Crecen las alarmas del movimiento social y popular ante el aumento de las agresiones y hostigamientos que desde el gobierno ALVARO URIBE VELEZ se realizan hacia organizaciones sociales y dirigentes de la oposición.

Sin ser aún reglamentado el Estatuto Antiterrorista se realizan operativos injustificados, agresivos e intimidatorios que evidencian una vez más el carácter autoritario del régimen colombiano; situaciones que empiezan a recordar épocas como las del estatuto de seguridad y el estado de sitio en las cuales se violaron las más elementales libertades y derechos ciudadanos.

El actual gobierno utiliza sus falso informantes para querer señalar y judicializar la acción legitima y legal de la oposición. Su estrategia de seguridad acorrala la ya restringida democracia y amenaza con la eliminación de las pocas garantías que aún subsisten.

En dicho sentido denunciamos a la comunidad nacional e internacional los siguientes hechos:

El día 23 de enero del 2004 siendo las 12:40 p.m, mientras se desplazaba en su vehículo perteneciente al Programa de Protección del Ministerio Interior, en la Carrera 27 con Calle 13 en la ciudad de Bogota, fue detenido en extrañas circunstancias y de manera agresiva y desproporcionada el estudiante Universitario GABRIEL BECERRA YAÑEZ, Secretario General de la Juventud Comunista Colombiana, miembro y fundador la Asociación Colombiana De Estudiantes Universitarios ACEU; además miembro de la Mesa ejecutiva del Frente Social y Político.

Dicho Operativo efectuado por miembros del Batallón de Policia Militar No. 15, adscrito a la Décima Tercera Brigada del Ejército, con presencia de funcionarios del CTI, puso en grave riesgo su integridad individual y revela la existencia de un plan intimidatorio, de persecución y hostigamiento por parte de los organismos de inteligencia sobre dirigentes sociales y de oposición.

Es de mencionar que al darse de forma urgente el aviso mediante una llamada por parte del detenido se desarrollo en forma inmediata la alerta por parte del movimiento de derechos humanos sobre los hechos, lo que obligo a los funcionarios pertenecientes a las fuerzas militares a identificarse y dejar en claro sus propósitos que no fueron informados al inició de la supuesta diligencia.

Ya en el Batallón de Policia Militar No. 15, en Usaquen, los funcionarios no realizaron ningún procedimiento distinto a un interrogatorio no oficial, tomaron fotografías y sin mayores explicaciones después de aproximadamente una hora dejaron en libertad al retenido, argumentando que se trataba de una confusión con un guerrillero de las FARC y posteriormente dándole una “Constancia de Buen Trato