Comunicado Público
Temuko, territorio mapuche, 9 de septiembre de 2004

PARA ENVIAR SOLIDARIDAD: soli...@yahoo.es fed...@yahoo.es 045-734009
(Centro de Estudiantes)

Frente a la primera instancia resolutiva adoptada por las autoridades de la
Universidad de La Frontera en el proceso de persecución y represión llevado a cabo
en contra de estudiantes de dicha casa de estudios, los estudiantes de la Facultad
de Educación y Humanidades, en conjunto con otras organizaciones sociales,
denunciamos lo siguiente:

Las sanciones de un año para la compañera Marisol Chávez Herting y el compañero
Miguel Fernández Valdivieso, y de un semestre para el compañero Jacinto Vera
Quintriqueo, todos parte del Centro de Estudiantes de la Facultad de Educación y
Humanidades, son ilegítimas y arbitrarias.

Consideramos ilegítimas tanto las sanciones como el proceso en sí, pues está basado
en una ordenanza de derechos y deberes legada de la dictadura militar (1985) y que
intenta juzgar a quienes solo son la cara visible de un movimiento estudiantil que
toma las decisiones en asambleas.

Existe una irregularidad fundamental dentro del proceso, pues los cargos por los que
los compañeros fueron llamados a declarar, son distintos a los cargos estipulados en
la resolución de sanción.

Acusamos la presencia de un abogado contratado por la Universidad, ocupando el rol
de fiscal y una jueza totalmente parcial, pues dentro de la Institución ostenta el
cargo de Vicerrectora Académica.

Siguiendo en el marco irregular e ilegítimo del proceso, la instancia apelativa,
para los estudiantes sumariados, recae en la persona del rector, quien es el que
encabeza la persecución a los compañeros sumariados.

Dentro del proceso de investigación sumaria, conformado por interrogatorios del
fiscal y dictamen de la jueza, no existe instancia, posibilidad, ni derecho alguno a
defensa por parte de los imputados, por ende, este proceso sólo es legal dentro de
la Universidad.

Por otro lado, quienes en estos momentos acusan y juzgan a los estudiantes por
llevar a cabo movilizaciones supuestamente violentas, no tienen autoridad moral para
hacerlo, pues durante un período de la historia del país avalaron la lucha armada
como herramienta política.

Además, las movilizaciones estudiantiles, así como en cualquier sector social
oprimido, han sido una forma de lucha válida a lo largo de la historia.

Por ende, y debido a todas las irregularidades y a la ilegitimidad del proceso y las
sanciones denunciadas anteriormente, los estudiantes y las organizaciones sociales
estamos en estado de alerta; convocando a nuestras bases con el fin de determinar
las futuras movilizaciones, en pos de la permanencia de nuestros compañeros y la
abolición de la ordenanza de derechos y deberes de los estudiantes de la Universidad
de la Frontera.

"Ordenanza de derechos y deberes escrita con sangre en 1985; no a los sumarios
ilegítimos"

"Por la democratización de la Universidad y el fin de la criminalización estudiantil"

"Mapuche procesados y estudiantes sumariados; fin al estado policíaco represivo en
la IX región