La Red Mafiosa en la Ciencia y la Universidad Argentina

Eduardo R. Saguier, Dimanche, Décembre 3, 2006 - 13:37

Author: Eduardo R. Saguier

First paragraph (Teaser):

El plan mafioso instaurado en la ciencia y la universidad argentina no hubiera sido posible sin la complicidad de numerosas autoridades, entre las cuales se encuentran todo el staff de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación así como todos los funcionarios de las Secretarías de Ciencia y Técnica de las diferentes Universidades Nacionales, las cuales han tenido mediante las categorizaciones de los denominados Incentivos parte intrínseca en el plan mafioso.

por Eduardo R. Saguier
Investigador Independiente del CONICET

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Indice

I.- Introducción
II.- La Agencia y la complicidad de sus Coordinadores de �?rea
III.- El Conicet y la complicidad de sus Comisiones Asesoras
IV.- Las Universidades Nacionales y la complicidad de sus Secretarías de Ciencia y Técnica
V.- Conclusiones

I.- Introducción

El origen de la Agencia Nacional para la Promoción Científico-Tecnológica, dependiente de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación, supuestamente obedeció a la necesidad de crear un sistema de financiamiento de la ciencia independiente de la institución del beneficiado y de paso despojar al CONICET de los fondos con que subsidiaba a sus propios Investigadores de Carrera, so pretexto de que no podía ser Juez y Parte Interesada en la distribución de dichos subsidios.

Pero con el correr de una sola década, lo que comenzó como un sano objetivo de independencia y equilibrio académico terminó paradójicamente en las antípodas, pues en los hechos la Agencia, el CONICET, las Secretarías de Ciencia y Técnica de las Universidades Nacionales, la CONEAU y la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación tergiversaron sus principios originarios fusionando íntima e ilegalmente sus mutuos intereses.

Los Coordinadores de �?rea de la Agencia, cuya responsabilidad es la de asignar los evaluadores de cada proyecto (de identidad confidencial), son designados por el Directorio de la Agencia. Estos Coordinadores de �?rea, siguiendo la Ley del Toma y Daca, preceden, acompañan o sobrevienen a los subsidios otorgados a sí mismos, lo que configura claramente el ilícito de colusión de intereses.

Más aún, la Agencia subsidia a ciertos y determinados Investigadores del CONICET y en reciprocidad el Directorio del CONICET los designa en sus múltiples Comisiones y mediante su propia Junta de Calificaciones los asciende en la carrera científica. Este plan mafioso tampoco hubiera sido posible sin la complicidad de numerosas autoridades, entre las cuales se encuentran todo el staff de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación así como todos los funcionarios de las Secretarías de Ciencia y Técnica de las diferentes Universidades Nacionales, las cuales han tenido mediante las categorizaciones de los denominados Incentivos parte intrínseca en el plan mafioso.

Estas reciprocidades son producto de códigos, privilegios y prerrogativas no escritas, mediante las cuales se incluye a los eventuales cómplices, se utiliza a los auténticamente prestigiosos para infiltrar a los inescrupulosos y mediocres, y se excluye con medidas punitivas (rechazo de Informes, congelamiento de ascensos, etc.) a los desafectos o a aquellos elementos considerados como peligrosos, porque pueden llegar a socabar el plan mafioso. Con estos códigos no hay forma de arrepentirse, ni de delatar nunca a sus colegas patrones. La denuncia como la delación equivalen al ninguneo y el castigo.

En un principio, el monto de los subsidios comenzó con cifras de cinco dígitos, y más luego alcanzaron los seis dígitos. Por otro lado, en un comienzo el número de �?reas temáticas fue razonable pero con el correr del tiempo se fueron multiplicando vertiginosamente. La fusión de estos organismos de ciencia y técnica y la gestación de numerosos nichos de poder académico alcanzó entonces su éxtasis y su fruto ha concluido por fragmentar las filas de los científicos e inducir una suerte de paz de los sepulcros.

Debemos señalar que esta investigación pudo ser hecha merced a la insistencia en la Lista Electrónica Pol-Cien para que se exhibiera la información oculta en el sitio electrónico de la SECyT, que es falto de total transparencia y cuyo ocultamiento pareciera ser hecho exprofeso. Los cruces entre los diferentes listados fueron hechos a mano, sin software alguno y utilizando sólo la memoria humana, por lo que es muy probable que se hayan escapado muchas otras correlaciones, especialmente la de aquellos que portan apellidos patronímicos (Pérez, Rodríguez, González, Fernández, etc.)

II.- La Agencia y la complicidad de sus Coordinadores de �?rea

En la Agencia Nacional para la Promoción Científico-Tecnológica, dependiente de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación (SECYT), presidida por el Dr. Lino Barañao, los Coordinadores de �?rea Jorge Jorrat, Marcelo Cabada, Eduardo Arzt, y Jaime Cerda, se adjudicaron a sí mismos sendos subsidios.

En efecto, en la Convocatoria-2004, el Coordinador del �?rea de Ciencias Humanas y Sociales Dr. Jorge Jorrat se adjudicó la suma de $209.000; y en la Convocatoria-2003, el Coordinador del �?rea de Ciencias Médicas Dr. Eduardo Arzt se adjudicó la suma de $210.000; el Coordinador del �?rea de Ciencias Biológicas Dr. Marcelo Cabada se adjudicó la suma de $210.000, y el Coordinador del �?rea de Tecnología Química Dr. Jaime Cerda también la suma de $210.000. Y en la Convocatoria-2002, en una clara operación de adelanto de reciprocidades les fue adjudicada igual suma a los que al año siguiente fueron los Coordinadores de las �?reas de Tecnología Informática Dr. Marcelo Frías, de Tecnología de Alimentos María Cristina Añón, y de Economía y Derecho Dr. Luis Beccaria.

Asimismo, a los miembros del Directorio del CONICET Faustino Siñeriz, Carlos Rapela y Dra. Noemí Girbal de Blacha les fue asignada a cada uno en la Convocatoria-2002 la suma de $210.000; y a la Dra. Girbal en la Convocatoria-2005 una suma indeterminada bajo el Código 32.396. Y al Asesor de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación y Director del Observatorio Científico-Tecnológico Dr. Mario Albornoz le fue adjudicada en la Convocatoria-2003 la suma de $128.000, y en la Convocatoria-2005 una suma indeterminada bajo el Código 33.851.

A los Coordinadores de �?rea, que han sido denunciados al comienzo de este escrito, debemos agregar los Coordinadores siguientes:

1) En la Convocatoria-2005 les fue adjudicado subsidios por diferentes montos a los Coordinadores de �?rea Marcelo Cabada, Juan José Cazzulo, Eduardo Arzt, Alcira Batlle, Juan José Poderoso, Horacio Corti, Alberto Vargas, Luis Gugliotta, y Ana María Antón.

2) En la Convocatoria-2004 les fue adjudicado subsidios por diferentes montos a los Coordinadores de �?rea Eduardo Cánepa, Mirta Quattrochio, Juan Pablo Paz, Rodolfo Sánchez, Damián Zanetti, Juan Jose Poderoso, Amelia Rubiolo y Verónica Bucala.

3) En la Convocatoria-2003 les fue adjudicado subsidios por diferentes montos a los Coordinadores de �?rea Carlos A. Balseiro, Juan José Cazzulo, Horacio Corti, Roberto Rossi, Carlos Lanusse, Isidoro Schalamuk, y Ricardo Carelli

4) En la Convocatoria-2002 les fue adjudicado subsidios por diferentes montos a los Coordinadores de �?rea Gustavo Politis, Luis Alberto Beaugé, Roberto Salvarezza, Ricardo Astini, Beatriz Coira, Hermenegildo Ceccatto, Carlos Gigolo, Luis Mroginski, Maria Cristina Anón, Luis Beccaria y Marcelo Frías.

5) En la Convocatoria-2000/2001 les fue adjudicado diferentes subsidios por diferentes montos a los Coordinadores de �?rea Eduardo Cánepa, Juan José Cazzulo, Marcelo Cabada, Rodolfo Sánchez, Damián Ravetta, Gustavo Corach, Juan Pablo Paz, Juan José Poderoso, Alcira Batlle, Beatriz Coira, Walter Helbling, Ana María Parma, Alberto Escande, Amelia Rubiolo, Alberto Vargas, Francisco Felipe Garcés, y el actual Presidente de la Agencia Lino Barañao.

En efecto, en la Convocatoria-2005, les fue adjudicado a los Coordinadores del �?rea de Ciencias Biológicas Marcelo Cabada y Juan José Cazzulo montos indeterminados bajo los códigos 31.660 y 38211; a los de Ciencias Médicas Eduardo Arzt, Alcira Batlle, Juan José Poderoso cifras indeterminadas bajo los códigos 31.541, 32642, y 34.785; al de Ciencias Químicas Horacio Corti una cifra indeterminada bajo el código 32.916; al de Tecnología Energética Alberto Vargas una cifra indeterminada bajo el código 32.438; al de Tecnología Química Luis Gugliotta una cifra indeterminada bajo el código 38.158; y al de Ciencias Biológicas de Organismos Ana María Antón un monto indefinido bajo el código 34.901.

En la Convocatoria-2004, le fue adjudicado al Coordinador del �?rea de Ciencias Biológicas Dr. Eduardo Cánepa un subsidio por $280.000; al de Ciencia de la Tierra Mirta Quattrochio $223.000; a los de Ciencias Fisico-Matemáticas Juan Pablo Paz $271.000, Rodolfo Sánchez $200.000; y Damián Zanetti $202.000; al de Ciencias Médicas Juan José Poderoso $279.000; al de Ciencia de la Tierra Rodolfo Sánchez $78.802; al de Tecnología de Alimentos Amelia Rubiolo $280.000; y al de Tecnología Química Verónica Bucala $248.000.

En la Convocatoria-2003, le fue adjudicado al Coordinador del �?rea de Ciencias Matemáticas Carlos A. Balseiro $210.000; al de Ciencias Biológicas Juan José Cazzulo $210.000; a los de Ciencias Químicas Horacio Corti $209.000 y Roberto Rossi $210.000; al de Tecnología Pecuaria Carlos Lanusse $210.000; al de Tecnología Energética Isidoro Schalamuk $206.000; y al de Tecnología Informática Ricardo Carelli $256.000. A propósito, el Coordinador Roberto Rossi, aquí mencionado, sería el mismo que figura en La Nación del viernes 1º de diciembre como habiendo recibido el Premio Sadoski-Bernardo Houssay.

En la Convocatoria-2002, le fue adjudicada al Coordinador de Ciencias Humanas Gustavo Politis $200.000; al de Ciencias Médicas Luis Alberto Beaugé $210.000; al de Ciencias Químicas Roberto Salvarezza $193.000; a los de Ciencias de la Tierra Ricardo Astini $210.000 y Beatriz Coira 204.000; al de Ciencias Físico-Matemáticas Hermenegildo Ceccatto $200.000; al de Tecnología Química Carlos Gigoló $85.000; al de Tecnología Agraria Luis Mroginski $163.000; a la de Tecnología de Alimentos María Cristina Anon $209.000; al de Economía y Derecho Luis Beccaria $121.000; y al de Tecnología Informática Marcelo Frías $206.000.

En la Convocatoria-2000/2001, le fue adjudicada a los Coordinadores del �?rea de Ciencias Biológicas Eduardo Cánepa $130.000; Juan José Cazzulo $140.000; y Marcelo Cabada $90.000; a los de Tecnología Agraria Rodolfo Sánchez $84.000 y Damián Ravetta $140.000 (este último colaborador del Ing. Víctor Kopp, Director del �?rea Técnica de Gestión de Subsidios); a los de Ciencias Físico-Matemáticas Gustavo Corach $105.000 y Juan Pablo Paz $90.000; al de Ciencias Médicas Juan José Poderoso $105.000; a la de Ciencias Químicas Alcira Batlle $150.000; al de Ciencias de la Tierra Beatriz Coira $120.000; al de Ciencias Biológicas de Organismos Walter Helbling $130.000; al de Tecnología Pecuaria Ana María Parma $100.000; al de Tecnología Agraria Alberto Escande $105.000; al de Tecnología de Alimentos Amelia Rubiolo $150.000; y a los de Tecnología Energética Alberto Vargas $84.000 y Francisco Felipe Garcés $72.000. En esta última Convocatoria 2000/2001 le fue adjudicada al Prof. Lino Barañao la suma de $140.000; al ex Presidente del CONICET y actual Director General del FONCYT Armando Bertranou $75.000; y a los Decanos Alberto Boveris y Héctor Trinchero $170.000 a cada uno. En la Convocatoria-2005 registra su aparición el ex Secretario de Ciencia y Técnica del Menemismo Juan Carlos del Bello bajo el código 35.196, y la Secretaria de Educación de la Provincia de Buenos Aires Adriana Puiggrós con un monto indefinido bajo el código 38.346. También registra un subsidio el recientemente ascendido a la máxima categoría de Investigador Superior del CONICET Martín Isturiz con una suma indefinida bajo el código 38.197

III.- El Conicet y la complicidad de sus Comisiones Asesoras

La presencia de los miembros del Directorio del CONICET Faustino Siñeriz, Carlos Rapela y Noemí Girbal de Blacha entre los integrantes de la Cadena de la Felicidad de la Ciencia Argentina ha confirmado la sospecha de la existencia de una íntima reciprocidad entre la Agencia y el CONICET. Cruzando la actual lista de integrantes de las Comisiones Asesoras del CONICET, correspondiente al año 2006, con las Listas de los beneficiados por la Agencia-SEPCyT durante el último quinquenio ha dado como resultado casi un centenar de correlaciones, las que revelarían la identidad de los mayordomos de ese falso Parnaso o Banda de Ladrones (como Platón le hace decir a Sócrates en el Libro I de La República), en que se ha convertido la Cadena de la Felicidad aquí denunciada.

Entre los integrantes de la Comisión Asesora de Ciencias Médicas, los que recibieron subsidios en el año 2000/2001 fueron Aldo Mottino con la suma de $105.000; Carlos José Pirola con la suma de $120.000; Oscar Bottasso con un total de $92.000; y Héctor Targovink con el monto de $105.000; en el año 2002 fueron Patricia Elizalde con la suma de $210.000; Ana María Franchi con la suma de $210.000, y la Alicia Belgorosky con la suma de $210.000; en el año 2003, Hugo Daniel Luján recibió la suma de $210.000, y Osvaldo Uchitel la suma de $200.000; en el año 2004 los que recibieron fueron Rodolfo Campos la suma de $279.000; Jorge Geffner la suma de $174.000; María �?ngela Lazzari la suma de $280.000; Alicia Mattiazzi la suma de $251.000; Héctor Targovnik volvió a recibir otro monto de $252.000; y Mario G. Murer la suma de $195.000. En este último caso, habría que aclarar que el Dr. Murer había ya recibido en el año 2002 la suma de $110.334. Y en el año 2005, los que recibieron fueron Claudia Capurro una suma bajo el código 32.130; Osvaldo Podhajcer un monto bajo el código 38.011; y otra vez Osvaldo Uchitel una suma desconocida.

Entre los integrantes de la Comisión de Biología Alfredo Juan Castro Vázquez recibió en 2002 la suma de $147.000; y en el año 2005 Miguel Angel Sosa Escudero recibió una suma indefinida bajo el código 33.383; y Marta Dolores Mudry un monto bajo el código 38.001.

Entre los miembros de la Comisión de Química, en el año 2000/2001 María Rita Micaela Hoyos de Rossi recibió un total de $140.000; Manuel López Teijelo la suma de $94.000; y Carlos Previtali un total de $105.000; en el año 2002 el Coordinador Gerardo Burton recibió la suma de $202.000; en el año 2004 los que recibieron fueron Edgardo Durantini la suma de $203.000; Luis Dante Martínez el monto de $160.000; y José Carmelo Pedregosa la suma de $267.000. Y en el año 2005, Carlos M. Previtali volvió a recibir un monto indeterminado bajo el código 32.351. Entre los integrantes de la Comisión de Bioquímica, en el año 2004, la Coordinadora Beatriz Caputto recibió la suma de $280.000; José Luis Bocco recibió $279.000; Horacio Garda recibió la suma de $270.000; Fernando Goldbaum el monto de $280.000; y María Isabel Colombo recibió la suma de $276.000. En este último caso, habría que aclarar que la Dra. Colombo había ya recibido en el año 2002 un monto de $196.771.

Entre los miembros de la Comisión de Matemáticas y Computación Juan Santos recibió en 2002 la suma de $205.000; y Graciela Boente Boente recibió en 2004 la suma de $177.000. Entre los miembros de la Comisión de Física, Ricardo Piegaia recibió en 2002 la suma de $171.249; y en el 2005 recibieron Jorge Fernández Niello una suma indefinida bajo el código 32.757; y Patricia Levstein otro monto desconocido bajo el código 33.623. Entre los integrantes de la Comisión de Astronomía, su Coordinador Pablo J. Mauas recibió en 2005 una suma indeterminada bajo el código 32.408. Entre los integrantes de la Comisión de Ciencias Exactas y Naturales Gerardo Perillo quien desempeña a su vez el cargo de Coordinador de la Comisión de Ciencias de la Tierra, recibió en 2004 la suma de $272.000.

Entre los miembros de la Comisión de Ciencias Agrarias, en el año 2002 Roberto Lecuona recibió la suma de $175.000; y en el año 2003 Sofía Chulze recibió un total de $210.000. Entre los integrantes de la Comisión de Veterinaria, en 2000/2001 Osvaldo Rossetti recibió la suma de $75.000; y en 2002 Enrique Portianski recibió un total de $197.000. Entre los miembros de la Comisión de Ciencias de la Tierra, el Agua y la Atmósfera, en 2000/2001 Analía Artabe recibió $75.000; Sergio Matheos la suma de $85.000; y Alejandro Tosselli la suma de $150.000; en 2002 Carlos Cingolani recibió la suma de $188.167; en 2004 Susana Bischoff recibió un total de $220.000; y en el 2005 los que recibieron fueron nuevamente Analía Artabe una suma bajo el código 32.323; y Alicia Ronco un monto bajo el código 38.350.

Entre los integrantes de la Comisión Asesora de Ingeniería Civil, Mecánica y Eléctrica, el Ing. Guillermo Kaufman recibió en 2005 una suma bajo el código 38.168. Entre los miembros de la Comisión Asesora de Ingeniería y Procesos Industriales y Biotecnológicos en 2000/2001 José Bandoni recibió la suma de $120.000.

Entre los integrantes de la Comisión de Ciencias Humanas, María Isabel Santa Cruz recibió en 2005 una suma bajo el código 38.227. Entre los miembros de la Comisión de Arquitectura en 2000/2001 Beatriz Cuenya recibió la suma de $60.000. Entre los integrantes de la Comisión de Historia y Antropología en 2000/2001 Cristina Bellelli recibió la suma de $92.000.

También han sido beneficiados con subsidios los integrantes de las Comisiones Asesoras Pablo Penchaszadeh, Alfredo Bolsi y Guillermo Mengoni Goñalons. En las Universidades más pequeñas del interior del país también se registra este fenómeno: en la Universidad de Córdoba con los Investigadores Dora Celton y César Tcach; en la Universidad de Cuyo con el biólogo Alfredo Castro Vázquez; y en la Universidad Nacional del Sur con el tecnólogo químico José Alberto Bandoni, quien integra la Comisión Asesora de Ingeniería de Procesos Industriales y Biotecnología.

Entre los miembros de la Comisión Asesora Interdisciplinaria Especial Ad-Hoc de la Gran �?rea de Ciencias Agrarias, Noemí Walsoe de Reca recibió en el año 2003 una indefinida suma de dinero; y en la de Ciencias Biológicas Stella González Cappa recibió un monto indeterminado, Ricardo Farías $210.000 en 2003, y Rodolfo Ugalde que a su vez desempeña el cargo de Coordinador de la Comisión de Veterinaria y fue Director del Consejo de Investigaciones Científicas (CIC) de la Provincia de Buenos Aires recibió $210.000 en 2003 y $275.000 en 2004.

Entre los integrantes del Comité Asesor del Núcleo Básico de Revistas Científicas les fue adjudicado a Alfredo Bolsi $30.000 en 2000/01, a Dora Barrancos $208.000 en 2004, a Alejandro Rofman $135.000 en 2004, a Marcelo Cavarozzi $204.000 en 2004 y una cifra indeterminada a Stella González Cappa.

Entre los integrantes de la Comisión Ad-Hoc-Recursos correspondiente a las Ciencias Sociales le fue adjudicada a Ana María Lorandi en 2003 la suma de $72.969 y a Víctor Tau Anzoátegui $50.000 en 2000/2001 y un total de $95.000 en 2003. Entre los integrantes de la Comisión Ad-Hoc de Materiales, Roberto Salvarezza recibió en 2002 la suma de $193.000.

Y finalmente, entre los miembros del Comité Nacional de Ética en Ciencia y Tecnología de la SECYT Stella M. González Cappa, Alberto R. Kornblihtt, Armando Parodi y Otilia Vainstok recibieron jugosos subsidios. La Dra. González Cappa lleva acumulados desde 1998 tres diferentes subsidios de tres dígitos cada uno. ¿Sus otros miembros Roberto Fernánez Prini, Samuel Finkielman, Noé Jitrik, Ernesto E. Maqueda, Fernando O. Ulloa y Aída Kemelmajer de Carlucci tendrán algo para opinar respecto a la Cadena de la Felicidad recientemente descubierta bajo sus narices? ¿Ninguno de estos científicos expertos en temas de ética sospechó ninguna anormalidad?

IV.- Las Universidades Nacionales y la complicidad de sus Secretarías de Ciencia y Técnica

Habíamos descubierto que los Coordinadores de la Agencia -elegidos por el Directorio para seleccionar los evaluadores de cada Proyecto-- también fueron simultánea o en forma diferida beneficiarios de subsidios. Más luego hallamos que la Agencia subsidia a ciertos y determinados Investigadores del CONICET y en reciprocidad el Directorio del CONICET los designa en sus múltiples Comisiones y mediante su propia Junta de Calificaciones los asciende en la carrera científica. Y hoy venimos a descubrir que esta suerte de asociación ilícita no habría sido tampoco posible sin la complicidad de las Secretarías de Ciencia y Técnica de las diferentes Facultades y/o Universidades Nacionales, las cuales han tenido merced a los Bancos de Evaluadores de la Secretaría de Políticas Universitarias y de la CONEAU -que establecen cual si fueran juntas de calificación categorizaciones y puntajes a nivel individual e institucional-- parte intrínseca en la asociación ilícita y en sus derivaciones penales, en cuanto a apoderamiento fraudulento, usufructo patrimonial del cargo y enriquecimiento ilícito.

Entre las funciones y responsabilidades de los Secretarios de Ciencia y Técnica de las Facultades y/o Universidades Nacionales, la tercera pata del trípode burocrático sobre el cual está montada la mafia que domina la producción del conocimiento científico en Argentina, está la de hacer el seguimiento de los Proyectos de Investigación financiados por organismos nacionales, provinciales y/o universitarios, así como la de administrar las Rendiciones de Cuentas de los gastos practicados por los Responsables de los Proyectos financiados.

Los funcionarios que deben otorgar subsidios a otros y que por el contrario se lo otorgan a sí mismos o a terceros que son afines por amistad o parentesco incurren en varios delitos: en primer lugar en negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública; en segundo lugar contribuyen en la construcción de una red mafiosa de apoderamiento fraudulento de las estructuras de decisión de las universidades (Rectorados, Decanatos y Secretarías de Investigación), y de las instituciones de dominación académica (CIN, CONEAU, CONICET, ANPCYT), estas últimas alimentadas con los Bancos de Evaluadores provistos por aquellas; en tercer lugar se convierten en partícipes de una asociación ilícita agravada en razón del cargo detentado; en cuarto lugar incurren en lo que se conoce como usufructo patrimonial del cargo; y en última instancia en enriquecimiento ilícito.

Estas conductas delictivas alcanzan a los mismos socios del silencio, que son los que medran compartiendo subsidios y proyectos (conductas tipificadas en los artículos 248, 256, 260, 261 y 210 del Código Penal), por cuanto la obligación del funcionario académico es otorgar subsidios a los que lo peticionan y no incurrir en incompatibilidades manifiestas otorgándoselo a sí mismo o a sus socios o amigos. Por cierto, para que la indagación de la existencia de una asociación ilícita fuera más plenamente acreditada se debería requerir la información relativa a los parentescos carnales y políticos, que como cualquier fiscal federal conoce son en el interior del país -por razones demográficas-una realidad más intensa y palpable que en la capital de la república.

En cuanto al contralor de la gestión administrativa, tenemos que las Universidades Nacionales practican distintos criterios para ejecutar la función de auditoria, con muy diversos grados de rigor y transparencia, pues que se sepa no han descubierto hasta hoy ningún caso de apoderamiento fraudulento y/o enriquecimiento ilícito. Algunas Universidades han unificado esta responsabilidad en una Secretaría u organismo centralizado y otras lo han diversificado en tantas Secretarías como Facultades existen en sus organigramas. Para el caso, tenemos que la Universidad Nacional de Tucumán tiene desde hace un tiempo al frente de su Secretaría de Ciencia y Técnica al historiador Daniel Campi, el mismo a quien la Agencia financió en el 2002 con un subsidio de $135.938. En la Universidad Nacional de Córdoba, figura a la cabeza de la Secretaría de Ciencia y Técnica el químico Héctor Rubinstein, el mismo que fue financiado en el período anterior de 2005 con un subsidio cuyo monto aún sigue indeterminado. En la Universidad Nacional de Rosario, el Secretario de Ciencia y Técnica de la Facultad de Ciencias Exactas Roberto Aquilano se benefició en 2005 con un subsidio de monto indeterminado. En la misma universidad, el Secretario de Ciencia y Técnica de la Facultad de Medicina Oscar Bottasso se benefició en 2004 con un subsidio de $213.125. En la Universidad Nacional de Córdoba, el Decano de Ciencias Químicas Gerardo Fidelio recibió en el 2001 la suma de $134.000. Y en la Universidad Nacional del Litoral, la Vice-Decana de la Facultad de Farmacia Yolanda Bolzón de Lombardo se benefició en 2005 con otro subsidio de suma indefinida.

En la provincia de Buenos Aires, los desaguisados tampoco escasearon. En la Universidad Nacional del Sur, el actual Secretario de Ciencia y Técnica Osvaldo Agamennoni recibió en 2003 la suma de $147.727. En la Universidad Nacional de Mar del Plata, el Decano de Ciencias Exactas Gustavo Daleo y la Secretaria de Investigaciones Virginia Manzini recibieron en 2005 sendas sumas de monto indeterminado. En la Universidad Nacional de San Martín, el Director de la Escuela de Política Marcelo Cavarozzi se benefició en 2004 con un subsidio de $204.529; y el Secretario de Investigación Diego Hurtado de Mendoza fue financiado en 2004 con un subsidio de $71.279. Y en la Universidad Nacional de Quilmes tenemos el caso de un Consejero Departamental el biólogo Pablo Ghiringhelli, quien obtuvo en el 2005 un subsidio de la Agencia por un monto indefinido de pesos; y el de un biólogo Mario R. Ermácora, que fue subsidiado reiteradamente en dos períodos consecutivos, el del 2004 y el del 2005.

En el caso de la UBA, tenemos que algunos de los integrantes de la media docena de Comisiones Técnicas Asesoras (CTA) --que tienen como función prestar asesoramiento en las tareas de evaluación de las distintas actividades de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UBA-- serían también hipotéticamente parte necesaria de la asociación ilícita. Entre los beneficiarios de los subsidios por cifras aún no divulgadas, repartidos por la Agencia en el 2005, se encuentran los siguientes Investigadores: el miembro de la CTA No.1, de las Ciencias de la Salud Humana Rodolfo Rothlin; el integrante de la CTA No.3 de Ingeniería, Ciencias Ambientales y Habitat Juan Manuel Borthagaray (quien a su vez suma otro subsidio del 2002 de $210.000); los miembros de la CTA No.4, de Ciencias Básicas y Biológicas Alicia Godeas (PICT-2003 de $208.980) y Juan Pablo Rossi (quien a su vez suma otro subsidio del 2002 de $206.250); los miembros de la CTA No.5, de Ingeniería, Ciencias del Ambiente y Habitat Guillermo Artana y Jorge Alberto Sarquis; y los integrantes de la CTA No.6 de Ciencias Agropecuarias y Salud Animal: Ana Pilosof, Jorge Casal, Alejandro Mentaberry, Angel Chiesa (suma otro subsidio del 2002 de $203.708) y Alicia Fernández Cirelli, ex Presidenta de UBACYT durante el Menemismo. Por último, faltaría contrastar las listas de beneficiarios de subsidios con los anteriores integrantes de estas mismas Comisiones Técnicas Asesoras, que por cierto no están exhibidos en la web, seguramente dados de baja para no dejar rastros de sus reiterados ilícitos.

En cuanto a las Secretarías de Ciencia y Técnica de cada Facultad de la UBA, tenemos que en la Facultad de Odontología, el Secretario de Ciencia y Técnica Enri Santiago Borda -integrante del CTA No.1-- ganó en el 2005 otro PICT de monto desconocido. En la de Farmacia y Bioquímica el Secretario de CyT Daniel Turyn ganó en 2004 un subsidio por $212.925. Y en la de Medicina, en la actual Comisión de Investigación de dicha Facultad el Dr. Daniel Sordelli ganó en el 2002 un subsidio por $210.000. Asimismo, en la UBA hemos encontrado entre los beneficiados por la Agencia al Decano de Filosofía y Letras Héctor Trinchero con $170.000, al Decano de Farmacia Alberto Boveris con $140.000, a la Vice-Decana de Farmacia Graciela Ferraro con una suma indeterminada, al Vice-Decano de Medicina Ricardo Gelpi con un subsidio en 2002 de $161.812; y a un ex Decano de Sociales Fortunato Mallimacci con $362.186 en 2004. Entre el staff de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación nos tropezamos con el nunca tan bien recordado Hugo Levato, el mismo que aseguraba durante el Proceso y desde USA lo bien exonerados que estaban los Investigadores que más luego "desaparecieron". En efecto, en el 2004 Hugo Levato levantó en la Agencia un subsidio por la suma de $231.422. Y en el caso de la CONEAU, dos miembros de su Directorio, el sociólogo y ex funcionario de la Universidad Nacional de Quilmes Ernesto Villanueva, y el sociólogo Carlos Pedro Krotsch recibieron de la Agencia en 2002 y 2005 la suma de $155.354 y un monto desconocido respectivamente.

También contamos con los extraños casos de aquellos Investigadores que aparecen financiados duplicadamente, es decir con subsidios otorgados a la misma persona y/o su homónima, en dos proyectos correspondientes a unidades académicas distintas. Este ha sido el caso en la Universidad Nacional del Centro del Investigador Alberto Parma, quien aparece con un subsidio otorgado en el 2005 en el �?rea de las Ciencias Médicas, y otro tanto en el mismo período en el �?rea de la Tecnología Pecuaria. El del Investigador Jorge Calvo, de la Universidad La Patagonia, y simultáneamente miembro de la Junta de Calificaciones del CONICET, quien aparece subsidiado en el mismo período del 2005 en dos Proyectos distintos, uno en el �?rea de las Ciencias de la Tierra y el otro en el �?rea de las Ciencias Biológicas de Organismos. Y el del Investigador Emilio Malchiodi de la UBA, quien figura subsidiado en el �?rea de las Ciencias Biológicas y también en el �?rea de las Ciencias Médicas..

Para el caso de la Universidad Nacional de Rosario contamos con el muy particular ejemplo de un matrimonio cuyos integrantes tuvieron ambos la felicidad de que la ANPCYT les financiara sendos proyectos, tanto el del marido, el biólogo Ricardo Duffard, en el 2005; como el de su esposa la tecnóloga del medio ambiente Ana María Evangelista de Duffard, con un monto de $258.333 devengado en el 2004, que sumados ambos dan en la unidad familiar más de medio millón de pesos en un par de años.

Por último, la cuarta pata de la mesa sobre la cual está mal servida la ciencia argentina sería la Secretaría de Políticas Universitarias y la CONEAU, ambas dependientes del Ministerio de Educación de la Nación, instituciones destinadas a categorizar a los denominados docentes investigadores y a los programas de las instituciones de docencia superior. Ambas instituciones se han prestado hasta el presente, a través de las supuestas categorizaciones y puntajes, a toda suerte de manipulaciones y conspiraciones, de la cual están privilegiadamente exentos quienes son docentes de universidades o investigadores correspondientes al ámbito privado. Es decir, los miembros de instituciones o universidades privadas están excepcionalmente dispensados de tener que pasar por las horcas caudinas y kafkianas de una inmensa burocracia estatal.

V.- Conclusiones

Para completar esta investigación faltaría conseguir la Lista de Subsidios del corriente año 2006 y cruzar la Lista de Subsidios de la Agencia con las Listas de las Comisiones Asesoras del CONICET correspondientes a los años 2000/2001, 2002, 2003 y 2004, y así poder comprender el cuadro de gerenciamiento en la Cadena de la Felicidad de la ciencia argentina. Asimismo, quedaría por cruzar esta información con las Listas de Ascensos practicados por la Junta de Calificaciones del CONICET, y con las Listas de los categorizados para los Incentivos producidas por las diferentes Universidades Nacionales. Cabe agregar que la metodología del Toma y Daca o Síndrome de la Calesita, que denuncia el Lic. Carlos Schwartzer en la Lista de Discusión Electrónica Pol-Cien, es la misma que se inauguró en los Premios Bernardo Houssay, que se repartieron en 1987, y que se denunciaron en su oportunidad con nombres y apellidos, y donde uno de sus organizadores integra la actual Junta de Calificaciones del CONICET. En todos estos Listados llaman la atención más de una docena de repeticiones, como ser las de Eduardo Cánepa, Rodolfo Sánchez, Juan José Poderoso, Héctor Targovnik, Mario G. Murer, Osvaldo Uchitel, Mario Albornoz, Víctor Tau Anzoátegui, Carlos M. Previtali, Analía Artabe, María Isabel Colombo, Beatriz Coira y Amelia Rubiolo, quienes aparecen como beneficiarios en repetidas Convocatorias. El de Poderoso parece ser el más llamativo pues también registra un tercer subsidio en el 2005.

Las preguntas que caben formularse son de orden jurídico y moral: ¿los actos académicos administrados por estos Coordinadores cuentan con validez moral y legal? ¿estamos o no frente a un caso criminal, y en tal eventualidad corresponde o no efectuar una denuncia judicial? ¿De tratarse de un delito los actos de los imputados deberían ser reconsiderados y en ese caso deberían o no restituir los dineros recibidos? ¿Qué pasa con los numerosos proyectos que fueron rechazados y cuyos evaluadores fueron designados por los Coordinadores aquí denunciados? y ¿que responsabilidad les cabría en este entuerto a los Presidentes del ANPCYT y del CONICET Lino Barañao y Eduardo Charreau y a sus directos superiores Tulio Del Bono y Daniel Filmus?.

Toda esta investigación lleva al viejo enigma socrático sobre si es acaso posible democratizar una mafia, que impida los abusos de poder y las repeticiones dolosas de las prebendas racionadas, o por el contrario ello es una tarea imposible. Por lo pronto, se debería considerar las ventajas y menores riesgos de error de premiar obras consumadas sobre la de subsidiar obras proyectadas cuyos eventuales beneficiados deben ser previamente categorizados por una burocracia estatal contaminada.

Finalmente, debemos concluir que la lucha contra la corrupción en el campo de la ciencia sólo puede tener éxito desde la instancia política, y que ninguna esperanza puede cifrarse en la judicialización de la misma. Es entonces la política la que --en el marco de los derechos y garantías democráticos- debe producir el saneamiento moral y el cambio estructural.

Fuente Documental

Convocatoria-2000-2004
http://www.agencia.gov.ar/convocatorias/foncyt_convocatorias_anteriores_...

Convocatoria-2005
http://www.agencia.gov.ar/convocatorias/documentosconvocatorias/TIPO_A_Y...

Proyectos No Admitidos en 2004
http://www.agencia.gov.ar/convocatorias/documentosconvocatorias/pict2004...

Proyectos No Admitidos en 2003
http://www.agencia.gov.ar/convocatorias/documentosconvocatorias/pict2003...

[ EDIT (Mic pour le CMAQ)
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* réparé l'erreur dans le lien (double http://http://
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: saguiere@ssdnet.com.ar

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Sujet:	Carta Abierta al Presidente del ANPCYT Dr. José Lino Barañao
Auteur-e:	Eduardo R. Saguier
Date:	Mer, 2006-12-06 12:06

Buenos Aires, 5 de Diciembre de 2006

Carta Abierta al Presidente del ANPCYT Dr. José Lino Barañao

En su réplica a la denuncia sobre la Cadena de la Felicidad recientemente descubierta en el organismo de su dirección, amén del afán por descalificar a su autor con epítetos acerca del supuesto conspiracionismo nacional e internacional que el mismo padecería, el Presidente del ANPCYT confiesa que “…el tema, por su complejidad, amerita una aclaración y una discusión en profundidad.”

Para comenzar, llama poderosamente la atención que en todo el transcurso de su larga gestión administrativa (casi cuatro años) el Dr. Barañao no haya estimado necesario en ese lapso haber discutido con la comunidad académica temas tan delicados y trascendentes. Recién ahora, cuando las castañas queman, cuando la comunidad académica ha sido ninguneada, cuando está harta de tanta injusticia y prepotencia y comienza a despertar del letargo a la que fue sumida, cuando se han quedado sin política y cautivos de los lobbies corporativos y profesionalistas de las diferentes disciplinas científicas y tecnológicas, cuando se ha terminado por privatizar el dominio público mediante anacrónicas divisiones administrativas (FONCYT-FONTAR), y cuando las propias gestiones del Ministerio de Educación, la Secretaría de Ciencia y Técnica y el ANPCYT entraron en crisis y están puestas en tela de juicio, el Dr. Barañao se empeña en demandar desesperadamente la urgencia de un debate.

En principio, el Dr. Barañao presume de emular a las entidades de financiamiento de los países desarrollados (CNRS, National Endowment for the Humanities) y cree que basta con la publicidad de los listados de beneficiarios y la supuesta excelencia académica de los mismos, para garantizar la moralidad de los actos administrativos. Estos actos pueden ser publicitados y hasta cuantitativamente medidos por el INDEC, y sus beneficiarios puede que sean de excelencia, pero igualmente puede ocurrir que los actos administrativos que les dieron origen adolezcan de vicios de procedimiento de tal inusitada gravedad que los vuelvan nulos de nulidad insanable, y lo que es aún peor, que su calidad y creatividad sea soslayada en beneficio de la mera cantidad.

En ese sentido, el Dr. Barañao sostiene que “…nunca se ocultó el financiamiento a los coordinadores”. No obstante, todos los que tratamos desde hace tiempo por conocer dichos Listados, sabemos de la obstinada y sufrida dificultad en obtenerlos. La diagramación de la Página de Inicio de la SECYT es un claro exponente de esas prácticas de ocultamiento destinadas a coartar la libertad de información, las que deberían ser incriminadas penalmente por violación del derecho al acceso a la información pública garantizado por la Constitución Nacional. Por otro lado, si no hubiera sido porque el suscripto desafió al Moderador de la Lista de Discusión Pol-Cien con un escrito titulado “La Banda de Ladrones”; y si no fuera por la obsequiosidad de un beneficiario de dichos subsidios cuya identidad no estoy autorizado a revelar todavía estaríamos como Diógenes con la linterna. Pero lo que no alcanza a cerrar, por mas que el Dr. Barañao se obstine en ocultarlo, es cómo explicar que mientras en el transcurso del quinquenio 2001-2005 se otorgaran a más de un centenar de Coordinadores designados por el Directorio del ANPCYT jugosos subsidios de seis dígitos cada uno --que suman centenares de millones de pesos que están vinculados con la deuda externa y el Banco Mundial-- simultáneamente en igual período fueran rechazados centenares de proyectos con argumentos absurdos, minúsculos y banales (carga horaria insuficiente, carátula fuera de término, falta de firma legal, etc.).

A renglón seguido, el Dr. Barañao establece como único parámetro para la elección de la quincena de Coordinadores de Área temática de que sean “científicos en actividad”, caracterización que revela la catadura burocrática, discriminatoria y agraviante de los funcionarios que idearon esa categoría. Por otro lado, no se le ocurre al Dr. Barañao que existen en la legislación y jurisprudencia nacional y extranjera una muy nutrida Biblioteca que especifica numerosos otros requisitos que se refieren a los impedimentos que generan la ilegal colusión de intereses, los que pueden y deben ser impugnados por vía de la recusación o de la excusación. A continuación, el Dr. Barañao incursiona en un rapto de conmiseración digno de mayor encomio cuando sostiene que “El prohibir la presentación de proyectos a los coordinadores implicaría…una limitación altamente significativa en la idoneidad de los recursos humanos involucrados”. No señor, no se trata de “prohibir” persona alguna. De lo que se trata es de establecer claros criterios públicos acerca de cuáles son las incompatibilidades y cuáles los requisitos imprescindibles para poder ejercer el cargo de Coordinador, más allá de la inobjetable excelencia académica y moral con que deben contar los mismos.

Asimismo, el Dr. Barañao abunda acerca de la excelencia de los criterios adoptados por el Directorio y su Presidencia para la selección de los Coordinadores de Área, rescatando el prurito exigido de que los mismos “no sean objetados por sus pares”. Más aún, el Dr. Barañao se guarda en aclarar que “si bien podría argüirse la existencia de algún favoritismo en dicha asignación no hay evidencias concretas al respecto”. Pero, lo que el Dr. Barañao oculta es que la “objeción de los pares” y las “evidencias concretas de favoritismo” sólo pueden ser ventiladas en una comunidad académica donde no prevalezca el miedo o el temor a las represalias. En su escrito de réplica, el Dr. Barañao oculta también cuales fueron los criterios para que después del 2001 los montos distribuidos subieran de cinco dígitos a cifras de seis dígitos, y tampoco aclara cuáles han sido los criterios para desagregar las Áreas temáticas en múltiples nichos de relevancia disciplinar cada vez más estrecha, hasta caer en sospechosas especializaciones.

Finalmente, el Dr. Barañao muestra por primera vez interés por conocer la opinión personal de un crítico consecuente para saber cómo resolver la presente crisis provocada por los errores y corruptelas de su gobierno, y de su propia gestión como Presidente del ANPCYT. A ello sólo puedo responder que poco importa cual puede ser o no ser mi opinión personal. Lo que si debería contar y preocupar en el imaginario de la clase política que nos gobierna y que exceden por cierto a su persona y a su cargo, es de qué manera construir una comunidad académica democrática; cómo dar lugar a que se expresen y participen los integrantes de una comunidad académica amedrentada; de que forma oxigenar un clima de temor y represalias; cómo hacer para convencerla que denuncie la defraudación sufrida ante la Defensoría del Pueblo de la Nación (defe...@defensoria.org.ar); cómo hacer para modificar la legislación (Decreto 1661/94) que norma la elección de sólo cinco miembros del Directorio del CONICET de modo tal de extender esa elección a la totalidad de los Presidentes del medio centenar de Comisiones Asesoras que lo componen; cómo hacer para extender la participación democrática en las Universidades Nacionales actualmente gobernadas por cenáculos oligárquicos que niegan la modificación de sus estatutos y la elección directa de sus autoridades; e igualmente cómo hacer para extender la participación democrática al seno mismo de la Agencia (ANPCYT) que Vd. y su Directorio presiden en forma autocrática, discrecional y corrupta, de forma tal de poder ofrecer a nuestro pueblo y al Foro Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Empresa y Sociedad (que se ha reunido esta semana por primera vez en Buenos Aires) un mensaje político que no consista en la mera repetición ritual de lugares comunes; y sí, por el contrario, un proyecto que brinde al mundo entero un modelo de comunidad y participación democrática en los ámbitos del conocimiento, la ciencia y la cultura superador al modelo privatista, economicista y criminalmente guerrerista que actualmente nos ofrece la metrópoli imperial Norteamericana.

En suma, creo sinceramente Dr. Barañao que a Vd. sólo le queda un último gesto de dignidad con el cual paliar los abusos y despropósitos cometidos en su área de responsabilidad, que es la de ofrecer su renuncia indeclinable al cargo con el que se le confiara los destinos de la ciencia argentina. Creo asimismo, que sus dolosos errores no son sólo suyos propios, sino que pertenecen también a todo el arco de gestión correspondiente a la jurisdicción ministerial que lo enmarca, es decir que incluyen al Secretario de Ciencia y Técnica Ing. Tulio del Bono y al Ministro de Educación Daniel Filmus, principal responsable de la política de la cual Vd ha sido --y desearía creer-- un mero e inocente instrumento.

Cordialmente,

Eduardo R. Saguier
Investigador Independiente del CONICET

Mensaje del Presidente del ANPCYT Dr. José Lino Barañao

En una serie de contribuciones recientes el Dr. Eduardo Saguier hace un
exhaustivo análisis del financiamiento otorgado por la Agencia a
coordinadores de esta institución y Directores del CONICET, insinuando la
existencia de una falta de ética cuando no lisa y llanamente de un delito.
Más allá de las peculiaridades de estilo en las denuncias del Dr. Saguier
que todos conocemos desde hace décadas, el tema, por su complejidad,
amerita una aclaración y una discusión en profundidad.

Como bien dice el Dr. Saguier, la Agencia fue creada hace 10 años pero no
con la aviesa intención de sustraer fondos al CONICET sino la de instaurar
un sistema de evaluación por pares, similar a la que existe en otras
entidades de financiamiento en países desarrollados, y que tuviese como
potenciales beneficiarios a investigadores de todo el país,
independientemente de su pertenencia institucional. Como valor adicional,
la coexistencia de dos fondos, el FONCYT y el FONTAR permite la
coordinación del financiamiento al sector público y al privado
contribuyendo a una mayor eficiencia en la transferencia del conocimiento
de uno al sector productivo. La creación de la Agencia permitió obtener un
incremento sustancial en el financiamiento de la investigación científica y
tecnológica. Por otra parte el impacto positivo la Agencia a través de sus
dos fondos, tanto en la producción científica y tecnológica como en la
modernización e innovación en las empresas, ha sido demostrado
concluyentemente en evaluaciones y estudios independientes, el último de
los cuales será publicado próximamente en la página WEB.

El elemento fundamental en el éxito de la Agencia como ente de promoción ha
sido y es un riguroso sistema de evaluación y seguimiento de los proyectos.

En el caso concreto del FONCYT, el sistema de evaluación depende de un
grupo de coordinadores y de un banco de evaluadores externos en el que
existe una proporción significativa de investigadores del exterior.
Los coordinadores (y más recientemente los dos co-coordinadores) de cada
área son designados por el Directorio de la Agencia a propuesta del FONCYT.
Un requisito fundamental para los coordinadores es que, no sólo posean un
conocimiento actualizado de su disciplina sino que además no sean objetados
por sus pares. Sobre esta base se estableció como criterio el que los
coordinadores debían ser científicos en actividad.

Ahora bien, esto plantea el siguiente problema: Dado que (lamentablemente)
la Agencia es el único ente de financiamiento sustancial de la
investigación científica, ¿Cómo evitar el potencial conflicto de intereses
de los coordinadores y al mismo tiempo no provocarles un perjuicio derivado
de la suspensión de su financiamiento?. La primera alternativa ensayada
para solucionar este problema fue el otorgamiento de un subsidio automático
a los coordinadores. No obstante, a posteriori, y debido además a la
incorporación de co-coordinadores, se optó por un sistema mediante el cual
los proyectos presentados eran remitidos a otro coordinador de un área
relacionada quien se encargaba de enviarlos a pares para su evaluación. Si
bien podría argüirse la existencia de algún favoritismo en dicha asignación
no hay evidencias concretas al respecto. Básicamente porque las tasas de
financiamiento de los coordinadores no varía significativamente en relación
a su condición de tales. Existen de hecho proyectos de coordinadores que no
han sido financiados. Obviamente esta situación no se ha hecho pública (más
allá de la publicidad efectuada por uno de los coordinadores precisamente
para demostrar la transparencia del proceso), como tampoco se hace pública
la nómina de los proyectos no financiados del resto de los investigadores.
Cabe destacar además que el listado de proyectos financiados siempre se ha
hecho público para cada convocatoria y por lo tanto nunca se ocultó el
financiamiento a los coordinadores.

Respecto de la ética de este proceso, cabe recordar que la ética se refiere
a la toma de decisiones en un contexto determinado. La opción actual es la
que se ha considerado más conveniente para optimizar la función fundamental
de la Agencia que es asignar fondos sobre la base de la calidad y
pertinencia de los proyectos. El prohibir la presentación de proyectos a
los coordinadores implicaría entonces una limitación altamente
significativa en la idoneidad de los recursos humanos involucrados en el
proceso de evaluación con la considerable pérdida de calidad en dicho
proceso. Esto a su vez implicaría una asignación deficiente de recursos
públicos mucho mayores.

En este contexto es que consideramos que la práctica actual es éticamente
aceptable, al menos hasta que se formule una solución más conveniente.
En este sentido no me queda claro cuál es la alternativa que propondría el
Dr. Saguier.

El autor mencionado hace además una enumeración detallada de los subsidios
recibidos por investigadores que se ha desempeñado ya sea como
coordinadores o como autoridades del CONICET, dejando entrever una oscura
trama de tráfico de influencias. Ahora bien, si el Dr. Saguier profundizase
su estudio probablemente comprobaría que muchos de esos investigadores han
recibido subsidios o premios de otras fuentes, no sólo nacionales sino
internacionales. Llegado este punto habría dos hipótesis: Una, que sería
una ampliación de la teoría conspirativa del Dr. Saguier que llevaría a
postular una conspiración internacional destinada a beneficiar siempre al
mismo grupo de elegidos. La otra sería suponer que esos investigadores son
razonablemente buenos y por eso reciben subsidios y detentan cargos de
coordinadores y/o autoridades sin ser objetados por sus pares.
A priori ambas hipótesis son sostenibles. No obstante, una regla básica del
método científico conocida como “La navaja de Occam” nos dice que entre dos
hipótesis debemos quedarnos con la más sencilla o la que implica el menor
número de supuestos. Por este motivo yo he optado por la segunda.

Dr. Lino Barañao
Presidente
ANPCYT

[ ]

Sujet:	Establishment de la UBA
Auteur-e:	Eduardo R. Saguier
Date:	Jeu, 2006-12-07 23:57

A las correlaciones comprobadas entre los beneficiarios de los jugosos subsidios del ANPCYT y los Coordinadores de Áreas de la Agencia y los miembros de las Comisiones Asesoras del CONICET faltaría cruzar dicha información con el medio millar de profesores titulares regulares de la UBA.

Habíamos dicho que la Agencia subsidia a ciertos y determinados Investigadores del CONICET y en reciprocidad el Directorio del CONICET los designa en sus múltiples Comisiones y mediante su propia Junta de Calificaciones los asciende en la carrera científica. También habíamos dicho que este plan mafioso tampoco hubiera sido posible sin la complicidad de numerosas autoridades, entre las cuales se encuentran todo el staff de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación así como todos los funcionarios de las Secretarías de Ciencia y Técnica de las diferentes Universidades Nacionales, las cuales han tenido mediante las categorizaciones de los denominados Incentivos parte intrínseca en el plan mafioso.

Por ese motivo sostengo que este gigantesco plan mafioso no sería tampoco posible sin la complicidad del medio millar de profesores titulares regulares con dedicación exclusiva de la UBA y las autoridades de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación.

Cordialmente

Eduardo R. Saguier

[ ]

Sujet:	Secuelas de la denuncia y parcial contramarcha de la Agencia
Auteur-e:	Eduardo R. Saguier
Date:	Mer, 2006-12-27 06:51

Secuelas de la denuncia y parcial contramarcha de la Agencia

Informamos a los co-listeros que como secuela de las denuncias públicas formuladas en Pol-Cien, las autoridades de la Agencia (ANPCYT) habrían procedido a un tácito reconocimiento de culpa y a una parcial contramarcha en su discrecional repartija de prebendas disfrazadas de subsidios, pero que no alcanza para amortiguar el creciente desprestigio de su Presidente Lino Barañao y de sus superiores el Ministro Filmus y el Secretario Del Bono.

Este persuasivo escarmiento se comprueba cruzando el Listado de la Convocatoria-2005 con la previa lista de postulantes de proyectos en evaluación. Practicando ese cruce se constata la novedad que hoy, después de haberse formulado las denuncias correspondientes, una quincena de Investigadores-Funcionarios –los cuales unos se habrían candidateado a puestos académico-electivos seducidos por el señuelo de un subsidio de la Agencia y otros se habrían dejado embriagar con el abuso de poder-- han sido purgados sin pena ni gloria del registro oficial de beneficiarios. Esta elocuente liquidación de postulantes, a un promedio de $200.000 pesos por cabeza (que son diez veces el subsidio destinado a los Investigadores jóvenes y el equivalente a siete años de salario acumulado como Investigador del CONICET), daría como resultado que se le ha ahorrado al fisco la suma de tres millones de pesos o la friolera de un millón de dólares.

Pese a esta purga, aún restan una multitud de funcionarios en puestos académicos (como el caso del Consejero de Exactas Juan Pablo Paz-UBA-Los Alamos) que a despecho de las denuncias que los incriminaban en forma personal se los ha obcecadamente subsidiado. Los funcionarios purgados del llamado --cuya presencia en la Convocatoria2005 habría violado principios de incompatibilidad insoslayable, constitutivos de una violencia simbólica ilegítima que atenta contra el principio de igualdad y contra las libertades de pensamiento y de cátedra-- serían los siguientes postulantes (acompañados entre paréntesis por su respectiva numeración codificada):

a) la integrante del Directorio del CONICET y Consejera Superior de la UNQ Noemí Girbal de Blacha (32.396) quien ya había recibido en 2002 la suma de $210.000 así como otros subsidios del propio CONICET a las revistas donde publica su clientela académica cautiva;
b) el Secretario de CyT de Exactas de la UNR Roberto Aquilano (32.441);
c) el Decano de Exactas de la UNMdP Gustavo Daleo (34.878);
d) la Secretaria de Investigaciones de la UNMdP Virginia Manzini o Mancini (32.345);
e) la Vice-Decana de Filosofía y Letras de la UBA Graciela Ferraro (38.219);
f) la Vice-Decana de Farmacia de la UNL Yolanda Bolzón de Lombardo (38.157);
g) el integrante de la Comisión Técnica Asesora No5 de la UBA Jorge A. Sarquis (38.291);
h) el Asesor de la SECYT Mario Albornoz (33851), ex secretario de CyT de Shuberoff, que para rechazar su proyecto se alegó una incompatibilidad “por suma de proyectos de un integrante del GR”;
i) los integrantes de la Comisión de Ciencias de la Tierra, el Agua y la Atmósfera del CONICET Ana Lia Artabe (32.323) y Alicia Ronco (38.350);
j) y los Coordinadores de Area del ANPCYT Luis Gugliotta (38.158), Miguel Angel Sosa Escudero (33.383), Marta Mudry (38.001), Alberto Vargas (32.438) y Alcira Batlle (32.642), estos dos últimos reincidentes pues en el 2001 habían recibido la suma de $84.000 y $150.000 respectivamente.

También fue excluido de la Convocatoria-2005 el bioquímico Ricardo Duffard (32.221), marido de la bioquímica Ana María Evangelista de Duffard, quien en el 2004 había sido agraciada con un subsidio de $258.333.

Los co-listeros de Pol-Cien tienen el derecho a conocer con detalle ¿porque razón estos Funcionarios-Investigadores --que se habían postulado en la Convocatoria-2005-- no figuran ahora en la lista de los beneficiados, y si en consecuencia han apelado dicho rechazo? Se los rechazó ¿porqué alguien los evaluó negativamente? ¿porqué tomaron conciencia de la incompatibilidad existente y con ese motivo se vieron compelidos a renunciar al subsidio? o ¿porqué alguien decidió dar marcha atrás debido a la avalancha de denuncias sobre aprobaciones fraudulentas y procedió de oficio?

Fuente Documental

La lista de proyectos PICT 2005 financiados con sus montos respectivos
http://www.agencia.secyt.gov.ar/convocatorias/convocatorias_foncyt_pict2...

Convocatoria-2005-Lista de Postulantes
http://www.agencia.gov.ar/convocatorias/documentosconvocatorias/TIPO_A_Y...

Cordialmente,

Eduardo R. Saguier

[ ]

Sujet:	Respuesta de la Defensoria del Pueblo de la Nacion
Auteur-e:	Eduardo R. Saguier
Date:	Mer, 2007-03-07 20:41

Defensor del Pueblo de la Nacion

Buenos Aires, 2 de marzo de 2007-03-07

Señor Eduardo Saguier
Juan F. Segui 3955

Siguiendo expresas indicaciones del Sr. Defensor del Pueblo de la Nacion, D. Eduardo Mondino, me dirijo a Ud. en la actuación No.7412/06, caratulada: “SAGUIER, Eduardo R., sobre presunto desvío de fondos destinados a la promoción de la investigación científica”, a efectos de informarle que los hechos denunciados, han sido puestos en conocimiento del Síndico General de la Nación, ya que es el mismo a quien compete primeramente la investigación que amerita su denuncia.

Se acompaña copia de la nota recibida de la SIGEN, sugiriéndole que las sucesivas presentaciones vinculadas al tema traído por Ud., sean presentados ante ese organo de control del Estado.

Saludo a Ud. atentamente.

Enrique Daniel García
Jefe Area II Salud, Acción Social, Educación y Cultura
Del Defensor del Pueblo de la Nación

NOTA SIGEN No. 0828/2007—GAJ
Expediente No.24/2007—SG-OMESyA

Buenos Aires, 27 de febrero de 2007-03-07

Señor defensor del pueblo:

Me dirijo a usted en respuesta a sus notas D.P. 000431/II y D.P. 1388/II, de fecha 09 de enero y 06 de febrero, ambas del presente año, respectivamente, libradas en la Actuación No.7412/06 caratulada “SAGUIER, Eduardo R., sobre presunto desvío de fondos destinados a la promoción de la investigación científica”, en los términos del artículo 24 de la Ley No.24.284.

Sobre el particular, se informa que se ha puesto en conocimiento de los hechos denunciados a las áreas con competencia específica de este organismo, a los fines de su consideración en los términos de la Ley No.24.156.

Sin perjuicio de ello, atento al tenor de los hechos denunciados, se ha remitido copia de tales presentaciones a la Oficina Anticorrupción, adjuntando –a todo evento- copia certificada del Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno 2005 –SIGEN- Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Septiembre 2006), del Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno 2005 –SIGEN- Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Agosto 2006), y del Informe Estado de Situación al 31/12/2005 –Universidades Nacionales –SIGEN (Septiembre 2006).

Saludo a usted atentamente.

Dr. Claudio O. Moroni
Síndico General de la Nación.

[ ]

Sujet:	Los Secretarios de CyT de las Universidades Nacionales
Auteur-e:	Eduardo R. Saguier
Date:	Mer, 2009-06-10 22:03

Los Secretarios de CyT de las Universidades Nacionales

Los Secretarios de CyT de las Universidades Nacionales deben custodiar los intereses de la comunidad científica.

La administración de los subsidios para la investigación repartidos por ANPCYT deberían haber tenido prioridad en las Secretarías de CyT de las respectivas Universidades y Facultades pero nos encontramos que dicho contralor ha sido burlado.

Entre las funciones de los Secretarios de CyT de las Facultades y/o Universidades Nacionales, está la de hacer el seguimiento de los Proyectos de Investigación así como administrar las Rendiciones de Cuentas de los Responsables de los Proyectos.

Los funcionarios que deben otorgar subsidios y que se lo otorgan a sí mismos o a terceros por amistad o parentesco incurren en varios delitos:
1) Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública (art.265 del Código Penal)
2) Contribuyen a la formación de una red mafiosa de apoderamiento fraudulento de las estructuras de decisión de las universidades (Rectorados, Decanatos y Secretarías de Investigación), y de las instituciones de dominación académica (CIN, CONEAU, CONICET, ANPCYT),
3) Se convierten en partícipes de una asociación ilícita agravada en razón del cargo detentado.
4) Incurren en lo que se conoce como usufructo patrimonial del cargo; y en última instancia en enriquecimiento ilícito.

Estas conductas delictivas alcanzan a los socios del silencio, que son los que medran compartiendo subsidios y proyectos (conductas tipificadas en los artículos 248, 256, 260, 261 y 210 del Código Penal.

En cuanto al contralor, tenemos que las Universidades practican distintos criterios para ejecutar la función de auditoria, pero que se sepa no han descubierto hasta hoy ningún caso de apoderamiento fraudulento y/o enriquecimiento ilícito.

Algunas Universidades han unificado esta responsabilidad en una Secretaría y otras en tantas Secretarías como Facultades.
• La Universidad Nacional de Tucumán tuvo al frente de su Secretaría de CyT a Daniel Campi, a quien la Agencia financió en el 2002 con un subsidio de $135.938.
• La Universidad Nacional de Córdoba tuvo al frente de su Secretaría de CyT a Héctor Rubinstein, el mismo que fue financiado en el período anterior de 2005 con un subsidio cuyo monto aún sigue indeterminado.
• En la Universidad Nacional de Rosario, el Secretario de CyT de la Facultad de Ciencias Exactas Roberto Aquilano se benefició en 2005 con un subsidio de monto indeterminado. En la misma universidad, el Secretario de CyT de la Facultad de Medicina Oscar Bottasso se benefició en 2004 con un subsidio de $213.125.
• En la Universidad Nacional de Córdoba, el Decano de Ciencias Químicas Gerardo Fidelio recibió en el 2001 la suma de $134.000.
• En la Universidad Nacional del Litoral, la Vice-Decana de la Facultad de Farmacia Yolanda Bolzón de Lombardo se benefició en 2005 con UN subsidio de suma indeterminada.
En la provincia de Buenos Aires, los desaguisados no escasearon.
• En la Universidad Nacional del Sur, el Secretario de CyT Osvaldo Agamennoni recibió en 2003 la suma de $147.727.
• En la Universidad Nacional de Mar del Plata, el Decano de Ciencias Exactas Gustavo Daleo y la Secretaria de Investigaciones Virginia Manzini recibieron en 2005 sendas sumas de monto indeterminado.
• En la Universidad Nacional de San Martín, el Secretario de Investigación Diego Hurtado de Mendoza fue financiado en 2004 con un subsidio de $71.279.

En el caso de la UBA, tenemos que algunos de los integrantes de la media docena de Comisiones Técnicas Asesoras (CTA) --que tienen como función prestar asesoramiento en las tareas de evaluación de las distintas actividades de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UBA-- serían también hipotéticamente parte necesaria de la asociación ilícita. Entre los beneficiarios de los subsidios por cifras aún no divulgadas, repartidos por la Agencia en el 2005, se encuentran los siguientes Investigadores:
• El miembro de la CTA No.1, de las Ciencias de la Salud Humana Rodolfo Rothlin;
• El integrante de la CTA No.3 de Ingeniería, Ciencias Ambientales y Habitat Juan Manuel Borthagaray (quien a su vez suma otro subsidio del 2002 de $210.000)
• Los miembros de la CTA No.4, de Ciencias Básicas y Biológicas Alicia Godeas (PICT-2003 de $208.980) y Juan Pablo Rossi (quien a su vez suma otro subsidio del 2002 de $206.250)
• Los miembros de la CTA No.5, de Ingeniería, Ciencias del Ambiente y Habitat Guillermo Artana y Jorge Alberto Sarquis; y los integrantes de la CTA No.6 de Ciencias Agropecuarias y Salud Animal: Ana Pilosof, Jorge Casal, Alejandro Mentaberry, Angel Chiesa (suma otro subsidio del 2002 de $203.708) y Alicia Fernández Cirelli, ex Presidenta de UBACYT durante el Menemismo.
• Por último, faltaría contrastar las listas de beneficiarios de subsidios con los anteriores integrantes de estas mismas CTAs, que por cierto no están exhibidos en la web, seguramente dados de baja para no dejar rastros de sus reiterados ilícitos.

En cuanto a las Secretarías de Ciencia y Técnica de cada Facultad de la UBA, tenemos
• En la Facultad de Odontología, el Secretario de CyT Enri Santiago Borda -integrante del CTA No.1-- ganó en el 2005 otro PICT de monto desconocido.
• En la de Farmacia y Bioquímica el Secretario de CyT Daniel Turyn ganó en 2004 un subsidio por $212.925.
• En la de Medicina, en la actual Comisión de Investigación el Dr. Daniel Sordelli ganó en el 2002 un subsidio por $210.000.
Asimismo, en la UBA hemos encontrado entre los beneficiados por la Agencia.
• Decano de Filosofía y Letras Héctor Trinchero con $170.000
• Decano de Farmacia Alberto Boveris con $140.000, a la Vice-Decana de Farmacia Graciela Ferraro con una suma indeterminada.
• Vice-Decano de Medicina Ricardo Gelpi con un subsidio en 2002 de $161.812;
• ex Decano de Sociales Fortunato Mallimacci con $362.186 en 2004.
• Entre el staff de la Secretaría de CyT de la Nación nos tropezamos Hugo Levato, el mismo que aseguraba durante el Proceso y desde USA lo bien exonerados que estaban los Investigadores que más luego "desaparecieron". En el 2004 Hugo Levato reicibio de la Agencia un subsidio por la suma de $231.422.
• En el caso de la CONEAU, dos miembros de su Directorio, el sociólogo y ex funcionario de la Universidad Nacional de Quilmes Ernesto Villanueva, y el sociólogo Carlos Pedro Krotsch recibieron de la Agencia en 2002 y 2005 la suma de $155.354 y un monto desconocido respectivamente.

Cabe entonces preguntarse ¿Qué contralor de los subsidios de la Agencia han hecho los Secretarios de CyT correspondientes a las Facultades de las Universidades Nacionales? ¿Qué rendiciones de cuentas han exigido las Secretarías de CyT de cada Facultad, y en especial en la emblemática Facultad de Exactas de la UBA?

Ignoramos la respuesta. Pero lo que sí sabemos a partir de este estudio es que unos cuantos de dichos Secretarios correspondientes a las Universidades de Tucumán, Córdoba, Rosario, Sur, Mar del Plata y UBA (Campi, León, Colantonio, Aquilano, Bottasso, Agamennoni, Manzini) participaron del botín, no en una sino en varias oportunidades, sin haber existido escrúpulos por incompatibilidad alguna. Y la presunción que asalta es que los Secretarios de CyT han buscado y buscan dichos cargos para poder compartir este saqueo, a sabiendas que contaban y cuentan con absoluta impunidad, pues los Consejos Directivos de sus respectivas Facultades nada querrían hacer para controlar sus rendiciones de cuentas.

En conclusión, los cargos de Secretario de CyT han sido así objeto de un ostensible desfalco practicado en banda destinado a alimentar una suerte de Cadena de la Felicidad extendida a escala nacional.

Eduardo R. Saguier
Museo Roca-CONICET

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