia.org/es/2008/10/26889.shtml

De acuerdo a la información recabada por nuestra organización, el conflicto que involucra a la compañía estatal Petroamazonas y las comunidades Playas de Cuyabeno, Paña Cocha, Sábalo, Puca Peña, Yana Allpa, Tagay, Sharif y Caicua, de la provincia de Sucumbíos, se inició el pasado viernes 3 de octubre del 2008, cuando la compañía, acompañado por un pelotón militar, intentó ingresar con maquinarias pesadas en los territorios de las comunidades, sin respetar lo dispuesto por el Art. 57 numeral 7 de la Constitución aprobada por el pueblo ecuatoriano, el pasado 28 de septiembre de 2008. Frente a la violación de su derecho a ser consultados, los miembros de las comunidades impidieron el paso del personal de la compañía a sus territorios, los mismos que se acantonaron en una base militar, en el Cantón Cuyabeno.

Al darse estos hechos, una comisión de las comunidades viajó a Quito el lunes 6 de octubre y se entrevistó con diversos funcionarios de Petroecuador, Ministerio de Minas y Petróleo y funcionarios del gobierno central, para darles a conocer la decisión de las comunidades, acordada en asamblea general; decisión que aceptaba la explotación petrolera en sus territorios, pero rechazaba la intervención de funcionarios de la compañía y los denominados mediadores comunitarios, quienes lograron dividir a las comunidades y firmaron un documento con doce familias, desconociendo las estructuras organizativas de las comunidades.

Bercelino Noteno, Presidente de Playas del Cuyabeno, en reunión mantenida con nuestra organización, el pasado martes 7 de octubre, manifestó que las comunidades de Playas de Cuyabeno, pese a que en sus territorios existen dos piscinas de aguas tóxicas, dejadas por Texaco y Petroecuador y que nunca fueron remediadas, las comunidades aceptaron negociar un nuevo proceso de extracción petrolera, con las garantías de evitar daños futuros y participar de las utilidades de la explotación petrolera, razón por la que intentaron tener una cita con el Presidente Rafael Correa para expresarle sus decisiones. Esta cita no pudo ser concretada y, el viernes 10 de octubre, nuevamente el ejército arremetió contra las comunidades hiriendo de bala a Jesús Chávez, dirigente de Desarrollo Comunitario de la FONAKISE y al mismo Presidente de la comunidad Playas de Cuyabeno.

Durante el feriado de fin de semana intentamos comunicarnos con algún funcionario de gobierno para que explique el accionar militar, sin embargo ningún funcionario estaba disponible, todos sus celulares se mantuvieron apagados.

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), ante los sucesos acaecidos en las comunidades indígenas kichwas de Playas del Cuyabeno, provincia de Sucumbíos, el pasado viernes 10 de octubre, en el que militares ecuatorianos dispararon contra miembros de la comunidad, hiriendo a dos personas, en el afán de imponer la decisión de Petroamazonas de iniciar la explotación petrolera en territorios indígenas, manifiesta lo siguiente:

1. Rechazamos esta nueva incursión militar en comunidades indígenas, lo que da cuenta de un peligroso escalonamiento de los sistemas de represión que se implementa en zonas de extracción petrolera o minera. Nos preguntamos si este tipo de operativos se realiza contra comunidades que desean negociar la explotación petrolera, ¿qué tipo de represión podemos esperar frente a comunidades que se opongan a tal explotación?

2. Exigimos que se cumplan las recomendaciones dadas en el informe interinstitucional del Caso Dayuma, en el cual se manifestó que los militares no tienen la preparación adecuada para intervenir en situaciones de orden público y por tanto no deben intervenir. Recordamos que los Ministros de Educación, Raúl Vallejo, y de Justicia, Gustavo Jalkh, que conformaron la mencionada comisión, estaban empeñados en se cumplan las recomendaciones dadas. Los sucesos de Playas de Cuyabeno ponen en entredicho su palabra.

3. Exigimos al Ministro de Defensa, Javier Ponce, que inicie una investigación para determinar bajo qué órdenes actuaron los militares y si fue de su conocimiento este operativo. Queremos creer que el Ministro Ponce, que fue tan crítico frente a los excesos cometidos por los militares, esta vez pueda determinar responsabilidades e implementar las sanciones del caso.

4. Rechazamos la actitud del gobierno central, encabezada por el Presidente Correa, que intenta desprestigiar el trabajo de defensa de los derechos de las comunidades indígenas y la protección de la naturaleza, acorde a los postulados del la nueva Constitución aprobada en el referéndum del 28 de septiembre. Tales actitudes solo dan cuenta de un proceso que, además de violentar normas constitucionales, constituye una expresa contradicción con los postulados gubernamentales, legitimados por el pueblo ecuatoriano en las urnas.

5. Como es nuestro mandato, denunciaremos estos nuevos hechos a la comunidad internacional y acompañaremos a las comunidades agredidas para velar por el fiel cumplimiento de sus derechos.

Quito, 13 de Octubre de 2008

Luis Ángel Saavedra
Presidente INREDH