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El informe da cuenta de más de cincuenta y cinco casos de hombres y mujeres mapuche que han vivido o viven la prisión política. En mayo todavía permanecían en prisión 23 presos políticos mapuche (ver listado adjunto). Entre 2007 y 2008, cuatro presos fueron liberados por cumplimiento de condena. Hay 4 casos de penas remitidas, es decir que se cumplen en libertad condicional.

Se describen asimismo 24 aplicaciones de medidas cautelares de restricción de libertad aplicadas por los jueces. Los afectados deben, por ejemplo, presentarse ante una repartición policial diariamente, desplazándose desde sus comunidades a la ciudad, invirtiendo su escaso dinero en viajes y descuidando sus labores en el campo. No existen estadísticas oficiales, pero las estimaciones de afectados por medidas cautelares que se hacen a nivel de las organizaciones mapuche, son superiores a las listadas en este registro.

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Los nuevos condenados de la tierra

por Lucía Sepúlveda Ruiz

www.periodismosanador.blogspot.com

La Comisión Ëtica Contra la Tortura, organismo chileno integrado por personalidades de destacada trayectoria en la lucha antidictatorial y por organizaciones cristianas y de derechos humanos, se encuentra a la espera de la respuesta del gobierno a un informe entregado a la Presidenta Michelle Bachelet sobre la tortura en Chile durante su período presidencial. Desde el año 2001 en que se fundó, esta organización ha entregado cada 29 de junio, Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, un documento al Presidente de la República con un estado de situación del tema en el país. Ese día, este año, representantes de la Comisión Etica, entre ellos Mireya García, dirigente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos: Juana Aguilera, coordinadora de la Comisión y ex Presa Política; Beatriz Brinkman, del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos CINTRAS; Alicia Lorca, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, y el académico cristiano Hervi Lara, dialogaron con María Luisa Sepúlveda, la asesora de la Presidenta en derechos humanos, quien mostró interés en el informe, que en su primera parte aborda temas como la impunidad en delitos cometidos en tiempos de dictadura, y asuntos pendientes en materia de justicia, verdad y reparación. La segunda parte del informe revisado con la asesora presidencial, se refiere a casos de tortura y tratos inhumanos, crueles y degradantes llevados a cabo por fuerzas policiales en el marco de la lucha mapuche por la recuperación de sus tierras.

En las semanas siguientes a la elaboración del documento, la situación continúa agravándose en lo referido al tema mapuche. La petición del Ministerio Público - la entidad que formula en Chile los cargos - solicitando la nulidad del juicio que a comienzos de junio, absolvió a Héctor Llaitul y Roberto Painemil, fue acogida por la Corte de Apelaciones de Temuco. Acusados como autores de incendio de maquinaria de Forestal Mininco, ellos habían permanecido más de un año y medio en prisión. La Corte de Apelaciones de Temuco resolverá el próximo 25 de julio si vuelven a la cárcel y se les hace un nuevo juicio. Por otra parte, Roberto Vivanco, dirigente pehuenche de la comunidad Butalelbum de la comuna cordillerana de BioBío pidió asilo político en Argentina, luego de mantenerse en la clandestinidad eludiendo su condena a 5 años, por acusaciones enmarcadas en la lucha por recuperación de sus tierras. Es el segundo caso de asilo. El primero lo protagonizó Pascual Pichún Collonao, hecho recogido en el informe de la Comisión Etica que da cuenta de las diversas formas en que se expresa la llamada "judicialización" de las movilizaciones de las comunidades que han iniciado procesos de recuperación de tierras ancestrales.

El estudio presentado a la Presidenta Bachelet y a organizaciones internacionales de derechos humanos, denuncia la impunidad frente a dos casos de violencia innecesaria con resultado de muerte: el asesinato por carabineros de dos jóvenes mapuche, ambos de 23 años de edad. El 3 de enero de 2008 el estudiante Matías Catrileo Quezada fue baleado por la espalda cuando participaba en una acción de recuperación de tierras en el fundo Santa Margarita, sector Vilcún, Región de la Araucanía. La familia de Matías Catrileo, a través de un escrito de su madre, Mónica Quezada, presenta directamente los hechos en el informe. La investigación del asesinato de Matías Catrileo está en manos del fiscal militar José Pinto Aparicio y el procesado, cabo segundo Walter Jonathan Ramírez Inostroza se encuentra en libertad provisional, sin que hasta ahora se haya formulado acusación contra otros involucrados.

En la Región Metropolitana, donde viven asimismo miles de familias mapuche, Johnny Cariqueo Yáñez, joven hiphopero, recibió una feroz golpiza luego de ser detenido el 29 de marzo de 2008 en Pudahuel, en la Plaza Víctor Jara. Fue trasladado a la 26º Comisaría de Pudahuel, a un consultorio, y luego a la 1º comisaría de Santiago en estado lamentable. Falleció debido a un infarto el 31 de marzo, horas después de ser liberado. El caso de Cariqueo no está siendo investigado en tribunales.

El informe da cuenta de más de cincuenta y cinco casos de hombres y mujeres mapuche que han vivido o viven la prisión política. En mayo todavía permanecían en prisión 23 presos políticos mapuche (ver listado adjunto). Entre 2007 y 2008, cuatro presos fueron liberados por cumplimiento de condena. Hay 4 casos de penas remitidas, es decir que se cumplen en libertad condicional. Se describen asimismo 24 aplicaciones de medidas cautelares de restricción de libertad aplicadas por los jueces. Los afectados deben, por ejemplo, presentarse ante una repartición policial diariamente, desplazándose desde sus comunidades a la ciudad, invirtiendo su escaso dinero en viajes y descuidando sus labores en el campo. No existen estadísticas oficiales, pero las estimaciones de afectados por medidas cautelares que se hacen a nivel de las organizaciones mapuche, son superiores a las listadas en este registro.

Las absoluciones objetadas

Héctor Llaitul Carrillanca, dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco de Comunidades en Conflicto, fue absuelto del cargo de incendio de maquinaria de la forestal Mininco en el fundo Las Praderas de Chonchol (diciembre de 2006) y de porte de armas y receptación, en un juicio oral realizado en Temuco (junio de 2008). A Roberto Painemil, comunero del sector Tres Cerros, de Yeupeco, comuna de Vilcún se le sentenció en el mismo juicio, por porte de armas y fue absuelto del delito de incendio. Habían sido condenados previamente a través de los medios de comunicación. El vuelco judicial fue posible porque la defensa la asumió un equipo de profesionales de derechos humanos encabezado por el ex juez Juan Guzmán, y organizado por los abogados del Partido Humanista Enrique Prieto y Fernando Lira (vicepresidente del PH), junto a Pablo Ortega, abogado de Concepción. Juan Guzmán ha manifestado que el Ministerio Público no tendrá éxito en su intento de anular el juicio pues debió probar la culpabilidad de los imputados durante el año y medio que los tuvo en prisión y no corresponde pedir ahora nueva rendición de pruebas.

El juicio oral se extendió a lo largo de una semana en Temuco, con declaraciones contradictorias de un testigo sin rostro y de carabineros contra Painemil, y sólidos testimonios presentados por la defensa cuyos testigos –de la localidad de Labranza, que atestiguaron haber estado con Llaitul cuando ocurrían los hechos denunciados - fueron amedrentados por Investigaciones luego de declarar en el tribunal. El tribunal escuchó la estremecedora denuncia de tortura hecha por Painemil y traducida del mapudungun por intérpretes puestos por el tribunal y CONADI. Esta periodista pudo escuchar su explicación, acerca de que el miedo provocado por las torturas y las amenazas contra su familia lo forzaron a autoinculparse e implicar a Llaitul en los hechos. El síndrome del torturado se evidenció al narrar el imputado los hechos vividos en la comisaría de Cholchol. En varias oportunidades Painemil se vio doblegado por la emoción y el dolor producidos al reconstruir su penosa experiencia que apenas podía relatar.

Cuando Héctor Llaitul salió de prisión, se dirigió con su esposa e hijos y amigos más cercanos "a ver el lugar de reposo de Matías Catrileo. El fue mi hermano, mi amigo que me acompañó en los días de prisión. Fui a rendirle homenaje".

¿A qué atribuye su libertad?

"La absolución fue un triunfo que me sorprendió. Se conjugaron varias cosas. Esta fue una defensa organizada desde los nuestros y desde los que respetan a los nuestros, y a nuestra propuesta. La defensoría pública está comprometida con los intereses del estado y del gobierno. Es parte del andamiaje del poder. No sólo la forestal estaba actuando aquí. Es el gobierno en sí y sus instituciones. Sin embargo pude constatar que hay gente en la sociedad chilena que tiene respeto a nuestros planteamientos. Teníamos que armar una defensa más independiente, como la que tuvimos. Antes no teníamos la capacidad de emplazarlos, pero ahora logramos ganar en el terreno que el gobierno acostumbraba, porque cometieron muchos errores e ilegalidades, realizaron un montaje burdo. "

¿Cómo ve su actividad a futuro?

No dejaré de ser lo que soy ni de tener las ideas por lo que me persiguieron. Mantengo mi postura política y compromiso. Algunos pensaban que en la CAM había puras cabezas calientes, que era un aparato o un proyecto ideologizado, pero eso no ha sido nunca nuestra idea. Somos expresión de mucho más. Y sin embargo ahora se vió que hay pueblo, y eso es lo que yo represento. Y eso convence a la gente.

¿Demandará una indemnización a la forestal o el Estado por el año y medio pasado en prisión?

No. Yo puedo sostenerme, eso no me interesa. Voy a trabajar como siempre, y también disfrutar a mi familia y los niños. Conté con el respaldo integral de mi compañera y eso fue muy importante. También tuve el apoyo de medios independientes, lo que valoro.

El allanamiento en Tres Cerros

Antes de enterarse de la petición de nulidad del juicio, la familia del comunero Roberto Painemil Parra, quien cumple en libertad una pena menor impuesta en el juicio oral, expresó también su alegría por la sentencia. Don Alfredo Painemil, su padre, consideró que la presencia como abogado defensor del ex juez Juan Guzmán y de Juan Enrique Prieto, director de la Fundación Laura Rodríguez, era una verdadera "bendición de Dios". El estima que el defensor público, Jaime López, no hizo nada por su hijo. Painemil padre lamentó no haber denunciado ante el tribunal que luego del allanamiento a su domicilio, su esposa que estaba sola, fue obligada por carabineros a estampar su pulgar en un papel en que ella aseguraba haber recibido buen trato. Pero la señora Lucía Parra Sandoval no sabe leer ni escribir. Agregó que López sostuvo que la familia debía abstenerse de denunciar el robo de dinero y especies por carabineros "porque yo no tenía factura para comprobar que los $180.000 que se robaron eran míos".

Sergio Painemil, hermano del imputado, denunció el constante amedrentamiento que viven, con baleos en el camino todas las noches que les impiden salir de sus casas por temor.

A la salida del tribunal, mientras aguardaba la sentencia, la madre, que prefiere expresarse en mapudungun, dijo a esta periodista: "Yo siento mucho sufrimiento. Estos años que el hijo está preso son un dolor muy grande. La comida no la puedo aprovechar. La como entre lágrimas. A raíz de este problema de los que llevan la justicia me he enfermado, tuvieron que llevarme al hospital. Espero que dejen en libertad a mi hijo y me lo entreguen en buenas condiciones, como estaba él al ser detenido."

Revivió luego el allanamiento el día de la detención de su hijo: "Me decían. 'vieja mentirosa', me dieron un trato muy duro. Buscaban armas, pero en mi casa ni una cosa de armas hay, lo que mostraron en la televisión son mentiras. Me he quedado con un trauma de cómo fueron tan violentos. Pero mi nieto chico que apenas camina, me dijo 'no tenga pena, yo te voy a proteger cuando sea grande'.

Las medidas cautelares

De los 24 casos de comuneros que deben cumplir medidas cautelares luego de haber pasado varios meses en prisión, doce afectados viven en la comunidad de Temucuicui, ubicada en la comuna de Ercilla, Región de la Araucanía. Uno de ellos es su werken o mensajero, Jorge Huenchullan, periódicamente detenido y procesado simultáneamente en varias causas. Otros afectados son jóvenes de la zona del lago LleuLleu y de los alrededores de Concepción, que se movilizaron a comienzos de 2008 en apoyo a la huelga de hambre que Patricia Troncoso Robles mantuvo por más de 100 días, demandando la libertad de los presos políticos mapuche y el fin de la militarización de las comunidades.

Prisión preventiva

La aplicación de meses y años de prisión preventiva a la espera del juicio, una medida que habitualmente aplican los jueces de garantía, es interpretada por los mapuche como un intento de neutralizar a sus dirigentes. Ello se ha denunciado dentro y fuera del país. En 2006, en medio de la creciente presión de organismos internacionales de derechos humanos, un juicio oral exculpó a José Cariqueo Saravia y Juan Antonio Colihuinca Ancaluan, de la comunidad Cacique José Guiñón. Asimismo, en junio de 2008, el werken Jorge Huenchullan, de la sitiada comunidad Temucuicui –que está rodeada por un retén policial instalado en un fundo vecino para proteger esa propiedad privada - fue una vez más declarado inocente de los cargos imputados. También fue exculpada la anciana Mercedes Paillalef – madre de la lonko Juana Calfunao - quien sufrió medidas cautelares vigentes durante un año, pero al momento del juicio, no fue acusada. Por su parte, la dirigente Mireya Figueroa de la comunidad Tricauco (caso Poluco Pidenco) se mantiene en la clandestinidad desde 2004.

Sentencias 2008

Cumpliendo penas en libertad condicional se encuentran ahora Roberto Painemil Parra (Tres Cerros, en Yeupeko, comuna de Vilcún), Carolina Cadin Calfunao y Roknelia Neculman Calfunao (en la Comunidad Juan Paillalef, comuna de Cunco) quienes cumplen dos años y 1 día; Luis Amable Catrimil Huenupi (comunidad Tricauco, comuna de Ercilla), sentenciado por incendio simple en Poluco Pidenco cumple pena de 4 años y un día. Ernesto Arturo Lincopán Villagrán (comunidad Newen Kiñe Mapu) tiene arraigo nacional por un año.

El informe destaca además que en 2007 cumplieron su condena de 5 años y un día el lonko Pascual Pichun Paillalao (comunidad Antonio Ñirivil, comuna de Traiguén) y su hijo Rafael Pichun Collonao, así como los comuneros José Nain Curamil (Temucuicui, comuna de Ercilla), libre luego de 5 años de condena en Angol, y Waikilaf Cadin Calfunao (comunidad Juan Paillalef, comuna de Cunco), liberado tras permanecer en la Cárcel de Alta Seguridad cumpliendo su pena de 500 días de cárcel y el pago de costas del juicio, descontado de sus días de prisión.

Huelgas de hambre

Durante el mandato de la Presidenta Bachelet se han realizado dos huelgas de hambre de presos políticos denunciando la ley antiterrorista que los condenó. La huelga más prolongada, de la activista mapuche Patricia Troncoso, logró su objetivo de romper el cerco comunicacional que invisibiliza la situación de represión de las comunidades en conflicto, y permitió a varios presos acceder a beneficios carcelarios. Este fue también el contexto en que se produjo el acercamiento entre miembros del Partido Humanista y familiares de Héctor Llaitul y Patricia Troncoso.

Recursos judiciales

Asimismo el informe detalla que en diez casos se ha presentado recursos judiciales contra carabineros por allanamientos con violencia innecesaria en las comunidades de Temucuicui (comuna de Ercilla), Yeupeko (comuna de Vilcún), Cacique José Guiñón (Ercilla); por tortura y detención arbitraria (a Waikilaf Cadin, en la cárcel de Temuco y luego en la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago); por violencia y maltrato a menores (en las comunas de Collipulli y Coronel). Igualmente se incorporan declaraciones públicas de las comunidades sobre torturas y maltratos (sobre Luisa Calfunao, de la comunidad Juan Paillalef, sector Curaco, comuna de Cunco y otros casos). La comunidad de Temucuicui registra un historial de 10 violentos allanamientos masivos en los últimos dos años.

Las organizaciones de las comunidades en conflicto caracterizan como "montajes políticos" los operativos con armamento de guerra –como el que tuvo lugar para detener a Iván Llanquileo, lonko de la comunidad Cacique Juana Millahual (comuna de Contulmo) en septiembre de 2007 en la zona del lago Lleulleu (en la Región del BioBio), – realizados por fuerzas de la policía civil e investigaciones. Desde entonces Llanquileo permanece en prisión preventiva. El montaje policial contra la documentalista Elena Varela, directora de "Newen Mapu" (La Fuerza de la Tierra) constituye la más reciente muestra de esta metodología que desde el Ministerio del Interior se ha denominado "Operación Paciencia". Su objetivo es golpear y neutralizar tanto a las organizaciones y comunidades que están haciendo experiencias de recuperación productiva de tierras usurpadas, como a quienes simpatizan con la lucha mapuche.

Las cuatro presas políticas Mapuche (a mayo 2008):

*Patricia Troncoso Robles (caso Poluco Pidenco), condenada a diez años y un día, en el Centro de Educación y Trabajo (CET) de Angol.

*Juana Calfunao Paillalef (comunidad Juan Paillalef, sector Curaco, comuna de Cunco), cuatro años, en el Centro Penitenciario de Mujeres de Temuco, junto a

* Luisa Calfunao Paillalef (comunidad Juan Paillalef) condenada a tres años.

* Elena Marisol Varela López, en prisión preventiva desde mayo de 2008. La Comisión Etico incluye este último caso por tratarse de una documentalista simpatizante de la causa mapuche que registró la lucha de las comunidades en conflicto y entrevistó a sus dirigentes, situación que la hizo objeto de seguimientos durante los tres años que filmó en territorio mapuche. Acusada por testigos sin rostro. Cárcel de alta seguridad de Rancagua.

Los 19 Presos Políticos Mapuche (hombres) (a mayo 2008)

*Florencio Jaime Marileo Saravia (comunidad mapuche Cacique José Guiñón, comuna de Ercilla) por el caso Poluco Pidenco (10 años y un día). Cárcel de Angol, Región de la Araucanía.

*Héctor Llaitul Carrillanca, dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco, Permaneció en prisión un año y cuatro meses sin ser llevado ante el tribunal por la acusación de incendio, en la cárcel de Angol. Absuelto en junio, liberado. Un pedido de anulación del juicio mantiene su caso en suspenso.

*José Benicio Huenchunao Mariñán (comunidad El Malo, comuna de Tirúa, Región del BioBio), por el caso Poluco Pidenco (10 años y un día). Cárcel de Angol.

*Juan Bautista Millalen Milla (comunidad Catrio Ñancul). Encarcelado desde 2007. CET de Angol.

*Juan Patricio Marileo Saravia (comunidad San Ramón, comuna de Ercilla), caso Poluco Pidenco, diez años y un día. En el Centro de Educación y Trabajo (CET) de Angol.

*Juan Carlos Huenulao Lienmil (comunidad Manuel Catrimil, sector Tricauco, comuna de Ercilla) Caso Poluco Pidenco, diez años y un día. En la cárcel de Victoria.

*José Belisario Llanquileo Antileo (comunidad Juana Millahual, comuna de Contulmo), caso Poluco Pidenco, condena 5 años y 1 día por incendio simple. Cárcel de Traiguén.

*Roberto Carlos Painemil Parra (sector Tres Cerros, Yeupeko, comuna de Vilcún) cumplió prisión preventiva durante un año y medio en la cárcel de Lautaro. En libertad condicional con pena remitida. Enfrenta posible nulidad de juicio que lo absolvió del delito de incendio.

- En la cárcel de Temuco permanecen los seis miembros de la comunidad Newen Mapuche, en prisión preventiva desde mayo 2008:

*José Millacheo Ñanco

*Luis Millacheo Ñanco.

*José Millacheo Marín.

*José Millacheo Lican

*Leonardo Likan Ñanco

*Andrés Likan Ñanco, junto a

*Antonio Onofre Cadin Huentelao (comunidad Juan Paillalef), condenado a 5 años y un día.

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* Iván Llanquileo (comunidad Juana Millahual), en prisión preventiva desde septiembre de 2007 (con un período en libertad condicional revocada por la Corte de Apelaciones). En la Cárcel El Manzano de Concepción.

* Luis Meñaco Santi (comunidad Pascual Coña, comuna de Cañete) en la Cárcel de Arauco, Región del Biobio, en prisión preventiva desde abril 2008.

* Juan Mariñan Fernández (comunidad del sector Huentelolén, comuna de Cañete) en prisión preventiva desde noviembre de 2007. En la cárcel de Lebu, Región del Biobio, junto a

*Pedro Lepicheo Machacán (comunidad Juan Ignacio Catrileo, comuna de Cañete) en prisión preventiva desde noviembre de 2007.