* Frente a la última demostración de la política criminalizadora contra los movimientos sociales autónomos por parte del gobierno venezolano, un integrante de la redacción de El Libertario expone la posición de este colectivo anarquista ante el tema.

Cuando este texto se escribe Lusbi Portillo, profesor en la Universidad del Zulia (en Maracaibo), activista ambiental y solidario permanente con el movimiento indígena, se encuentra escondido en resguardo de su vida y su integridad física. Después de los sucesos del pasado 13 de octubre en la Sierra de Perijá, en donde murieron dos yukpas y fueron heridos otros cinco en la degeneración de un conflicto cuya motivación de fondo es la delimitación de las tierras indígenas. Funcionarios policiales de la región aseguraron que era inminente la expedición de una orden de aprehensión contra el universitario bajo el cargo de “posesión de drogas”. No es la primera vez que el profesor resulta criminalizado por su activo acompañamiento de las reivindicaciones de los pueblos originarios, pero ante la evolución de los acontecimientos –en los cuales la investigación de los sucesos ha sido decretada como “razón de Estado” por las autoridades- decidió tomar medidas preventivas con su pase a la clandestinidad.

El ambientalista realzó su protagonismo en las luchas indígenas al reaccionar al anuncio gubernamental, realizado por el propio Presidente de la República el 13 de noviembre del año 2003: triplicar la explotación de carbón en la región zuliana para llevarla a 36 millones de toneladas métricas anuales. El primer “error” de Lusbi Portillo, desde la visión de la polarización inmovilizante que ha copado la escena política nacional, ha sido el de mantener arriba sus valores y reivindicaciones a pesar del discurso oficial que prometía satisfacerlas en algún momento futuro. No obstante sus propias expectativas y simpatías personales, Portillo no hipotecó sus reclamos ni aceptó degradarlos en la jerarquía de sus prioridades, preservando su autonomía como iniciativa de carácter social, lo que mantuvo su capacidad de convocatoria para los problemas de su incumbencia a pesar de las coyunturas electorales.

Un segundo “error” de Lusbi Portillo ha sido razonar con cabeza propia. A diferencias de otros intelectuales y miembros del mundo académico cuyo discurso se ha degradado al gusto y nivel de las cúpulas polarizadas del gobierno y la oposición, Portillo mezcla elementos de investigación y activismo para generar un pensamiento que lo motiva a actuar en consecuencia. De esta manera ha podido diagnosticar las raices de las políticas públicas y privadas que impactan en la naturaleza y en el modo de vida de los pueblos originarios, realizando una correcta valoración de las consecuencias del progresivo acoplamiento de Venezuela a las principales tendencias de la economía globalizada. Es así como relaciona el plan de desarrollo promocionado para la región zuliana dentro del proyecto de Iniciativa de Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), una integración cuyo objetivo es optimizar el flujo de recursos energéticos y el aumento de la competitividad regional para la satisfacción de la demanda internacional. En decenas de documentos y conferencias, Portillo ha demostrado que el IIRSA, un proyecto convenientemente silenciado por el limitado debate polarizado, representa el anverso de la moneda de una política públicamente condenada por el actual tren gubernamental: El Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Este agudo examen de la profundización del rol asignado al país por los principales actores económicos globales, que incluye otras políticas de supuesto desarrollo “endógeno” como Puerto América, el Gasoducto del Sur, la explotación de la reserva de Imataca y el desarrollo del eje Orinoco-Apure, deja ver lo que realmente hay detras de la mitificación anticapitalista que proclama el actual ocupante del Palacio de Miraflores.

Un tercer “error” de Lusbi Portillo ha sido que, en el marco de sus reivindicaciones inmediatas –la preservación del medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas- ha establecido alianzas y relaciones con iniciativas de base de todo tipo, cuya precondición no sea su propia definición frente al presidente Chávez sino su grado de solidaridad con la naturaleza y las comunidades originarias del país. De esta manera Portillo ha sido el nodo central ad hoc de una red social de geometría variable que, no sin conflictos ni fluctuaciones, ha desarrollado una de las pocas experiencias en el país cuyo despliegue ha resistido al maniqueísmo para intentar construir y expresar una perspectiva propia, dando un ejemplo de cómo desmontar la demagogia de quienes alimentan el falso dilema "chavismo vs. antichavismo" para domesticar luchas sociales y construir protagonismos de propósito electoral.

Todas los anteriores “flaquezas” están condenando a Lusbi Portillo al ostracismo y el aislamiento, precisamente uno de los objetivos trazados por cualquier política que criminalice las protestas beligerantes e independientes de los luchadores sociales. Después de haberle amenazado repetidamente con precedentes y advertencias, dos mujeres –las abogadas Luisa Ortega Díaz (Fiscal General de la República) y Gabriela Ramírez (Defensora del Pueblo)- serán corresponsables de cualquier perjuicio a la libertad, integridad personal y la propia vida de Lusbi Portillo, un activista cuyo mayor error ha sido mantener sus antiguas creencias en pie en un tiempo signado por las éticas oportunistas y los valores adormilados por el aire acondicionado. Solidaridad con Lusbi Portillo.

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