Los marcos legales y políticos para gerenciar los nuevos espacios digitales figuran entre los temas centrales en debate en la Conferencia Ministerial Regional Preparatorio de América Latina y el Caribe para la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de Información, que se realiza en Bávaro, República Dominicana, del 29 al 31 de enero.

Las discusiones pusieron en evidencia algunos de los temas que estarán en juego en la cónclave mundial de diciembre próximo (Ginebra). Yoshio Utsumi, Secretario General de la Unión Internacional de Telecomunicaciones –UIT- (instancia organizadora de la Cumbre) en su discurso inaugural, subrayó la necesidad de nuevos marcos legales y políticos para el ciberespacio, comparando a éste con una "tierra nueva, sin fronteras y aún sin gobierno". Planteó, en particular, la necesidad de mecanismos de protección y vigilancia policial en el ciberespacio, las definiciones de jurisdicción para controlar el cibercrimen y la conveniencia de cobrar impuestos a las transacciones electrónicas. Mencionó además la necesidad de garantías para la libertad de expresión y demás derechos humanos.

El tema de los marcos regulatorios se abordó en un panel el día 30. Sally Burch de ALAI, a nombre de la Campaña por el Derecho a la Comunicación en la Sociedad de Información –CRIS-, se refirió a las visiones de la sociedad de la información a partir de las cuales se está abordando el tema. Señaló que en muchos de los documentos y ponencias, se expresa una visión que circunscribe la "sociedad de información" al ámbito digital. Esta visión implica colocar a la tecnología al centro del modelo de desarrollo, y de allí se deduce que superar las brechas es una cuestión de tiempo y voluntad, haciendo caso omiso de las disputas de intereses. Desde este enfoque, se asigna un rol central a las empresas de telecomunicaciones, y por tanto, la prioridad el términos regulatorios sería las condiciones y garantías para alentar las inversiones en sistemas de conectividad.

A ello se enfrenta otro enfoque que subraya que las personas y los derechos humanos –no la tecnología- deben estar al centro de las iniciativas de desarrollo de la sociedad de la información. Burch cuestionó la conveniencia de tratar al ciberespacio como un ámbito legal separado del mundo físico y por fuera de los parámetros democráticos existentes. Reconoció que de hecho, las propuestas que parten de un enfoque social han ido ganando espacio y eco en las posiciones oficiales, por lo menos en lo declarativo, pero queda por ver cómo ello se traducirá en los planes de acción. ( Ver la ponencia completa ).

Emilio Nassar, hablando a nombre de la Asociación Internacional de Radiodifusión –AIR-, luego de levantar la defensa de Radio Caracas Televisión de Venezuela ante "el severo proceso administrativo iniciado por el gobierno de ese país", defendió la radiodifusión privada e independiente como fundamental para la libertad de expresión, a la vez que atacó "la proliferación de emisoras ilegales", sosteniendo que "la ilegalidad en el espectro es sinónimo de anarquía y de caos y es un atentado contra la Libertad de Expresión". En el debate, se cuestionó que la AIR a la vez se opone a las radios ilegales y a una legislación que permita la creación de radios comunitarios, y todo ello a nombre de la "libertad de expresión".

Respecto a los medios de difusión, uno de los planteamientos de la sociedad civil es la necesidad de crear medios de comunicación de interés público, independientes tanto de los poderes políticos como de los económicos, con amplia participación ciudadana en su gestión y producción.

Las organizaciones ciudadanas presentes en la Conferencia, que fueron poco numerosas, expresaron preocupación por la falta de oportunidades de participación de la sociedad civil. Afirmaron en una declaración que "la construcción de las sociedades de la información y comunicación solo es posible con la participación activa e integrada de todos los sectores que las conforman". Entregaron a las delegaciones gubernamentales una carta firmada por más de cien organizaciones de la región, que afirma la importancia de que la amplia gama de visiones y propuestas de los distintos actores sociales sean tomadas en cuenta, cuando se trata de tomar decisiones que afectarán las posibilidades presentes y futuras de toda la población.