TeleSUR _ 16/03/08 - 14:08 CCS

Organizaciones pro defensa de los derechos humanos denunciaron estos hechos ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.

En Colombia un grupo de organizaciones de derechos humanos claman justicia por el asesinato de dirigentes sindicales y amenazas contra líderes sociales en las últimas dos semanas, en hechos atribuidos a grupos paramilitares.

Una investigación de TeleSUR en Bogotá reporta que fueron asesinados 4 líderes sindicales y otros 28 dirigentes campesinos, indígenas y desplazados de diferentes regiones del país, en su mayoría destacados promotores de la gran movilización del pasado 06 de marzo.

Preocupadas por el tema, diversas organizaciones defensoras de los DDHH, anunciaron que pedirán la renuncia del asesor presidencial José Obdulio Gaviria, quien públicamente dijo en más de una oportunidad que la movilización estaba siendo convocada por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Iván Cepeda, vocero del Movimiento Nacional de Víctimas aseguró que "el Gobierno sigue utilizando este estilo de señalar de guerrilleros a todas aquellas personas que de alguna manera discienten de las posturas oficiales y eso coloca, como hemos visto en esta semana, en grave riesgo a muchas personas y en este caso eso ha costado vidas ya".

"Hay líderes sindicales asesinados, víctimas de atentados, en una ola de violencia generada a partir de esas declaraciones", sostuvo Cepeda.

Sindicalistas asesinados apoyaron marcha del 6 de marzo

Los líderes sindicales asesinados pertenecían a la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) y apoyaron en sus regiones de origen, las actividades para recordar a las víctimas de la violencia en el país suramericano.

July González, miembro de la directiva de la CUT, informó que "nosotros hemos tenido 10 víctimas este año. Como pueden observar, son dos meses y medio lo que va corrido de este año y el número es bastante alto, pero igual, permanentemente los líderes activistas, afiliados e incluso que no están dentro de las organizaciones sindicales, reciben amenazas, hostigamientos y algunos han sido asesinados".

También mujeres destacadas en la lucha social y comunitaria han sido amenazadas a través de panfletos intimidatorios que están firmados por un grupo de paramilitares conocido como las "Águilas Negras".

Marina Gallego, vocera de la Ruta Pacífica de Mujeres indicó que "el Gobierno niega que existan grupos paramilitares pero la realidad es tozuda. Si en la costa, en Antioquia, en Bogotá, tienen bloques; si en Santander, en Nariño, en el Putumayo, en el Meta y en el Tolima hay grupos de este tipo, no puede ser que sean grupos delincuenciales que están por ahí sin ninguna articulación".

Las organizaciones de DDHH denunciaron estos hechos ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En Colombia, interpondrán acciones jurídicas para invocar el respeto de sus derechos.

ONU expresa preocupación

La oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó recientemente su "profunda preocupación por las amenazas de muerte de las que han sido víctimas líderes de organizaciones sociales de base y miembros de organizaciones de derechos humanos que participaron activamente en la reciente marcha del 6 de marzo".

Según un comunicado de prensa de este organismo de la ONU, en reiteradas oportunidades, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Louise Arbour, ha manifestado su respaldo a la "dedicación y valentía de las defensoras y defensores de derechos humanos ", y ha abogado "por la adopción de medidas efectivas que mejoren su protección".

El documento lamenta que "en las últimas semanas varios asesinatos de líderes de base y comunales han sido puestos en conocimiento de la Oficina, poniendo en evidencia los riesgos, para sus vidas e integridad, que los activistas sociales y de derechos humanos afrontan en sus regiones, muchas veces por cuenta de grupos armados ilegales".

Finalmente, el comunicado solicita a las autoridades del Estado "garantizar una pronta y eficaz protección de los defensores de derechos humanos y líderes de las organizaciones sociales de base". Como también urge a la Fiscalía a adelantar una decidida investigación de los hechos.

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