El Referéndum para la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía se celebró el pasado 18 de Febrero. De entre las múltiples reflexiones o lecturas que pueden sustentar los resultados del 18-f, hemos seleccionado y destacado conscientemente aquellas que nos parecen políticamente más sustantivas desde una perspectiva de izquierda independentista andaluza

Andalucía tras el Referéndum del Estatuto
BALANCE Y PERSPECTIVAS
Andalucía Libre

A la hora de redactar este balance del Referéndum estatutario del 18 de Febrero no hemos querido participar en una carrera contra el tiempo. Hemos dejado expresamente pasar unos días para que pudiera comprobarse cuan pronto un acontecimiento de esta entidad comenzaba mediática y políticamente a disolverse en el olvido.

En este punto, hemos de advertir que de entre las múltiples reflexiones(1) o lecturas que pueden sustentar los resultados del 18-f, hemos seleccionado y destacado conscientemente aquellas que nos parecen políticamente más sustantivas desde una perspectiva de izquierda independentista andaluza; aún a costa quizá de desequilibrar un tanto el trazo del cuadro resultante a ojos ajenos o extranjeros. Esta opción es consecuencia de nuestro compromiso militante. Siendo hoy 'Andalucía Libre' sólo un mero boletín, también hemos querido exprimir las potencialidades de esta condición, expresándonos con plena libertad, como siempre, bajo nuestra exclusiva responsabilidad.

El Estatuto y la abstención

El referéndum del 18 de Febrero ha supuesto la aprobación definitiva de la Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía; un Estatuto que hemos denominado de la Dependencia y cuyo significado y contenido político hemos combatido. Será el Estatuto legalmente vigente en próximos días. Este resultado supone una derrota política, nacional y de clase; para Andalucía y para la izquierda andaluza.

Es una derrota, primero, porque bajo un Estatuto que valorábamos negativo se regulará el destino de nuestro país durante años. Segundo y también, por la forma en que se ha producido su aprobación.

Veamos los datos.

El Estatuto andaluz, apoyado por PSOE, PP y PCE-IU, se ha refrendado con un 63,72% de abstención. Sólo ha votado el 36,28% del censo; menos aun que los que lo hicieron en 2005 en el plebiscito sobre la Constitución europea (40,30%). El porcentaje de participación ha sido inferior al del Estatut catalán de 2006 (49,4%) y sólo superior al del refrendo del Estatuto de Galicia de 1980, en el que sólo votó el 28,2%.

Con un censo que sumaba cerca de millón y medio de electores más que su precedente de 1981 –cuyo referéndum tuvo un 53,49% de participación- el nuevo Estatuto ha recibido incluso en cifras absolutas, 272.711 votos afirmativos menos que el que viene a sustituir. Los 1.899.860 síes -el 87,45% de los votantes- sólo representan el 31,42% del censo; 341.620 votos menos que los obtenidos sólo por el PSOE –una de las tres fuerzas parlamentarias impulsoras- en las ultimas elecciones autonómicas de 2004.

Los resultados del 18-f ofrecen pues un déficit de legitimidad potencial. Pueden constituirse en un futuro en sostén argumental en Andalucía de un cuestionamiento político del Régimen de dependencia; pero sólo si existe una fuerza política y social que lo estructura y organiza. Al momento presente, ante la inexistencia de esa fuerza, el nuevo Estatuto no sufre de deslegitimación social o popular significativa.

Para ver los términos en que hoy se formula políticamente la cuestión, basta recuperar la interpretación de los datos realizada por la dirección estatal del PSOE, que el diario EL PA