Poder Judicial de la Nación

Expte. 25.761/2008 “Saguier, Eduardo R. c/Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y otros s/amparo ley 16.986”

///nos Aires, 16 de diciembre de 2008-12-29
Y VISTOS Y CONSIDERANDO

1º Que el Dr. Carlos Manuel Grecco integra la Sala II en los términos de la Acordada 1/2008 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

2º Que el actor promovió acción de amparo contra el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y contra diversas personas que se desempeñan en el ámbito de esa institución para que se les prohíba intervenir en cualquier trámite o acto administrativo relacionado con sus actividades como investigador científico del CONICET, haciendo extensiva esa prohibición a las demás dependencias del Estado Nacional que tienen competencia como órganos de apelación y trámite de recursos y demás gestiones originadas en el mencionado organismo por caberles las generales de la ley, y por estar incursas en causales de inhibición y recusación. Solicitó que se ordene al CONICET a dar estricto cumplimiento con lo dispuesto en el art. 8º de la ley 19.549 y se disponga que se le haga siempre entrega de la copia de la totalidad de los registros de los actos administrativos de referencia. Peticionó que se le notifique personalmente y con estricto cumplimiento del término de ley (art.6º de la norma citada) de las personas físicas que como subrogantes pasen a integrar los órganos colectivos de la Presidencia, Directorio y Comisión Asesora del organismo.

Como medida cautelar, solicitó la prohibición de innovar respecto de su condición de revista y se ordene el pago regular de sus haberes en el CONICET durante el trámite de la causa. También, que se prohíba a los demandados de continuar interviniendo en cualquier trámite o acto administrativo relacionado con sus actividades como investigador científico.

Señaló que el 21 de octubre de 2008 recibió la notificación de la resolución 2255/08 que se dice emitida por el Directorio de la institución pero que solo fue firmada por la Presidente por el que se dispone calificar de no aceptable su informe anual 2004-2005 situación que lo coloca –habida cuenta de que no se le aceptó un informe anterior- en la condición de ser apartado de su cargo con la pérdida del mismo, de su carrera y de sus haberes. Agregó que respecto de esa arbitraria e infundada resolución, interpuso recurso de nulidad y que el acto cuestionado se dictó previo informe de una comisión asesora integrada por personas que están inhabilitadas respecto de su persona por ser enemigos suyos por haber sido denunciados cabiéndoles la causal de apartamiento y excusación.

3º) Que la señora juez de primera instancia desestimó el remedio solicitado. Para así resolver, señaló que la sumarísima vía escogida y la inminencia de su decisión –ya se ordenó el pedido de informes del art.8º de la ley de amparo- descartan la existencia de perjuicio irreparable que torne ilusoria la futura sentencia. Señaló que tal circunstancia exime de examinar los demás recaudos necesarios para su otorgamiento y que, por lo demás, acceder al dictado de la cautelar intentada, importaría anticipar juicio de mérito sin contar con los mínimos elementos de valoración para ello.

4º) Que a fs.21/26 apeló el actor y fundó el recurso. Señaló que la resolución impugnada es arbitraria por inmotivada, que la decisión del CONICET lo colocó en situación de inminente despido y que el dictado de una sentencia en un término breve no es tal si se observa la extensión del litis consorcio pasivo, que importará que se dilaten las notificaciones y, además, teniendo en cuenta la proximidad de la feria de enero de 2009. Reiteró que lo que solicita es que no se cambie su situación actual de revista y que tampoco se permita que los demandados continúen interviniendo, lo que es una garantía de objetividad y más aún si el trámite del amparo va a ser rápido como señala el juez a quo.

5º) Que las medidas cautelares tienen como objeto impedir que el derecho cuyo reconocimiento o actuación se pretende obtener a través de un proceso, pierda virtualidad o eficacia durante el tiempo que va desde la iniciación hasta el dictado del pronunciamiento y el cumplimiento de la sentencia definitiva. Requieren para su procedencia, la verificación de los extremos básicos previstos por el art. 230 del C.P.C. y C., esto es, la verosimilitud del derecho invocadlo y el peligro de un daño irreparable en la demora. En particular, cuando la pretensión se intenta frente a decisiones de los otros poderes del Estado, es necesario que se acredite prima facie, y sin que esto suponga un prejuzgamiento de la cuestión de fondo, la manifiesta arbitrariedad del acto recurrido, dado el rigor con que debe apreciarse la concurrencia de los supuestos que la tornan admisible, y ello es así, porque sus actos gozan de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria (Conf..Fallos 323:4192).

Son reiterados los precedentes que entienden que los requisitos de verosimilitud del derecho y de un daño grave e irreparable se hallan de tal modo relacionados que a mayor verosimilitud del derecho no cabe ser tan exigente en la gravedad e inminencia del daño y, viceversa, cuando existe el riesgo de un daño extremo e irreparable, el rigor acerca del fumus se puede atenuar (Conf.. Sala II “Continental Illinois” del 9-4-92), pero ambos requisitos deben encontrarse presentes (Conf..Sala II “Inalruco” del 5-8-97).

6º) Que mediante la resolución no 2255/08 suscripta por la Presidente del CONICET se declaró no aceptable el informe de la labor cumplida en el período 2004/2005 por el actor. En los considerandos del acto, se detalló que la decisión fue acordada en la reunión del Directorio de los días 23 y 24 de septiembre del corriente año y con arreglo a lo dispuesto por la Comisión Asesora de Historia, Antropología y Geografía (Conf.. copia que integra la documentación acompañada).

En el limitado marco cognoscitivo de la medida solicitada y con la escasa prueba acompañada, el Tribunal no está en condiciones de emitir opinión ni siquiera de modo provisorio sobre la presunta arbitrariedad del acto impugnado, la validez de la opinión de la comisión asesora, como tampoco respecto de las causales de inhibición y recusación de aquélla que se alegan. De este modo, teniendo en cuenta la complejidad de la cuestión traída a estudio, el requisito del “fumus” no se encuentra acreditado a fin de otorgar el remedio solicitado.

Que tampoco se desprende de las constancias arrimadas que exista peligro en la demora que pudiera tornar ilusorio el derecho del actor hasta tanto se dicte la sentencia definitiva en la acción de amparo incoada. Ello así, dado que prima facie no surge del acto impugnado que el organismo demandado hubiera resuelto modificar la condición de revista del actor ni afectar el pago regular de sus haberes. Por otra parte, no es dable presumir que, en principio, los co-demandados sigan interviniendo en trámites o actos relacionados con las actividades del actor hasta tanto se pronuncie la administración, en la medida que la recusación planteada contra aquéllos es uno de los puntos que integran el recurso de nulidad, reconsideración y alzada interpuesto por el accionante en sede administrativa contra la resolución no 2255/08 unos días antes de promover esta acción de amparo, tal como surge de la copia del escrito que integra la documentación acompañada.

Por lo expuesto, se desestima la apelación y se confirma el pronunciamiento recurrido ASI SE RESUELVE.

Se deja constancia que la vocalía V se encuentra vacante.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Marta Herrera

Carlos Manuel Grecco

Macarena Marra Giménez
Secretaria de Cámara

SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
LIBRO DE SENTENCIAS
Registrado el No 328 f.686/7 fo2
ANTE MI

INTERPONE RECURSO DE QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO FEDERAL EXTRAORDINARIO. RATIFICA RESERVA. PETICIONA.

Exma. Corte Suprema de Justicia:

Eduardo R. Saguier, constituyendo domicilio legal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en calle Juan Francisco Seguí n° 3955, 2° piso departamento E de esta Capital Federal, por la actora en los autos: Saguier Eduardo R. c/Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y Otros s/Amparo Ley 16.986 (expediente Nº 25.761/08), a V.E. digo:

1.- Interposición: Que vengo en tiempo y forma a interponer contra el fallo de la Sala 2 de la Exma. Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Capital Federal de fecha 12 de febrero de 2009 notificado a nuestra parte el día 19 de febrero de 2009 el recurso de queja por denegación del recurso federal extraordinario previsto en la ley 48 fundándolo en el exceso ritual manifiesto, en la violación del derecho federal aplicable al caso y además fundándolo en la arbitrariedad por ausencia concreta de fundamentos y por la violación directa de la Acordada 4/2007 artículo 17 que deja en claro que debe admitirse el recurso federal extraordinario cuando el incumplimiento de los recaudos previstos en la citada acordada 4/2007 no constituyen un obstáculo para la admisibilidad de la pretensión recursiva.

2.- Interposición en término de este recurso de queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y razones formales que se cumplimentan para la admisión de este recurso: El presente recurso se interpone dentro del término de ley, como se informa más arriba, y se interpone con arreglo a las exigencias que rigen el trámite del mismo en la Acordada 4/2007 incluida la presentación de la respectiva carátula y el acompañamiento de la decisión impugnada en el recurso federal extraordinario (requisito del artículo 7, inciso a), la copia del escrito de interposición del recurso (requisito del artículo 7, inciso b) y la copia de la resolución denegatoria de dicho recurso federal extraordinario (requisito del artículo 7, inciso d). Adicionalmente, se acompaña la boleta que acredita el depósito correspondiente de cinco mil pesos ($ 5.000).

3. Requisito relativo a la Reserva de Caso Federal: Este recurso se interpone conforme a la reserva oportuna que nuestra parte hiciera, desde el inicio de este proceso, del caso federal documentado en los autos de referencia.

4. Expresión de agravios relativos a la denegatoria por parte de la Sala 2 de la Exma. Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Capital Federal del recurso federal extraordinario: Este recurso se interpone en razón de una triple violación de la ley, de la doctrina y de los precedentes aplicables lo que tiene además estrecha relación con la violaciones al derecho federal contenidas en el fallo recurrido en queja (que en copia se acompaña) y que ha dado origen al recurso federal extraordinario arbitraria e ilegalmente denegado por la sala 2 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Capital Federal:

En primer lugar el resolutorio que deniega el recurso federal extraordinario me agravia en su considerando 3° porque es arbitrario y falso al sostener que su pronunciamiento no es sentencia definitiva toda vez que con dicho pronunciamiento se ha dado fin al proceso cautelar y esto es sentencia definitiva en orden al grado y a los efectos de mi pretensión cautelar lo que es correlativo y equivalente a sentencia definitiva en el sentido exigido por la ley y la doctrina respecto del recurso extraordinario. El argumento de la Cámara confunde sentencia definitiva con sentencia firme y la ley no exige sentencia firme sino solo sentencia definitiva que es la que cierra la vía para el accionar y la prosecución de una pretensión dentro de un proceso. Si se admitiera la doctrina de la Cámara en el pronunciamiento que recurro en queja se tornaría imposible recurrir por cuanto todos los reclamos deducidos en pretensiones sobre las que hay sentencia definitiva tendrían que quedar primero firmes dentro de un pleito concluido lo que haría imposible el recurso cuando hay violaciones ostensible a la Constitución o cuando hay arbitrariedad o gravedad institucional. En suma la Cámara dice que como no hay fallo firme ni ha terminado el pleito no corresponde el recurso extraordinario con lo cual no solo se viola el derecho de defensa sino que se incurre en gravedad institucional al cerrar la vía recursiva sobre la arbitrariedad y la violación de mis derechos constitucionales.
En segundo lugar la denegatoria del recurso extraordinario referenciado en su considerando 4° me agravia porque se niega a considerar la arbitrariedad que es una causa específica de recurso extraordinario lo que significa lisa y llanamente que se deniega el recurso extraordinario por disconformidad de esa Cámara con el recurso mismo, rechazo que se hace al margen de la ley y al margen de la doctrina vinculante de la Suprema Corte sobre la procedencia por arbitrariedad del recurso extraordinario federal. La corte ha sostenido en forma reiterada que la arbitrariedad es causal que habilita el recurso extraordinario de manera que la denegatoria es una violación de la doctrina de la Corte y por ese solo motivo debe admitirse esta queja y hacerse lugar a la misma entrando a conocer mi recurso extraordinario y oportunamente haciendo lugar a lo allí solicitado.
En tercer lugar me agravia la denegatoria del recurso federal extraordinario en su resolutorio de referencia de su considerando 3° por la gravedad institucional que implica el atenerse, sin ningún fundamento preciso, a meras excusas formales indeterminadas frente a una cuestión en la que lo que se debate es nade menos que la violación del derecho de defensa y la violación del debido proceso legal por parte de esa mismo Cámara. Como ya lo he señalado en mi recurso federal extraordinario la interposición se ha hecho buscando un remedio federal por tres gravísimas violaciones:
a) violación del derecho de rango constitucional que en el artículo 18 de nuestra Carta Magna impone el completo y absoluto respeto al debido proceso legal;
b) apartamiento completo de las reglas específicas de derecho aplicables en clara violación del régimen de igualdad ante la ley también establecido en el artículo 18 de nuestra Carta Magna; y
c) manifiesta arbitrariedad al pronunciarse con arreglo a interpretaciones y agregados extraños a las leyes vigentes y la doctrina de la Corte en lugar de aplicar esas mismas leyes vigentes y esa misma doctrina vinculante de la Corte tal como se explica en el memorial del recurso extraordinario que acompaño con arreglo al recaudo exigido por el artículo 7 inciso b de la Acordada 4/2007.

5. Recaudos establecidos en el artículo 4° de la Acordada 4/2007 de la SCJN: Cumplo de manera estricta con los recaudos de este artículo y presento este memorial en menos de diez páginas de 26 líneas cada página y con letra bien legible de tamaño no menor de 12.

6. Recaudos establecidos en el artículo 5° de la Acordada 4/2007 de la SCJN: Cumplo de manera estricta con los recaudos de este artículo y presento adjunto a este memorial la carátula respectiva como se establece en este artículo, indico claramente los demás recaudos que aquí explicito:
a) Tribunal que ha dictado la resolución denegatoria: Sala 2 de la Exma Cámara Contenciso Administrativa de la Capital Federal.
b) Otros tribunales que han intervenido en el trámite de la causa: En primera instancia ha intervenido el Juzgado Federal n. 10, en lo Contencioso Administrativo, a cargo de la Dra. Liliana Heiland, de la Ciudad de Buenos Aires, y como tribunal de alzada en segunda instancia ha intervenido la citada Sala 2 de la Cámara Contencioso Administrativa de la Capital Federal.
c) Fecha de notificación del pronunciamiento objeto de queja: La resolución denegatoria del recurso federal extraordinario fue notificada a nuestra parte el día 19 de febrero de 2009.
d) Aclaración si se ha hecho uso de la ampliación de plazo prevista en el artículo 158 del CPCyC de la Nación: No se ha hecho uso de esa ampliación. Este recurso se presenta antes que venza el término de 5 días hábiles.
e) Demostración de que el recurrente esta exento de efectuar el depósito previsto en el artículo 286 del CPCyC de la Nación: Se ha cumplimento el depósito exigido y se acompaña la constancia respectiva.
f) Habiéndose cumplido con los requisitos de admisibilidad formal deberá, por el ende esta Corte recepcionar este recurso imprimiéndole el trámite de ley y en razón del cumplimento de las formalidades exigidas deberá admitir formalmente este recurso y, admitido que fuere el mismo, deberá entrar a conocer el recurso extraordinario federal contra el fallo de la sala 2 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Capital Federal en el caso de los autos de referencia debiendo por último pronunciarse oportunamente sobre el mismo y admitirlo por las razones en el mismo invocadas.

7. Recaudos establecidos en el artículo 6° de la Acordada 4/2007 de la SCJN: Este artículo exige la refutación en forma concreta y razonada de todas y cada uno de los fundamentos independientes que dan sustento a la resolución denegatoria. En la sección número 4 de este escrito he hecho la crítica concreta y razonada de la resolución objeto de queja, crítica que se hace puntualmente a cada uno de los considerandos de dicho resolutorio y al resolutorio mismo.

Petitorio: Por todo lo expuesto a V.S. solicito:

6.1. Se tenga por interpuesto y cumplimentado el recurso de queja por denegación del recurso federal extraordinario y por cumplimentado sus recaudos.
6.2. Oportunamente se lo admita formalmente y se le de el trámite de ley.
6.3. Asimismo se deberá tener presente que en todo momento y a todo evento se ha hecho la reserva del caso federal por estar violados el debido proceso legal y la igualdad ante la ley, derechos federales de rango constitucional consagrados y protegidos por el artículo 18 de la Constitución Nacional.
6.4. Por fijado domicilio legal especial en la ciudad de Buenos Aires
6.5. Oportunamente y como consecuencia de la admisión de este recurso de queja se admita el recurso federal extraordinario como se pide y en mérito a ello se ordene revocar el fallo de los autos de referencia en la forma que se pide lo mismo que los fallos previos de primera y segunda instancia como se pide.
6.6. Oportunamente se considere la gravedad institucional y la arbitrariedad señaladas.

Proveer de conformidad, Será Justicia.-

Ezequiel Altinier Jorge E. Marenco Eduardo R. Saguier

Miércoles 29 de abril de 2009

Sra. Presidenta del CONICET
Dra. Marta Rovira

Ref.: Recusación con causa de la Comisión Asesora de Historia y Antropología. Incompatibilidades entre Cargos Detentados y Subsidios Recibidos. Reiteración de Subsidios. Red Mafiosa. Deja formulada las Reservas del Caso Federal y de las acciones judiciales.

De mi consideración:

Eduardo R. Saguier, Investigador Independiente, con domicilio en Juan F. Segui 3955, 2º piso, Dpto E, y con el patrocinio letrado de los Dres. Ezequiel Altinier (t.66, f.455, CPACF) y Jorge Enrique Marenco (t.22, f.628, CPACF), vengo a:

I.- Objeto

Que vengo a recusar con causa a la totalidad de los miembros de la Comisión Asesora de Historia, Antropología y Geografía (de ahora en más Comisión Asesora), integrada por Ana Inés Ferreyra; Luis Alberto Borrero; María Ester Albeck; Rodolfo Valentín Bertoncello; Roberto Arnaldo Cittadini; Alicia Susana Goicoechea; Julieta Gómez Otero; Aurelia del Carmen Guarini; Mónica Beatriz Lacarrieu; Silvia Beatriz Lazzaro; Cristina del Carmen López; Marta Mercedes Maffia; Laura Lucía Miotti; Nelly Ongay; María Fernanda Rodríguez; Susana Alicia Salceda; Vivian Gabriela Scheinsohn; Ana Alejandra Teruel; Cristina Ofelia Valenzuela; Héctor Hugo Varela; Bibiana Leonor Vila; Adrián Gustavo Zarrilli; Elsa Beatriz Bragoni; Orieta Favaro; Noemí Lidia Goldman; y Gustavo Adolfo Martínez. Dicha Comisión Asesora ha sido designada por el Directorio para integrar el Comité Especial convocado para el viernes 8 de Mayo y destinado a elevar un Informe al mismo Directorio del CONICET, referido a lo que resulte --para mi caso particular-- de dar cumplimiento a lo establecido por el art.41 del Estatuto de la Carrera de Investigador Científico.

II.- Notificación.

Que el lunes 27 de abril del corriente año 2009 recibí en la sede del Correo Argentino la citación escrita para "conversar" (sic) con un Comité Especial. Aunque “conversar” no es una categoría jurídica diáfana, pues la Ley (o Estatuto de la Carrera) no puede prever actos innocuos o de mero diálogo, debe interpretarse que la audiencia fue prevista por el legislador como un acto de defensa del imputado, y como tal debe reunir todas las condiciones y requisitos de un acto administrativo, recusaciones y excusaciones incluidas. La cita o audiencia con el Comité Especial fue concertada para el día viernes 8 de mayo próximo a las 11,30 hs., en la sede del CONICET.

III.- Connotaciones del Comité Especial

Según dicha citación el acto administrativo puede llevarse a cabo por cuatro miembros de la Comisión Asesora, que son la antropóloga María Fernanda Rodríguez, los arqueólogos Vivian Scheinsohn y Héctor Hugo Varela, y la historiadora medievalista Nelly Ongay, o por toda la “efímera y fugaz” y volátil Comisión Asesora, constituida por los veinticinco (25) miembros ya mencionados (que salvo seis ya no son los mismos que me habían rechazado el último Informe Periódico, pues la Comisión se renueva por mitades anualmente). Cabe aclarar entonces que en la composición de esta nueva Comisión Asesora se hallan seis (6) miembros que también integraban la Comisión Asesora anterior (la que me rechazara el Informe), y que son: Guarini, Maffia, Miotti, Valenzuela, Cristina del Carmen López, y Bertoncello (este último se había retirado de la reunión). Y también debe señalarse que la extrema rotación de las Comisiones Asesoras licua sus responsabilidades y las priva de la necesaria continuidad jurídica.

IV.- Fundamentación de la Recusación

4.1.- Complicidad oficial en la Construcción de la Red Mafiosa (trenzas y camarillas)

Los actuales miembros de la Comisión Asesora han cohonestado con su silencio cómplice la corrupción existente en el organismo, que fuera denunciado oportunamente por el que suscribe ante los mismos órganos fiscalizadores: Defensoría del Pueblo de la Nación, Oficina Anti-Corrupción, Auditoria General de la Nación y Fiscalía General de Investigaciones Administrativas. Los funcionarios del CONICET denunciados por incurrir en incompatibilidades durante el desempeño de sus cargos, lo fueron por recibir simultáneamente con el cargo directivo en las Comisiones Asesoras del CONICET subsidios de la Agencia-SEPCyT (de ahora en más ANPCYT), y más de una media docena de funcionarios por recibir sucesivos subsidios.

Cruzando la lista de integrantes de las Comisiones Asesoras del CONICET, correspondiente al período que comprende el año 2006, con las Listas de los beneficiados por la ANPCYT durante el último quinquenio (2001-2006) ha dado como resultado casi un centenar de correlaciones directas. En principio, fueron beneficiados con subsidios los miembros del Directorio del CONICET Noemí Girbal, Faustino Siñeriz y Carlos Rapela, a quienes el ANPCYT, en su Convocatoria-2002, les asignó individualmente la suma de $210.000. Cabe aclarar que la Directora Girbal, actual Vicepresidenta del CONICET, fue también durante muchos años la Coordinadora de la Gran Área de Ciencias Sociales, y funcionaria durante el Proceso en la Academia Nacional de la Historia. También fueron beneficiados los miembros de la Comisión Asesora Interdisciplinaria Especial Ad-Hoc de la Gran Área de Ciencias Agrarias (Ricardo Farías recibió $210.000 en 2003, y Rodolfo Ugalde quien a su vez desempeñó el cargo de Coordinador de la Comisión de Veterinaria y fue Director del Consejo de Investigaciones Científicas [CIC] de la Provincia de Buenos Aires recibió $210.000 en 2003 y $275.000 en 2004). Entre los integrantes del Comité Asesor del Núcleo Básico de Revistas Científicas les fue adjudicado a Dora Barrancos $208.000 en 2004, a Alejandro Rofman $135.000 en 2004, y a Marcelo Cavarozzi $204.000 en 2004. Entre los integrantes de la Comisión Ad-Hoc-Recursos correspondiente a las Ciencias Sociales le fue adjudicada a Ana María Lorandi en 2003 la suma de $72.969 y al funcionario de la Academia Nacional de la Historia Dr. Víctor Tau Anzoátegui $50.000 en 2000/2001 y nuevamente un total de $95.000 en 2003. Entre los integrantes de la Comisión Ad-Hoc de Materiales, Roberto Salvarezza recibió en 2002 la suma de $193.000.

Entre los integrantes de la Comisión Asesora de Ciencias Médicas, los que recibieron subsidios en el año 2000/2001 fueron Aldo Mottino con la suma de $105.000; Carlos José Pirola con la suma de $120.000; Oscar Bottasso con un total de $92.000; y Héctor Targovink con el monto de $105.000; en el año 2002 fueron Patricia Elizalde con la suma de $210.000; Ana María Franchi con la suma de $210.000, y Alicia Belgorosky con la suma de $210.000; en el año 2003, Hugo Daniel Luján recibió la suma de $210.000, y Osvaldo Uchitel la suma de $200.000; en el año 2004 los que recibieron fueron Rodolfo Campos la suma de $279.000; Jorge Geffner la suma de $174.000; María Ángela Lazzari la suma de $280.000; Alicia Mattiazzi la suma de $251.000; Héctor Targovnik volvió a recibir otro monto de $252.000; y Mario G. Murer la suma de $195.000. En este último caso, habría que aclarar que el Dr. Murer había ya recibido en el año 2002 la suma de $110.334. Y en el año 2005, los que recibieron fueron Claudia Capurro una suma de $279.000; Osvaldo Podhajcer un monto de $278.000; y otra vez Osvaldo Uchitel, en esta oportunidad con la suma de $244.000.

Entre los integrantes de la Comisión de Biología Alfredo Juan Castro Vázquez recibió en 2002 la suma de $147.000; y en el año 2005 Miguel Angel Sosa Escudero habría recibido una suma indefinida bajo el código 33.383; y Marta Dolores Mudry un monto desconocido bajo el código 38.001.

Entre los miembros de la Comisión de Química, en el año 2000/2001 María Rita Micaela Hoyos de Rossi recibió un total de $140.000; Manuel López Teijelo la suma de $94.000; y Carlos Previtali un total de $105.000; en el año 2002 el Coordinador Gerardo Burton recibió la suma de $202.000; en el año 2004 los que recibieron fueron Edgardo Durantini la suma de $203.000; Luis Dante Martínez el monto de $160.000; y José Carmelo Pedregosa la suma de $267.000. Y en el año 2005, Carlos M. Previtali volvió a recibir $257.000 y María Hoyos de Rossi $280.000. Entre los integrantes de la Comisión de Bioquímica, en el año 2004, la Coordinadora Beatriz Caputto recibió la suma de $280.000; José Luis Bocco recibió $279.000; Horacio Garda recibió la suma de $270.000; Fernando Goldbaum el monto de $280.000; y María Isabel Colombo recibió la suma de $276.000. En este último caso, habría que aclarar que la Dra. Colombo había ya recibido en el año 2002 un monto de $196.771.

Entre los miembros de la Comisión de Matemáticas y Computación Juan Santos recibió en 2002 la suma de $205.000; y Graciela Boente Boente recibió en 2004 la suma de $177.000. Entre los miembros de la Comisión de Física, Ricardo Piegaia recibió en 2002 la suma de $171.249; y en el 2005 habrían recibido Jorge Fernández Niello una suma indefinida bajo el código 32.757; y Patricia Levstein otro monto de $279.000. Entre los integrantes de la Comisión de Astronomía, su Coordinador Pablo J. Mauas recibió en 2005 una suma de $269.000. Entre los integrantes de la Comisión de Ciencias Exactas y Naturales Gerardo Perillo quien desempeña a su vez el cargo de Coordinador de la Comisión de Ciencias de la Tierra, recibió en 2004 la suma de $272.000.

Entre los miembros de la Comisión de Ciencias Agrarias, en el año 2002 Roberto Lecuona recibió la suma de $175.000; y en el año 2003 Sofía Chulze recibió un total de $210.000. Entre los integrantes de la Comisión de Veterinaria, en 2000/2001 Osvaldo Rossetti recibió la suma de $75.000; y en 2002 Enrique Portianski recibió un total de $197.000. Entre los miembros de la Comisión de Ciencias de la Tierra, el Agua y la Atmósfera, en 2000/2001 Analía Artabe recibió $75.000; Sergio Matheos la suma de $85.000; y Alejandro Tosselli la suma de $150.000; en 2002 Carlos Cingolani recibió la suma de $188.167; en 2004 Susana Bischoff recibió un total de $220.000; y en el 2005 los que habrían recibido fueron nuevamente Analía Artabe una suma bajo el código 32.323; y Alicia Ronco un monto bajo el código 38.350.

Entre los integrantes de la Comisión Asesora de Ingeniería Civil, Mecánica y Eléctrica, el Ing. Guillermo Kaufman habría recibido en 2005 una suma bajo el código 38.168. Entre los miembros de la Comisión Asesora de Ingeniería y Procesos Industriales y Biotecnológicos en 2000/2001 José Bandoni recibió la suma de $120.000.

Entre los integrantes de la Comisión de Ciencias Humanas, María Isabel Santa Cruz recibió en 2005 la suma de $182.000. Entre los miembros de la Comisión de Arquitectura en 2000/2001 Beatriz Cuenya recibió la suma de $60.000. Y entre los integrantes de la Comisión de Historia y Antropología en 2000/2001 Cristina Bellelli recibió la suma de $92.000.

4.2.- Denuncias sobre Incompatibilidades y Códigos de Silencio y Secreto Mafiosos

Las denuncias que he realizado, son públicas y notorias, conocidas por todos en el CONICET y también fuera del CONICET, por haberlas elevado a los organismos fiscalizadores detallados ut supra, y el silencio oficial que las ha encubierto ha sido un pilar fundamental en el diseño de la red mafiosa.- A su vez otros ingredientes fundamentales en la construcción de la red mafiosa han sido la existencia del secreto (o confidencialidad) y de las camarillas o trenzas, que le dan sustento carnal a un orden mafioso, así como el colaboracionismo de las autoridades oficiales con dicha red, y la persecución inmisericorde a quienes osen desafiarlos.

En oportunidad de ser evaluado el suscripto desconocía a los evaluadores de su obra, y no tenía ninguna posibilidad de saberlo pues normas inconstitucionales (art.3º de la Ley 25.200) de carácter mafioso protegen el anonimato (o secreto), bajo el subterfugio de la confidencialidad, y permiten operar en un esquema informal de trueque o permuta de jurados, como si se tratase de un cajón de sastre. Pero hay una certeza empírica que descalifica los dictámenes de las Comisiones Asesoras que me evaluaron. Quienes hayan sido, incluidos los miembros del Directorio del CONICET --integrantes de las listas de autoridades que he denunciado como partícipes de un sistema perverso, y como tal injusto y persecutorio-- se encuentran vinculados entre sí por intereses espurios y recíprocos, propios de la red mafiosa denunciada. Y la actual Comisión Asesora de Historia y Antropología, que ha sido designada como Comité Especial para dictaminar mi desempeño como Investigador, no puede quedar exenta de responsabilidad como si nada supiera de la corrupción denunciada, pues ha otorgado en el pasado reciente con su propio silencio individual y colectivo la aceptación de este criminal estado de cosas, incursionando por ello en el proceloso terreno del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Es como se suele decir, “el silencio de quien calla porque desea otorgar, sea por conveniencia oportunista o porque obtendrá una ventaja”.

Esta red de camarillas mafiosas que he venido descubriendo y denunciando en soledad, se ha apropiado de la superestructura del CONICET (recientemente fueron concursadas siete Gerencias administrativas del organismo) así como de la ANPCYT, de la CONEAU, del Comité de Ética del Ministerio de Ciencia y Tecnología, de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), del Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología, y de las Secretarias de Ciencia y Técnica de las Universidades Nacionales.- Aún queda por identificar quienes son los capos de esta red mafiosa, ya fueren padrinos o madrinas.

4.3.- Evaluación de mi persona y el Estigma del Chivo Expiatorio

En cuanto a mi evaluación académica, mi persona no ha sido evaluada por pares independientes y desinteresados, sino por colegas partícipes de este nudo gordiano, enhebrado desde la impunidad del poder, y desde la ilegitimidad e inconstitucionalidad de los procedimientos y reglas de ocasión, y que ahora se pretende repetir escandalosamente con la excusa del art. 41.

Las facultades evaluadoras del CONICET son una prerrogativa ordinaria, entre las que cabe como potestad ampliatoria de la misma el rechazo de los Informes Periódicos. Pero es una clara violación del principio de igualdad ante la ley, que excediendo sus prerrogativas, Vd. como Presidenta del CONICET permita o decida someterme a evaluaciones por parte de autoridades subalternas que han cohonestado con su silencio cómplice la corrupción existente; cuando por otro lado muchos de ellos carecen de una jerarquía igual o superior a la mía; y cuando en el caso de la primera opción de cuatro integrantes ellos no pertenecen a mi especialidad que es la Historia Moderna (dos de ellos son arqueólogos y uno antropólogo). Por todo ello, los integrantes de la actual Comisión Asesora se encuentran palmariamente incursos en las causales de recusación o excusación. El acto dictaminador del Comité Especial, al tener intereses antagónicos y ajenos a mi disciplina científica, no solo violaría la constitución y la ley sino que también entraría en contradicción con el mismo espíritu de la ley de creación del CONICET.

Por ende, el perjuicio lesivo a mi persona, ocasionado por las anteriores composiciones de la Comisión Asesora, es puntual y grave, pues amén de haber mentido descaradamente acerca de mi producción académica (cuestión que se ventila en sede judicial a través de una Acción de Amparo ante el Juzgado Nacional de 1ª instancia en lo Contencioso Administrativo Federal No.10, Secretaria No.19, y dos Medidas Cautelares actualmente en la Corte Suprema y en la Cámara Contencioso-Administrativa), de habérseme rechazado dos Informes Periódicos consecutivos, en forma particular y específicamente personal (ad hominem), cual si fuera un chivo expiatorio, entre miles de colegas amedrentados, con las secuelas académicas, morales y familiares que ello significan, ahora se me impone convalidar una reunión con los miembros de la actual Comisión Asesora (muchos de ellos inferiores a mi jerarquía académica), como si esta última no tuviera nada que ver con las anteriores versiones de la misma (hay seis integrantes que se han perpetuado y cuya identidad se detalla ut supra). Para peor, esta última Comisión fue seleccionada por los mismos altos funcionarios que en el pasado seleccionaron a los integrantes de la Comisión Asesora que me rechazaron ambos Informes.

Por otro lado, el primer rechazo de Informe fue recurrido hace más de cuatro años y aún no ha sido definitivamente resuelto en sede administrativa, lo que significa, privarme de cuestionarlo en sede judicial mediante juicio abierto, así como la de condenarme a vivir bajo la incertidumbre de su resultado final. Y el segundo rechazo se pretende consumar con el pretexto del art.41, cuando aún no esta firme el primer rechazo (por no haberlo firmado aún el Ministro del área), pero con el oculto propósito de sumarlos automáticamente y de producir un Úcase simultáneo, que me dejaría de repente sin ingresos alimentarios. Con ambos rechazos, quedó cercenado y ninguneado mi proyecto de investigación, privado de viáticos, de ascensos, y de asignaciones de personal de apoyo, en momentos en que para mayor daño me encuentro con las tareas de escaneo y procesamiento de decenas de miles de fichas correspondientes a los fondos notariales de Buenos Aires de los siglos XVII al XX. El acto malintencionado y mecánico de rechazar ambos Informes consecutivos y congelarme en la jerarquía de la carrera me ha ocasionado un daño profesional y humano enorme, por cuanto la mayoría de los colegas historiadores, estudiantes e investigadores, pueden interpretar a través de ambos rechazos, una descalificación de la calidad y excelencia de mi obra, potenciada por encontrarse en la web.

4.4.- Conclusiones

Quedó así afectado mi curriculum personal, mi vida privada, el prestigio de investigador de la historia argentina y universal (Metanastasis. Materiales para una reformulación de la Agenda Histórica de Cara al Nuevo Milenio (Corrientes: Moglia Ediciones, 2009), y la obra publicada en medios electrónicos de la que soy autor, titulada Genealogía de la Tragedia Argentina, compuesta por casi cuatro mil páginas (incluidos apéndices, cuadros, tablas, gráficos, listados, etc), encuadradas en más de un centenar de capítulos y en cinco (5) tomos, todos ellos en formato PDF; y reconocida, consultada y linkeada en multitud de sitios de todo el mundo (ver www.er-saguier.org y www.nationstatecrisis.org).-

Más aún, por la excesiva concentración de funciones por parte del Directorio y por su dependencia del poder político, el sistema científico ha degenerado en un clima inficionado de miedos; en un obsceno intercambio de favores, prebendas, canonjías y sinecuras (que constituyen una fuente de violencia moral); y en un régimen de poder de naturaleza patrimonialista, clientelar y patriarcal, donde se confunde lo público con lo privado y se dispone lo uno como lo otro con total discrecionalidad.-

V.- Petitorio

En consecuencia, solicito:

5.1.- Sea aceptado mi pedido de recusación de la totalidad de los miembros de la Comisión Asesora de Historia, Antropología y Geografía.

5.2.- Oportunamente se tenga presente la reserva de las acciones civiles y penales correspondientes.

5.3.- Se tenga además presente la reserva del caso federal tal como se indica en las violaciones al derecho federal y constitucional.

5.4.- Oportunamente se haga lugar a todo lo peticionado con costas.

Proveer de conformidad, SERÁ JUSTICIA

Eduardo R. Saguier Ezequiel Altinier Jorge E. Marenco

Investigador Independiente (t.66, f.455, CPACF) (t.22, f.628, CPACF)