First paragraph (Teaser):

Analisis y articulo sobre el problema que viven las personas de la comunidad de San Salvador Atenco, México, D.F. El gobierno mexicano quiere construir un nuevo aeropuerto para la ciudad de México, en esa zona. La comunidad, indigenas, campesinos, la sociedad civil resiste!

Rest of the text:

La situación que se vive en el municipio de San Salvador Atenco implica

acciones decisivas. Estamos a la orilla del agua con tensiones y presiones

políticas y económicas que pueden hacernos caer en un remolino de

violencia, no sólo local sino que puede generalizarse fácilmente.

Como contexto hay que decir que una de las estrategias fundamentales del

actual gobierno para preparar el camino de una mayor integración comercial

global, el presidente Fox ha emprendido una serie de proyectos de

infraestructura que incluyen carreteras, parques industriales y

aeropuertos. Según el gobierno, el desarrollo vendrá con la integración y

ésta se dará mediante la puesta en marcha del Plan Puebla Panamá y sus

derivaciones. A su vez, la construcción de infraestructura servirá también

para reactivar la economía, que durante meses vive fases recesivas.

La construcción de un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México ha

evidenciado las profundas contradicciones entre el modelo de desarrollo

impuesto desde hace lustros por la clase política gobernante y la realidad

de los pueblos y organizaciones sociales que también a lo largo de este

tiempo han ido construyendo alternativas desde sus muy diversos puntos de

vista. Una vez que el gobierno federal decidió que el aeropuerto se

construiría en el ex-lago de Texcoco y promulgó el decreto expropiatorio de

miles de hectáreas de terrenos de cultivo en octubre de 2001, ha ido

creciendo la idea del inminente e inevitable choque entre los pobladores

del municipio de San Salvador Atenco y los gobiernos federal y estatal. De

uno y otro bando, los mensajes son cerrados, contrapuestos y beligerantes.

El gobierno afirma que no hay marcha atrás en sus planes, y pagará a siete

pesos el metro cuadrado de tierra expropiada (o un poco más, en el mejor de

los casos). Los ejidatarios afirman que primero muertos los sacarán de sus

territorios. Actualmente hay un recurso ante los tribunales para demandar

la nulidad del decreto expropiatorio, y su audiencia se ha aplazado

sucesivamente, pero los ejidatarios no tienen confianza en las

instituciones, y de parte del gobierno no hay señales claras de operación y

conducción política de los conflictos.

El mediodía del 11 de julio de 2002 se desató uno de los episodios más

violentos del movimiento de resistencia que los ejidatarios mantienen para

defender sus tierras. Al pretender asistir a un acto del gobernador priista

Arturo Montiel, para exigirle una audiencia en rechazo a la construcción

del aeropuerto que él mismo promovió, un grupo de ejidatarios fueron

detenidos por fuerzas especiales de la policía estatal, y luego de una

provocación de policías vestidos de civil, se dio un enfrentamiento con

múltiples heridos, la detención de 15 dirigentes del movimiento campesino y

la captura de 7 funcionarios públicos retenidos por los ejidatarios, así

como la interrupción del tránsito de importantes carreteras del oriente de

la Ciudad de México.

En los medios de comunicación y en las diferentes declaraciones de

gubernamentales y de los empresarios interesados, se ha manejado el

prejuicio de que los ejidatarios son violentos por naturaleza,

intransigentes, están en contra del desarrollo y en contra del país en

general. Los llaman guerrilleros, subversivos y reiteradamente utilizan las

imágenes de los campesinos en marcha por distintos puntos del país,

blandiendo sus machetes en forma amenazadora. Exigen el establecimiento del

estado de derecho por la vía del encarcelamiento de todos los rijosos y el

comienzo ya de los trabajos del gran negocio que significará el aeropuerto.

Los ejidatarios han estado múltiples veces en el Distrito Federal, pero

también en Nuevo León, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, entro otros estados,

mostrando efectivamente su determinación de lucha y sus machetes como

emblema central. Han asistido a múltiples encuentros, asambleas y reuniones

con otras organizaciones sociales, sindicales y políticas, y han emplazado

prácticamente a todas las instituciones públicas a resolver este conflicto.

En más de cuatro ocasiones han exigido al presidente Fox a un debate

público, en la propia casa presidencial, pero nunca ha respondido.

En contra parte, el Secretario de Economía, en sus comparecencias ante el

Congreso de la Unión ha demostrado la falta de oficio político, al

argumentar que técnicamente no han omitido ningún procedimiento, pero llegó

a afirmar que los patos de la reserva ecológica del lugar ya tomaron la

decisión de convivir con los aviones. Reiteradamente desde el gobierno se

dice abierto al diálogo pero no se conoce de las reuniones de concertación

y mucho menos de sus contenidos. La más reciente vez que el gobierno se

contradice flagrantemente, fue el 12 de julio, un día después del

zafarrancho entre policías y ejidatarios, cuando el presidente Fox llama al

diálogo pero afirma categóricamente que el aeropuerto se construirá en

Texcoco.

Destaco cuatro características del conflicto actual:

1. El gobierno federal no tiene capacidad de negociación. Así como en el

caso de la Reforma en materia de derechos indígenas, parece ser que el

gobierno abandona al libre juego de las fuerzas políticas y económicas un

hecho relevante para la vida del país. No se intenta siquiera construir un

mecanismo de interlocución y mucho menos se presentan propuestas de

solución. Ante la inminente llegada del Papa Juan Pablo II a fines de

julio, hay voces que alertan sobre la tentación de un desenlace rápido y

por la vía de la fuerza del conflicto.

2. El gobierno estatal no tiene interés en la negociación. Siendo promotor

principal del proyecto del nuevo aeropuerto, el gobernador seguramente ve

la oportunidad de manejar las distintas fuerzas para su beneficio: por un

lado deja que el problema social se pudra en manos del gobierno federal, y

por otro lado apuntala sus negocios con los empresarios beneficiados por la

expropiación y la consecuente comercialización de los espacios.

3. Los ejidatarios de Atenco se encuentran acorralados. Producto de su

propio discurso y de sus acciones, tampoco han construido una base de

negociación con los gobiernos estatal y federal. Se dice que no todos los

ejidatarios ni todas las comunidades tienen el mismo compromiso de lucha, y

esa puede ser una vertiente importante de debilitamiento. Asimismo su

estrategia de alianzas con otras fuerzas sociales rinde frutos, pero en el

momento de los hechos es difícil la actuación prolongada de organizaciones

en situaciones distantes.

4. La sociedad civil aún tiene que demostrar su eficacia. Ante un escenario

que rápidamente se ha descompuesto, la llamada sociedad civil, y sus

organizaciones de trabajadores, estudiantes, activistas, académicos y

especialistas deben proponer alternativas tanto al conflicto como a los

caminos de su solución. Las recientes inciativas de cinturones civiles para

evitar el enfrentamiento directo entre la militarizada Policía Federal

Preventiva y los ejidatarios es un avertiente útil, pero difícilmente

sostenible por mucho tiempo. Asimismo la creación de una intermediación que

facilite la negociación (encabezada por Rosario Ibarra, Samuel Ruiz y el

Gral. Gallardo) es también una aportación valiosa desde la experiencia

social en la negociación en Chiapas. Sin embargo también sufrirá de los

embates del desgaste y la presión de los medios interesados en desacreditar

y desvalorar esfuerzos que deberán comenzar por la aceptación de las partes

(sobre todo del gobierno federal) del conflicto que ha salido de cauce y de

un modelo de solución que puede resultar largo para las pretensiones

políticas y económicas de los intereses involucrados. Desde distintos

espacios se han mencionado como alternativas para la construcción del

aeropuerto, el Bordo de Xochiaca e incluso la ampliación del actual

aeropuerto internacional. Es decir, que siempre habrá materia de

negociación y caminos de solución si existe voluntad política y capacidad

de interlocución.