Buenos Aires, Lunes 20 de Diciembre de 2004

Sr. Presidente del CONICET
Dr. Eduardo H. Charreau

Ref.: Actas Camufladas y Secretas-Directorio

De mi consideración:

Tengo el deber de dirigirme a Vd. a los efectos de solicitarle en ejercicio del derecho a la información conocer con pronto despacho el contenido de las Actas del Directorio del CONICET correspondientes a los últimos tres (3) años (2002, 2003 y 2004), así como también me veo en la obligación de denunciar la existencia de una eventual maquinación dolosa, consistente en entremezclar --con fines inconfesables-- en dichas Actas resoluciones que deben ser confidenciales y/o reservadas con aquellas otras que carecen totalmente de dicha naturaleza.

El interés de este nuevo pedido obedece a la necesidad de conocer aquellos ítems de dichas Actas correspondientes al Área de Humanidades y Ciencias Sociales, en especial aquellos referidos a resoluciones tales como licencias, ascensos, subsidios, avales, viáticos, premios, traslados, y autorizaciones de asesorías, de consultorías y de lugares de trabajo, y demás beneficios que pudieran testimoniar la probable existencia de prácticas de clientelismo electoral o de favoritismo académico, entramadas en una red facciosa y dotadas con un premeditado enmascaramiento administrativo. Este nuevo pedido tiene su razonable verosimilitud dado que dicha triple estrategia (enmascaramiento, clientelismo y favoritismo) se da no solo en la vida política partidaria, sino que --lo que es más grave aún-- se ha extendido también a la vida académica y/o universitaria. Esto viene ocurriendo con gran daño para el prestigio internacional del país y de su cultura así como para la salud intelectual de las futuras generaciones de investigadores, a los cuales no basta con incorporarlos ciega, masiva y demagógicamente a las filas del CONICET, cuando han de tener que batallar con una estructura de poder autoritaria, absolutista y fraudulenta.

En ese sentido, quien viene detentando el cargo de Coordinador de dicha Área del conocimiento aparentemente piensa volver a postularse para el mismo cargo, con desembozada pretensión de perpetuarse. Esa sospecha se corroboró el viernes 17 de diciembre del corriente en el diario La Nación, donde dicha Coordinadora –que fue cómplice del Proceso y beneficiaria de Fundaciones denunciadas en su momento por malversación de caudales públicos-- se ve retratada a la diestra suya y del Sr. Ministro de Educación Lic. Daniel Filmus en descarada campaña proselitista. Más aún, a los efectos de comprobar si los integrantes de la coalición político-académica gobernante en el CONICET incurrió o no en dolo administrativo (maquinación para producir actos contrarios a derecho) y se ha visto o no asimétricamente beneficiada con los recursos institucionales de dicho organismo es absolutamente indispensable consultar, estudiar, investigar y comparar las Actas del Directorio.

Tengo entendido, aunque no fehacientemente comprobado, que cuantiosos recursos del CONICET han sido en estos últimos años derivados en beneficio de dicha coalición, compuesta por los integrantes de las diversas Comisiones Asesoras del mismo. En este escrito me refiero al Área de Humanidades y Ciencias Sociales, pero puede y debe extenderse también a las demás Áreas. Y en esta solicitud me limito exclusivamente a las Comisiones Asesoras de Historia y Antropología y de Sociología y Demografía y a sus integrantes representados por los Consejos Editoriales de la Revista Theomai, de la Universidad Nacional de Quilmes dirigida por Adrian Zarrilli; de la revista Mundo Agrario del Centro de Estudios Histórico-Rurales (CEHR) de la Universidad Nacional de La Plata editada por la Dra. Girbal de Blacha; del Centro de Investigaciones que en la Universidad de Belgrano dirige el Prof. Osvaldo Barsky; del Instituto de Ciencias Humanas (INCIHUSA) que dirige en Mendoza el Lic. Rodolfo Richard-Jorba; del centro que conduce el educacionista Mariano Narodovsky en la Universidad Nacional de Quilmes; de la revista Travesía, del Instituto de Estudios Socio-Económicos, que preside el Dr. Daniel Campi en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT); de la revista Estudios Sociales que en la Universidad Nacional del Litoral (UNL) conduce el Prof. Darío Macor; de la Maestría en Patrimonio Cultural que en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) dirige el arqueólogo Eduardo Enrique Berberian; de la Secretaria de Comunicación y Cultura de la Universidad Nacional del Sur que en Bahía Blanca dirige la Prof. Mabel Cernadas de Bulnes; y de la Sección de Antropología Biológica del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, a cargo del Prof. Francisco Raúl Carnese.

Para poder entonces evaluar el desempeño de dicha Coordinadora y de sus aliados y subalternos en la Comisiones Asesoras de Historia y Antropología y de Sociología y Demografía, y detectar actos administrativos reñidos con la ética y/o la legislación vigentes es imperativamente imprescindible que se puedan consultar tales Actas. La propia Ley de Acceso a la Información sostiene que “…la administración tiene obligación de proporcionar esta información si el solicitante demuestra en su petitorio que esa información es de interés público por colaborar en la dilucidación del funcionamiento o actividades de un órgano de la administración o de un funcionario público”. No obstante, es bien sabido que dicha Ley autoriza la clasificación o reserva de aquella documentación que fuere “…preparada por asesores jurídicos o abogados de la administración cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la defensa o tramitación de una causa judicial, o …[fuere] protegida por el secreto profesional que debe guardar el abogado respecto de su asesorado; o cuando se trate de datos personales cuya publicidad constituya una invasión de la privacidad personal”.

Pues bien, una estrategia dolosa de quienes sistemáticamente vienen abusando en nuestro país del poder y de la autoridad que les confieren los regimenes electorales es disfrazar o enmascarar los actos administrativos non santos como si estuvieren legalmente dotados de naturaleza confidencial y/o reservada (ver los casos de la SIDE y del Banco Central). Sin embargo, de la enorme masa de ítems incorporados en dichas Actas secretas del Directorio (a mi se me permitió tomar vista sólo del Acta del 22 de septiembre de 2004 descubriendo en ella mas de un centenar de ítems de naturaleza heterogénea que no se me permitió fotocopiar), la mayor parte de los mismos carece de relación directa alguna con los recaudos de privacidad y confidencialidad. En otras palabras, para evitar que numerosos actos administrativos que carecen de naturaleza reservada y/o confidencial pero que son políticamente inconfesables puedan ser dados a publicidad fueron incorporados en las Actas del Directorio conjunta e indiscriminadamente con las resoluciones que sí son confidenciales, de manera tal que a ambos --mediante esa forma simulada-- los cubra el secreto administrativo. Esta maquiavélica estrategia de entremezclar resoluciones de naturaleza radicalmente heterogénea es prima facie sólo una infracción administrativa, pero puede haber llegado a ser imputada en sede criminal como dolosa si una elemental auditoría interna y/o externa hubiere detectado y denunciado las irregularidades en el Fuero Penal Administrativo.

Por todo ello entiendo que mi solicitud cuenta con la suficiente razonabilidad, legitimidad e imperiosidad y permitiría “dilucidar el funcionamiento” de actos reñidos con la ética y la legislación vigente dotando así al futuro acto eleccionario de la transparencia que lamentablemente hasta el momento carece, y que ha sido uno de los motivos por el cual he solicitado el 1 de diciembre del corriente año la suspensión del acto electoral y la declaración de inconstitucionalidad del Decreto 1661/96.

Por último, le ruego a Vd. dar lugar a este pedido con Pronto Despacho dada la proximidad de dicho acto eleccionario y comprobada que fuere la existencia de abusos de poder y de fraude administrativo, consistente en la maquinación dolosa de las Actas del Directorio, le informo que desde ya hago reserva de la acción penal así como del Caso Federal.

Sin otro particular, le saluda

Eduardo R. Saguier
Investigador Independiente del CONICET
Juan F. Seguí 3955, 2º. Piso, Dpto E
(1425) Ciudad Autónoma de Buenos Aires