Por Sandro Pozzi

Los lobbies (grupos de presión) afincados en la capital comunitaria tienen cada vez más peso en la construcción de la Unión Europea.

El salto que dio en octubre del año pasado el alto funcionario español Enrique González Díaz, hasta entonces responsable de grandes procesos de fusión, a un bufete de abogados se está convirtiendo en un episodio común. Los más de 11.000 lobbistas residentes en Bruselas mantienen un contacto directo con funcionarios y eurodiputados para que las leyes resulten de su agrado. . Los más de 11.000 lobbistas residentes en Bruselas mantienen un contacto directo con funcionarios y eurodiputados para que las leyes resulten de su agrado. Las reglas deontológicas de la Comisión no han evitado la conversión de funcionarios en miembros de empresas directamente vinculadas con las funciones que desempeñaban en el Ejecutivo europeo.

Las reglas deontológicas de la Comisión no han evitado la conversión de funcionarios en miembros de empresas directamente vinculadas con las funciones que desempeñaban en el Ejecutivo europeo.

Enrique González Díaz, el alto funcionario de la Comisión Europea que en los últimos años influyó decisivamente para impedir fusiones de enormes corporaciones estadounidenses como General Electric y Honeywell, fichó el pasado octubre por un prestigioso bufete de abogados estadounidense.

Desde entonces, trabajará frente, o incluso contra, el Ejecutivo comunitario. Es una muestra más de una compleja realidad que a diario se vive en Bruselas, donde más de 11.000 lobbistas (miembros de grupos de presión) y abogados trabajan en contacto directo con funcionarios y eurodiputados para que las leyes europeas se ajusten a sus intereses.

El salto de uno a otro lado de la frontera es permanente. Los lobbies se han convertido durante la última década en unos importantes actores en el juego de la construcción europea. Se calcula que en la actualidad hay más de 3.000 inscritos ante las instituciones comunitarias. El 90% de las oficinas del barrio europeo están ocupadas por este nutrido grupo de presión, pared con pared de los edificios de las diferentes direcciones generales de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo y de las embajadas de los Estados miembros.

Son fácilmente identificables gracias a las placas doradas o plateadas que cuelgan de sus puertas. Los eurócratas de Bruselas actúan constantemente bajo la presión de alguno de estos grupos. El ejemplo más claro de este fenómeno son las cartas que envían a los eurodiputados, en muchos casos en un tono agresivo, para explicarles por qué deben votar a favor o en contra de una determinada directiva. La Asociación Española de Fabricantes de Zumos, apoyada por otros lobbies del sector cítrico, solicitó por escrito a un miembro de la Eurocámara que rechazara “en su totalidad” las enmiendas presentadas al texto original relativas a los zumos de frutas para consumo humano por los graves inconvenientes para el desarrollo de esta industria en España. Cartas similares fueron enviadas al mismo eurodiputado por el lobby de la miel de abeja, de la industria química, del software o del automóvil. Su acción abarca todos los ámbitos de la política comunitaria. Por el Parlamento Europeo es frecuente ver reunidos a los eurodiputados con representantes de grandes compañías como Nike, Microsoft o Volkswagen. Es más, los lobbistas disponen de tarjetas de acceso para poder moverse por la sede de la Eurocámara.

Hay además manuales, como el publicado por La Caixa (Cómo tratar con Bruselas. El lobby en la Unión Europea), en el que afirma sin tapujos que “existe una actitud positiva por parte de las instituciones europeas” hacia esta práctica. “Cualquier empresa, sea cual sea su dimensión, puede influir en la política de la Unión Europea si tiene ideas claras y sabe cómo enfocar la cuestión”, explica.

Unice es uno de los grupos de presión más poderosos de los instalados en Bruselas. Es la voz oficial de la industria europea desde 1958, una verdadera máquina de hacer lobby con capacidad para analizar hasta la última coma de los borradores de los textos legislativos, con el objetivo de introducir sus posturas antes de que sean escupidos de vuelta al proceso de toma de decisión.

Su poder de presión se hace aún mayor con el lobby paralelo que realizan las 33 patronales de los Estados miembros y, además, combina su influencia con la Mesa Redonda Europea de Industrialistas. Algunos eurodiputados comentan que los puntos de vista de los lobbies son muy útiles para entender el impacto que tienen ciertas normas europeas en sectores específicos. Sus tentáculos tocan todos los niveles de la compleja burocracia europea. Todo se hace con gran transparencia y de una forma más elegante que en Estados Unidos, como afirma Rogier Chorus, un holandés que preside el lobby de los lobbies, Seap, encargado de defender una profesión muy mal vista fuera del mundo anglosajón.

Los lobbistas consideran, además, que su trabajo es necesario no sólo para las empresas que ellos representan, sino también para las propias instituciones europeas. La acción de los lobbies se completa con la de los bufetes de abogados. Las mayores firmas del mundo, como Clifford-Chance, Baker & McKenzie, Fresh Fields, Stanbrook Hooper, Cleary Gottlieb —por la que acaba de fichar el jefe de la Unidad de Fusiones, el español Enrique González Díaz—, Linklaters, o S. J. Berwin, entre otras, tienen oficinas centrales en Bruselas. Entre los bufetes españoles destacan Cuatrecasas y Uría & Menéndez.

A eso hay que añadir las consultoras y oficinas de relaciones públicas como Weber Shandwick Adamson, Clan o Gellis Communications. La relación entre el mundo de los lobbistas y el de las instituciones comunitarias es casi de ósmosis, con un trasvase continuo de personal hacia uno y otro lado.
“La puerta está abierta en los dos sentidos”, comenta un portavoz de la Comisión Europea. Pero este salto despierta dudas, a pesar de que existan reglas deontológicas muy precisas que no han evitado la aparición de algunos episodios muy sonados.

Entre los más llamativos está el fichaje del ex comisario de Comunicaciones Martin Bangemann por la compañía Telefónica muy poco después de abandonar la Comisión. Hay otros que pasaron casi desapercibidos. El actual presidente de la Organización Especializada en Aduanas y Fiscalidad (Odasce) fue director general, curiosamente, de Aduanas y Fiscalidad Indirecta. John Temple Lang, ex director de Competencia, ahora ejerce de abogado contra la Comisión Europea. Hace un año, el funcionario Deflet Eckert, de la dirección general de Empresas, se pasó a Microsoft. El sector privado busca ansiosamente funcionarios muy especializados que le puedan asesorar sobre los entresijos burocráticos de Bruselas.

Pero el ejemplo que refleja mejor esta ósmosis entre lobby y función pública es el del despacho G-Plus, que originó hace justo un año una verdadera tempestad en el seno del Ejecutivo comunitario. Entre los socios de este despacho se encuentran tres antiguos portavoces de la Comisión Europea, responsables nada más y nada menos que de las carteras de Comercio y de la de Competencia. Esta oficina realiza trabajos financiados por el presupuesto comunitario al tiempo que defiende los intereses de sectores como la industria naval coreana, contra la que la Unión Europea tiene abierto un contencioso ante la Organización Mundial del Comercio por dumping (venta por debajo de costes).

El gladiador de "Supermario"

El comisario europeo de la Competencia, Mario Monti, se quedó sin uno de sus principales gladiadores. Enrique González Díaz era hasta hace poco una pieza clave en la unidad que se encarga en la Comisión Europea del control de las grandes fusiones entre empresas y uno de los funcionarios más combativos en Bruselas, hasta el punto de ser temido en la otra orilla del Atlántico.

El diario económico Financial Times se preguntó incluso si estábamos ante el declive del imperio del supercomisario, que ha visto durante los últimos meses cómo el Tribunal de Justicia de la UE le echaba por tierra algunas de las decisiones orquestadas desde la cocina que él dirige.

Lo cierto es que González Díaz, de 42 años, dejó la Dirección General de la Competencia con una información muy útil en su cabeza sobre los entresijos y trucos internos de la Unidad de Fusiones, una de las más poderosa del Ejecutivo comunitario.

Es ese valor añadido lo que buscan bufetes de abogados como Cleary Gottlieb, que acaba de ficharlo. La principal actividad de ese despacho se desarrolla precisamente en la competencia. El salto al otro lado ha desatado sospechas sobre la compatibilidad de dos labores tan próximas en el tiempo.

Tanto González Díaz como el propio Ejecutivo comunitario quisieron resaltar que el paso al sector privado es completamente compatible con las normas vigentes para la Comisión Europea. El alto funcionario español aseguró que no utilizará los datos confidenciales a los que ha accedido durante sus 13 años de trabajo en la Comisión y en el Tribunal de la Unión Europea. Su experiencia es otra cosa .

Autor: Solidaridad - Autogestión- Fecha: 2004-10-25