La detención de comuneros en toda la zona mapuche está directamente vinculada con la lucha en defensa de sus territorios ancestrales En las cárceles de Angol, Victoria, Lebu, Concepción, Temuco y Traiguén y también en la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago, se encuentran más de 20 presos políticos mapuche... CAPMA

En el dia 29 de Agosto en el Juzgado de Garantía de Concépción, en un brevísimo juicio oral fue declarado culpable el dirigente Mapuche de la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco Malleco, Héctor Llaitul Carrillanca. La sentencia de los jueces Adolfo Cisterna Pino, Ana María Hernández y Carmen Durán Vergara. se dará a conocer el próximo lunes 3 de septiembre.

Al momento de su detención en esa ciudad el 22 de febrero de este año, Llaitul, actual vocero público de esa organización, portaba una pistola Taurus inscrita a su nombre. Los fiscales del ministerio público,Julio Contardo y Jorge Lorca, solicita una condena de cinco años y un día, por porte de arma sin el permiso correspondiente, pena considerada racista y discriminatoria por la defensa. El citado delito se castiga con penas de carácter remitido, es decir, libertad condicional con firmas periódicas.

Familiares y amigos del vocero de la Coordinadora Arauco Malleco, sostuvieron en declaración pública que el juicio “tiene como único objeto castigar al movimiento mapuche y sus justas reivindicaciones como pueblo, a través, del encarcelamiento de uno de los fundadores y dirigente histórico de la Coordinadora Arauco Malleco. En todas las causas anteriores Héctor ha sido absuelto. Están archivadas, solo en una cumplió una pena remitida, por el incendio a la Hacienda LLeu Lleu en enero de 2001."

Hector Llaitul se encuentra desde mayo en la carcel de Angol cón 4 otros presos políticos mapuche: Patricia Troncoso, Jaime Marileo, Pedro Queipul y José Huenchunao (este último ex vocero de la Coordinadora, arrestado en enero de 2007 y sentenciado a 5 años por un ataque incendiario en Ercilla). La actuación del Estado chileno en las condenas de estos detenidos por el caso Poluco-Pidenco está siendo investigada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

José Llanquileo, el vocero oficial de la organización ahora también está en prisión, en Traiguén.

En la Cárcel de la Ciudad de Victoria, se encuentra Jaime Huenchullan Cayul, de la comunidad de TEMUCUICUI, quien fue detenido el día Sábado 18 de agosto, en un amplio operativo policial, al interior de dicha comunidad.

En el dia 31 de Agosto, con la detención de dos comuneros culminó el allanamiento realizado por efectivos de Gope de carabineros en la comunidad Juana Millahual, sector Rukañanco de la comuna de Contulmo. En el operativo fueron detenidos el lonko Iván Llanquileo, hermano de José, quién cumple condena en Traiguén y su hermana María Edelmira. Comuneros del sector acusan a la policía de infiltrar un arma de guerra-fusil M16- para justificar el allanamiento. Llanquileo arriesga una condena que va desde los 10 a los 15 años de presidio.

El operativo se llevó a cabo a las 7:00 a.m. el viernes 31 de Agosto y en el participaron cerca de 60 efectivos de fuerzas especiales más integrantes de la comisión civil y de la policía de investigaciones, quienes al mando del fiscal exclusivo para causas indígenas en la zona, Mario Elgueta, intentaban dar con los presuntos responsables del ataque con perdigones a dos helicópteros de la forestal Mininco, hecho ocurrido en marzo pasado.

Además, en el allanamiento fue detenida Maria Edelmira Llanquileo, hermana de Iván, y sobre quién recaía una orden de detención emanada de la Corte de Apelaciones de Concepción debido a un proceso de la antigua justicia por su presunta participación en un atentado en contra de una ex hacienda del empresario Osvaldo Carvajal.

Tras el operativo, arribaron a Cañete tanto la fiscal jefe, Ximena Hassi, como el jefe de la octava zona de carabineros, el general Jaime Vasconcelos, para jactarse del procedimiento bajo los “flashes" y cámaras de los medios de prensa.

Hassi informó que en posesión de Llanquileo se encontró un fusil M-16, cartuchos, un notebook, una motosierra, una bandera del grupo autonomista vasco, ETA, y lienzos con mensajes de oposición a las mineras que están interesadas en explotar el lago Lleu Lleu.
En tanto, por la tarde en el tribunal de Cañete se llevó a cabo la audiencia de control de detención en donde el magistrado decretó la prisión preventiva para el lonko, formalizado por porte y tenencia ilegal de armas de guerra, derivándolo a la cárcel El Manzano por los 6 meses que durará la investigación. Llanquileo arriesga una pena que va desde los 10 a los 15 años de presidio.

Cabe destacar que la comunidad Juana Millahual es la más afectada por proyectos mineros que se iniciarán en la zona y se han manifestado tenazmente en contra desde su conocimiento público. El empresario Jaime Troncoso Sáez pretende extraer escandio en Rucañanco; por su parte, Leonardo Farkas Klein, de Minera Santa Bárbara, está a la espera de que se le concedan “pedimentos de explotación" sobre 70.000 hectáreas de la Cordillera de Nahuelbuta, en el sector colindante del lago Lleu Lleu.

La zona donde están ocurriendo estos hechos es además, curiosamente, “�?rea de Protección Indígena" de acuerdo a la legislación chilena actual. En ella no se deberían desarrollar proyectos que afecten su calidad ambiental y su idílico paisaje.

Pese a los anuncios oficiales acerca de la nueva “pacificación�? del territorio afectado por el denominado conflicto mapuche luego de la detención de los dirigentes de la Coordinadora, continúan en Arauco las movilizaciones relacionadas con la lucha por la recuperación de tierras usurpadas por las forestales. Es así como en julio, diez mapuche de la comunidad Chilcoco fueron formalizados en Arauco por “usurpación no violenta" del fundo Llico en manos de la Forestal Arauco. En Cañete, ese mismo mes se produjo la ocupación por la comunidad Antonio Nicuman de Treng Treng, del sector Huape-Antiquina, en manos de Forestal Mininco. Poco antes, la comunidad de Yeupeko (comuna de Vilcún) afirmó públicamente que continuaría su lucha por recuperar las tierras que reivindica, actual fundo Santa Margarita, y a su vez la comunidad del sector de Nalcahue reafirmó el ejercicio de control territorial sobre un área ancestral recuperada previamente.

La detención de comuneros en toda la zona mapuche está directamente vinculada con la lucha en defensa de sus territorios ancestrales En las cárceles de Angol, Victoria, Lebu, Concepción, Temuco y Traiguén y también en la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago, se encuentran más de 20 presos políticos mapuche, la mayoría juzgados bajo la legislación antiterrorista de tiempos de Pinochet.Las sentencias a las que se les condena, los allanamientos masivos y vejaciones a los que son sometidos comunidades como Temucuicui, Cherkenko, San Ramón, José Guiñón, Tricauco, Ailia Varela del sector Caillin (comuna de Ercilla) son evidente discriminación de los jueces frente a los comuneros Mapuche.

Las fuerzas policiales y la justicia dedican grandes recursos a la criminalización de la lucha mapuche y anuncian otras detenciónes. Las forestales cuentan con permanente protección policial, que en el caso del propietario del fundo Montenegro, René Urban Pagnard, colindante con la comunidad Temucuicui de la comuna de Ercilla, incluye un helicóptero, fuerzas especiales y vehículos policiales en forma permanente. Urban ha logrado que los miembros de la familia Huenchullán Cayul, sus vecinos más próximos, sean objeto de permanentes detenciones y amedrentamientos por la policía, cuando circulan por el camino público que separa ambos predios. Estos hechos han sido denunciados por el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas y documentados en terreno en septiembre de 2006 por una Misión de Observación de Derechos Humanos. En julio de 2006, la Corte de Apelaciones de Temuco había rechazado una denuncia de hostigamiento policial interpuesta por lo comuneros, argumentando que el informe de Carabineros sostenía que tal hostigamiento no existía, una respuesta idéntica a las dadas por tribunales en tiempos de dictadura.

La vulneración de los derechos humanos del pueblo mapuche y la judicialización de sus luchas ha sido criticada en mayo pasado por Amnistía Internacional en su informe 2007 y el año 2006 lo fue por Rodolfo Stavenhagen, relator internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. En marzo de este año, la reprimenda vino del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en sus observaciones y recomendaciones al quinto informe sobre derechos humanos en Chile. El Comité llamó al gobierno de Chile a realizar todos los esfuerzos posibles para que sus negociaciones con las comunidades indígenas lleven a una solución que respete los derechos sobre las tierras de las comunidade afectadas por la expansión forestal y megaproyectos de infraestructura y energía, y para que estas sean reconocidas como tierras ancestrales. En varias oportunidades el gobierno ha recibido llamados de atención provenientes de la Comisión Contra la Tortura de las Naciones Unidas, el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IGWIA); el Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de la ONU; y la Federación Internacional de Derechos Humanos en América Latina. Todos ellos llaman al gobierno chileno a rectificar.

El gobierno de la Presidenta Bachelet presta oídos sordos a las advertencias de los organismos internacionales de derechos humanos y a la activa campaña por la libertad de los presos políticos mapuche desarrollada por las organizaciones de ese pueblo originario en Europa y otras regiones.

Frente a la situación, la pregunta és saber cual és la fuerza internacional necesaria para obligar el gobierno neoliberal y colonialista chileno a parar la répresion y sentarse para escuchar las reivindicaciones del pueblo Mapuche.

Por la fuerza o la razón ?