La crisis energética de
Argentina y la decisión de este país de restringir la venta
de gas a Chile no solo provoca enfrentamientos diplomáticos
entre los dos países sino que tensiona la situación interna
de Bolivia en donde las organizaciones sociales se oponen a
la venta del gas boliviano a Argentina por considerar que
beneficiará a Chile y a las transnacionales.

Argentina vive una aguda crisis energética, que se expresa
en cortes y racionamiento de energía eléctrica. Unos
atribuyen este problema al aumento de la demanda que
provoca la reactivación económica y a la escasez de
lluvias. Pero el presidente Néstor Kirchner ha culpado a
las empresas petroleras multinacionales que controlan la
producción petrolera, gasífera y la electricidad por la
falta de inversiones que han conducido a la actual crisis
energética. Las transnacionales por su lado han venido
presionando por el aumento de los precios del gas, la
electricidad y los servicios en general. Kirchner se había
negado para no afectar más a los sectores sociales
golpeados por la crisis económica. El Fondo Monetario
Internacional, como siempre, actúa al lado del capital
transnacional poniendo incluso como condición las alzas de
tarifas para la renegociación de US $ 21.500 millones de la
deuda externa en los próximos tres años.

Para paliar la crisis energética, el gobierno de Kirchner
decidió recortar las exportaciones de gas a Chile y Uruguay
e importar gas de Bolivia y Venezuela, y comprar energía
eléctrica a Brasil. A su vez Kirchner cedió a las
presiones de las transnacionales y llegó a un acuerdo el
pasado 2 de abril mediante el cual se compromete a aumentar
progresivamente el precio del gas a cambio de lo cual las
empresas se comprometieron a producir 121 millones de
metros cúbicos diarios. Sin embargo, esto no resolverán
los problemas de largo plazo ya que éstas no van a invertir
capital adicional en exploración.

Chile se verá seriamente afectado por los recortes del gas
argentino, pues aunque se abastece mayoritariamente de
energía hidroeléctrica, desde fines de la década de los 90
cuando la sequía produjo cortes de luz, optó por otras
fuentes de energía como el gas. Es probable que las
empresas transnacionales que controlan la energía suban las
tarifas a los usuarios entre el 2 y el 3 por ciento.

Las restricciones de la venta del gas argentino a Chile ha
provocado un impasse diplomático entre los dos países.
Chile envió el 7 de abril una queja formal a Argentina en
tanto que el presidente Ricardo Lagos dijo que la medida ha
minado la confianza entre los dos países. Según Chile se
ha vulnerado el Protocolo de Integración Gasífera firmado
en 1995, suscrito entre los dos países cuando se inició la
construcción de los gasoductos a través de la Cordillera de
Los Andes. Chile está recibiendo un 14 % menos del envío
diario, lo que equivale a 2,3 millones de metros cúbicos al
día.

Para Argentina, la compra del gas boliviano también se
presenta como problemática. El gobierno boliviano de
Carlos Mesa ha ofrecido vender a Argentina entre dos y 4
millones de metros cúbico de gas e incluso le ha ofertado
electricidad. La firma del acuerdo de la venta del gas
será oficializado durante el encuentro entre Kichner y Mesa
previsto para los días 13 y 14 de abril en la población
fronteriza de La Quiaca. Pero el tema del gas es un asunto
muy sensible en Bolivia. Solo la posibilidad de que Chile
pueda beneficiarse de esta transacción ha causado
preocupación y rechazo. El Ministro de Desarrollo
Económico de Bolivia, Xavier Nogales, advirtió que si una
"molécula de gas es vendida" a Chile, esa sería causa
suficiente como para cerrar la llave y terminar el contrato
con Argentina. Se debe recordar que el intento del ex
presidente Gonzalo Sánchez de Lozada de vender gas para y
por Chile provocó una revuelta popular que culminó con su
caída en octubre del año pasado.

Organizaciones sociales y laborales bolivianas exigieron al
presidente Mesa suspender la firma del convenio de
exportación de gas a Argentina por considerar que
beneficiará a las transnacionales petroleras y a Chile. En
una carta enviada al presidente Mesa demandan la aplicación
de una política soberana en esta materia aprobando una
nueva Ley de Hidrocarburos que permita rescatar el gas de
las manos de las transnacionales. También demandan la
salida del ministro de Hidrocarburos Antonio Araníbar,
quien ha sido involucrado "en el ingreso ilegal de ENRON a
Bolivia y en el gracioso regalo de 130 millones de dólares
a esta empresa" estadounidense. (Ver carta en:
http://alainet.org/active/show_text.php3?key=5934)

La Carta de los movimientos sociales de Bolivia pone el
dedo en la llaga pues los principales involucrados en la
crisis energética son actores transnacionales que buscan
incrementar sus ganancias y no resolver los problemas
energéticos de nuestros países. En Argentina, la española
Repsol YPF controla el 50% de la producción del gas. En
Bolivia, esta misma transnacional posee reservas de 12,9
trillones de pies cúbicos de gas, de los 54,9 trillones de
pies cúbicos existentes en territorio boliviano, lo que
equivale al 24,8% La petrolera francesa Total, Petrobras,
Maxus, Móvil, Arco, BGBC, Chaco y Vintage poseen igualmente
importantes porcentajes de las reservas gasíferas
bolivianas. Petrobras también actúan en Argentina. La
española ENDESA controla en Argentina el 20% de la
capacidad eléctrica instalada y la distribución a 2,1
millones de clientes en Buenos Aires, a través de EDESUR.
Esta misma transnacionales esta presente en Chile a través
de ENDESA Chile.

La Central Obrera de Bolivia (COB) decidió realizar una
marcha nacional el 15 de abril y una huelga indefinida a
partir del 2 de mayo en oposición a la venta de gas natural
a Argentina que reportará, según los sindicalistas, 500
millones de dólares para Repsol/YPF y Petrobrás y menos de
25 millones de dólares al Estado boliviano.