Averiguar la verdad de las violaciones a los derechos humanos involucra muchos riesgos, tanto para los investigadores, como para los informantes, testigos y familiares.

 
El periodista Daniel Samper Pizano, apunta que el nuevo tipo de dictadura latinoamericana nació a mediados de los años sesenta en Brasil "con el objetivo de promover un desarrollo capitalista acelerado". Para ello, es preciso dividir a la población entre los que son adeptos al régimen y los que no lo son. A estos últimos, se les equipara a subversivos o cómplices de la subversión; y en la larga lista de sospechosos para el régimen quedan inscritos, automáticamente, intelectuales, periodistas, empresarios, sindicatos y estudiantes. Al mismo tiempo, los medios de comunicación social son sometidos a una estricta censura. Los militares se convierten en una casta de poder.

El aislamiento internacional, en efecto, se produjo por las perseverantes violaciones a los derechos humanos y a los convenios de la ONU; además, la lucha permanente y sacrificada de la resistencia interna, él desgaste generalizado por la corrupción institucional, entre otros hechos, decretaron el alejamiento político de los militares y la restitución del poder a los civiles.

Luego de estos periodos tan agitados por dictaduras militares, el terrorismo de Estado y violencia insurgente a mediados de los años 80, varios países de América Latina comenzaron a transitar hacia regímenes democráticos. Con el retorno de los civiles a la conducción del Estado, surge el crucial debate, sobre ¿qué hacer con los responsables de las violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario?

Averiguar la verdad de las violaciones a los derechos humanos involucra muchos riesgos, tanto para los investigadores, como para los informantes, testigos y familiares. La sospecha del régimen de que las diligencias de los activistas de derechos humanos benefician a la oposición, así como el temor de que sus organismos cuenten en su archivo con materiales relacionados a la historia de terrorismo policial y militar, muchas veces ha llevado a las autoridades militares a precipitados allanamientos, detención o desaparición de los luchadores de derechos humanos. Esta agresión directa contra los organismos de derechos humanos fue una norma de casi todos los gobiernos en América Latina.

En casi todos los países del continente americano son diversos los casos de abdicación del Poder Judicial ante la prepotencia de los gobiernos y de las Fuerzas Armadas. Por esta causa, flagrantes violaciones a los derechos humanos quedan en la más absoluta impunidad. Como prueba de esto podemos mencionar dos casos: 1. La masacre de casi 300 personas, acusadas de terrorismo en tres cárceles de Perú, entre el 18 y 19 de junio de 1986. Después de un falso juicio, se dieron castigos mínimos a los agentes subalternos que participaron en la masacre. 2. El asesinato de más de 100 indígenas Wayú, en la cárcel de Maracaibo, Venezuela; hecho acaecido el 3 de enero de 1994, según denunció Amnistía Internacional.

El jurista peruano Carlos Chipoco, sostiene, que el derecho de los ciudadanos a conocer la verdad tiene fundamentos doctrinarios jurídicos y prácticos; y que la verdad debe ser completa, oficial, pública e imparcial. Agrega que la búsqueda de la verdad es importante, por un deber moral hacia las víctimas, los familiares y los deudos, para descubrir y sancionar a los culpables; para afirmar la democracia y el control ciudadano de las instituciones públicas y para evitar que las violaciones se repitan. Finalmente, Chipoco sostiene que el respeto del derecho a la verdad es importante para abrir la posibilidad del perdón y la reconciliación, y para cumplir con el Derecho Internacional.

Generalmente los propios regímenes militares, antes de dejar el poder, trataron de cerrar la etapa de la historia que tiránicamente dirigieron y procuraron neutralizar cualquier posibilidad de enjuiciamiento posterior de sus actos de gobierno y de sus violaciones a los derechos humanos. De esa forma pretendían ignorar que el derecho a la justicia es un derecho humano, anterior y superior a la autoridad del Estado, de carácter universal, del cual depende la seguridad jurídica de las personas, el orden social y la paz. Querían desconocer que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y que no pueden, en ningún caso, ser objeto de amnistía.

En consecuencia, ¿Cómo reconstruir a una sociedad maltratada? ¿Cómo restablecer la paz? ¿Cómo buscar la reconciliación nacional, sin hacer justicia? Los familiares y amigos de las víctimas, los grupos de derechos humanos, y algunos sectores de la sociedad reclaman el conocimiento de la verdad y la aplicación de la justicia como pasos previos a la reconciliación nacional. La reconciliación tiene esas mínimas y básicas condiciones. Hasta la próxima edición.