* En los difíciles tiempos que vive el movimiento obrero venezolano, quizás lo más dramático han sido las acciones criminales que cobran la vida de decenas de sindicalistas, ante la pasividad del gobierno seudo-revolucionario y el silencio de sus admiradores del exterior. Sobre ello habla este texto de El Libertario, # 55, enero-febrero 2009.

“En revolución, los sindicatos deben desaparecer… los sindicatos nacieron con el mismo veneno de la autonomía. Los sindicatos no pueden ser autónomos, habría que acabar con eso.”
HUGO CHÁVEZ. Discurso en el acto de lanzamiento del PSUV. Caracas, 24-marzo-2007.

La ejecución cobarde de 3 dirigentes obreros del Estado de Aragua, ocurrida el 27/11/08, obliga a poner atención sobre las criminales prácticas que en años recientes vienen convirtiéndose en habituales dentro de lo que queda del postrado movimiento sindical. Como ha ocurrido en otros lugares del planeta, un signo de tiempos de mengua en la militancia laboral es la presencia creciente de procedimientos gangsteriles de toda laya, que empiezan a ser una funesta rutina que agrava aún más la decadencia de las luchas de los trabajadores.

Parte de la evidencia concreta de hasta dónde ha llegado la perversión hamponil dentro del sindicalismo ha sido recogida – en su faceta más tenebrosa, como es el homicidio de activistas laborales – en los informes para los años 2007 y 2008 de la organización de derechos humanos PROVEA www.derechos.org.ve. En base al acopio de lo publicado en la prensa de todo el país, esos informes dan un registro que estimamos muy fiel en hechos relativos al tema que nos interesa, donde destaca un cómputo alarmante: _entre octubre de 2006 y septiembre de 2008 ocurrieron en Venezuela 77 asesinatos de sindicalistas_. Los crímenes han sido fundamentalmente contra militantes ligados a los sectores de la construcción y petrolero, siendo causados en su casi totalidad por el control de los mecanismos para dar empleo en las “contratas” del respectivo sector, que en un alto porcentaje (75 % para construcción) está en manos del sindicato, por lo que quien domine la directiva gremial suele hacerse de lucrativas tajadas vendiendo puestos a quien lo necesite. Vale destacar que en esas pugnas con saldo de muertes ni siquiera hay el añadido de diferencias políticas, pues los bandos enfrentados suelen identificarse con igual fuerza como afectos al oficialismo.

La situación es tan grave que el Informe 2007 de PROVEA afirma que, después de Colombia, somos el país donde hay mas peligro para quien ejerce la actividad sindical. Además, la impunidad y el silencio cómplice acompañan a tan terrible situación. Un reporte de la Vicaria de Derechos Humanos de Caracas – adjunto al Informe PROVEA 2007 – anota que sobre 52 casos recientes de homicidios de sindicalistas, sólo 3 han sido penalmente castigados. Por su parte, las centrales sindicales (sean opositoras, como la macilenta CTV, o afines al gobierno, como la inoperante UNT o la sumisa FSBT), no han hecho ninguna campaña, pronunciamiento o denuncia contundente sobre esta atrocidad. En cuanto a voceros y devotos del chavismo, despachan el incómodo tema, si es que se ocupan de él, atribuyendo la situación a los omnipresentes complots del Imperio en alianza con la patronal local, alegato paradójico considerando que en construcción y en petróleo quien no labora directamente para el sector oficial, casi de seguro trabaja para alguien que está contratado por el Estado. Tampoco podía faltar la clásica respuesta gubernamental cuando se desea desatender un asunto espinoso: en 2007 se decretó una Mesa de Alto Nivel contra la Violencia Sindical, de la que al poco tiempo ya no se supo más nada.

La gangsterización avanza

Al vil asesinato de Richard Gallardo, Luís Hernández y Carlos Requena lo rodean circunstancias que apuntan a una escalada en la presencia de usos criminales en el medio sindical. Sus familiares y compañeros cercanos en luchas obreras y comunitarias, desde un primer momento expresaron que la principal sospecha como responsables en ordenar la masacre recaía sobre burócratas sindicales y líderes político regionales, ligados al oficialismo (en concreto: el alcalde de la ciudad de Villa de Cura y su hermano, cacique de gremios chavistas). Esa presunción incluso fue recogida en diversos medios de difusión, particularmente porque era proclamada por muchos y a viva voz en las diversas movilizaciones y protestas realizadas en la región en los días subsiguientes al hecho, donde una consigna repetida era la denuncia al “sicariato sindical”, en cuanto modalidad impulsada por burócratas corruptos para eliminar a activistas que entorpeciesen sus negocios sucios. En este caso específico, los tres eran militantes de un grupo trotskista que ha logrado alguna implantación en la zona (por ejemplo, Hernández era Secretario General del sindicato de la Pepsi en Villa de Cura, donde logró 3.816 votos como candidato a Alcalde). Ese grupo – cuya referencia más conocida a nivel nacional es el sindicalista Orlando Chirino – ha venido en los últimos 2 años abriendo distancia crítica frente al oficialismo, lo que unido a las denuncias y acciones que venían impulsando en Aragua los convirtió en un obstáculo para las mafias regionales ahora acusadas por la voz popular.

Para acrecentar la sospecha, está también el turbio manejo que el gobierno y sus acólitos han hecho de este crimen: sus portavoces callaron hasta que - 4 días después - Chávez mencionó lo ocurrido, insinuando una borrosa responsabilidad de empresas extranjeras y paramilitares (¿?¡!), lo cual se sustentaba en que los fallecidos habían ido ese día a brindar su solidaridad a los trabajadores de una empresa de propiedad colombiana. De ese o similares cuentos se alimentó la versión oficial – coreada con ardor por los fans internacionales de la “revolución bolivariana”- que cambió cuando el Ministro del Interior anunció la captura del autor material de los homicidios, diciendo que la causa del hecho era pelear por el control del contrato colectivo en la industria de gaseosas. Esto indignó a los deudos, al presentar el asesinato como un vulgar “ajuste de cuentas”, aparte que el inculpado por las muertes – un trabajador de Pepsi - sería un chivo expiatorio, pues diversos testigos lo ubicaban en su sitio de trabajo al momento del suceso. Como broche de oro, el nuevo gobernador chavista de Aragua, que no había dicho nada, al fin abrió la boca para asegurar que no permitiría más protestas sobre el asesinato, pues tenía informaciones precisas en cuanto a que esas manifestaciones servían a los propósitos de un plan desestabilizador (de nuevo ¿?¡!). Lo otro ha sido, como cabe suponer, decretar una Comisión Oficial que se ocupará de estudiar el asunto…

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