LA jugada estaba cantada. Faltaban sólo el día y la hora para hacerla pública. La abyección, en este caso, se fue fraguando a lo largo de veintiún meses de puja negociadora y la noche selló el pacto.

En Colombia —lo han hecho notar muchos—, el pueblo dormía cuando el Gobierno de Alvaro Uribe cedió a las presiones, ¡es tanto lo que le debe a Washington!, que firmó finalmente el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos aun en contra de los intereses nacionales y en franco desacato al tribunal Administrativo de Cundinamarca que judicialmente se lo había prohibido.

El 27 de marzo último, la administración republicana de George W. Bush consiguió lo que se había propuesto: Convertir a Colombia en un obstáculo frente a los planes integracionistas que a toda velocidad se vienen dando en Latinoamérica contrario a los intereses estadounidenses.

Muchas han sido las voces que se han venido levantando en Colombia desde que el presidente Uribe inició, junto a sus pares de Perú y Ecuador, las negociaciones con el vecino del Norte con vistas a la recolonización de esas naciones. Porque de eso y no de otra cosa trata la propuesta norteamericana.

Cierto es que la Casa de Nariño y su principal inquilino intentaron negociar en condiciones menos injustas para la economía y la soberanía nacionales. En vano.

Los políticos colombianos más realistas, lo sabían. Uribe no conseguiría una sola de sus demandas y, por el contrario, ceder y ceder fue lo que primó en el forcejeo que en su recta final lo llevó a un viaje relámpago a Washington con la vana esperanza de que su “amistad