ALAI-AMLATINA 30/03/2004, La Paz.- A las 3:05 (hora de La
Paz) del 30 de marzo un ex-trabajador minero se inmoló
detonando una carga de dinamita que llevaba adherida a su
cuerpo. El hecho ocurrió en el hall de ingreso del
edificio anexo a la Cámara de Diputados, ubicado a 50
metros del Palacio Quemado, sede de la Presidencia de la
República de Bolivia. La inmolación sucedió luego de más
de dos horas de negociaciones entre el trabajador y los
jefes bolivianos de inteligencia y funcionarios del
gobierno, quienes intentaban persuadir al minero para
evitar que alcanzara sus propósitos.

¿Quién le pedirá cuentas al neoliberalismo?

Este hecho ocurrió cuando el Congreso debatía la
interpelación a dos ministros del gabinete del Presidente
Carlos Meza por las expresiones vertidas por un ministro,
relacionadas con intereses subalternos que habrían tenido
algunos partidos políticos para apoyar al gobierno. En
forma simultánea, a pocas cuadras de la Plaza Murillo
(donde se ubican las sedes del poder ejecutivo y
legislativo, así como la Cancillería y la Catedral) se
movilizaban más de 45 personas hacia el estadio Hernando
Siles a espectar el partido de fútbol entre las
selecciones de Bolivia y Chile.

El ambiente adquirió niveles extremos de tensión y
angustia pues las primeras informaciones aludían a un
atentado. Poco tiempo después se supo la noticia en su
real dimensión: Eustaquio Picachuri, minero relocalizado
(obligado a renunciar a su fuente de trabajo como
consecuencia del proceso de capitalización
(privatización) de las empresas mineras estatales, había
tomado la fatal decisión de llegar hasta la sede del
Congreso para exigir que se le cancelara sus beneficios
sociales.

Lamentablemente el proceso de negociación no dio
resultado y Picachuri detonó los explosivos, originando
no sólo su propia muerte sino también la de dos oficiales
de alta graduación (uno de ellos el jefe del destacamento
policial encargado de la seguridad del congreso), un cabo
y diez heridos, algunos de ellos en situación de extrema
gravedad.

Hasta el momento se sabe que los jefes de inteligencia y
otros efectivos militares estarían gravemente heridos
como consecuencia de la explosión. Sacha Llorenti,
Presidente de la Asamblea de Derechos Humanos, lamentó lo
sucedido "es un día muy triste para Bolivia, debemos
reflexionar y atacar las causas que han originado estos
hechos" expresó.

Por su parte un dirigente de 2000 mineros en situación
similar a las del suicida dio un alarmante mensaje: "él
ha sido el primero, pero seguiremos otros, estamos
cansados de que nos engañen, a nosotros nos dicen que
para jubilarnos debemos trabajar hasta los 65 años, pero
muchos compañeros no llegan a esa edad, muchos antes ya
escupen sangre", dijo ante periodistas sorprendidos que
no alcanzaban a dimensionar la magnitud de la tragedia.

La voz del gobierno la dio el Presidente Carlos Meza en
una breve conferencia de prensa en la cual concentró sus
expresiones en tres ejes: 1) se trató de un hecho
aislado, 2) que no tiene vinculación política, 3) la
estabilidad y continuidad democrática está garantizada;
sus expresiones fueron respaldadas por el Presidente del
Senado quien habló también a nombre de la Cámara de
Diputados.

Todo indica que efectivamente se trató de una acción cuya
ejecución fue individual; pero, es lícito pensar que la
desesperación del minero traduce un sentimiento colectivo
que él llevó al límite y que pondrá a prueba no sólo la
capacidad del gobierno de Carlos Meza para superar el
trance, sino que también demandará la imperiosa necesidad
de poner fin a la tozudez de los operadores políticos del
modelo neoliberal que ha originado la existencia de
pobreza extrema de decenas de miles de bolivianos y
bolivianas que hoy sufren sus consecuencias.

El día martes 30 de marzo será recordado como una fecha
en la cual Bolivia amaneció con entusiasmo, todos estaban
seguros de un triunfo deportivo que a la postre fue una
derrota por partida doble: perdió la selección de fútbol
y se perdieron varias vidas humanas.

* José Pinto - Liberación - La Paz